Una periodista fue la primera víctima de la cruenta confrontación anunciada en la región de Pontal de Paranapanema, a 650 kilómetros de Sao Paulo, nuevo epicentro de la batalla por la reforma agraria en Brasil.
Dos tiros disparados desde una propiedad local hirieron a Mónica Teixeira, reportera del Sistema Brasileño de Televisión, segunda red nacional, cuando se acercó, la noche del viernes.
El incidente confirma que los hacendados armaron sus milicias para enfrentar a los campesinos sin tierra que amenazaron intensificar sus acciones de ocupación, reorganizando la Unión Democrática Ruralista (UDR), que se opuso con la misma violencia a la reforma agraria en la década pasada.
El Movimiento de los Sin Tierra (MST) anunció, por boca de su líder local, José Rainha Junior, el fin de una tregua de pocos días y la reanudación de las ocupaciones de predios la próxima semana, pese a los tiros ya disparados también contra sus campamentos desde el jueves.
Para eso sostiene en está en capacidad de movilizar a 3.000 familias de sin tierra en la región.
Para peor, el gobierno rompió el diálogo con el MST, ante la negativa de sus dirigentes a comprometerse a no invadir sedes oficiales, para agitar sus reclamos por asentamientos y recursos para familias ya asentadas.
Edificios del Ministerio de Hacienda y del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) son los blancos preferidos de esas acciones en las ciudades, así como predios improductivos o bajo litigio lo son en el campo.
El ministro de Política Fundiaria destituyó el martes al superintendente del INCRA en Sao Paulo, Miguel Abeche Netto, por haber reanudado negociaciones con los sin tierra, una medida con la cual confirmó su inflexible decisión de no dialogar.
El nuevo superintendente, Jonas Villas Boas, asumió amenazando a los campesinos de quitarles los 50 tractores donados anteriormente por el INCRA a familias asentadas, pero que están siendo utilizados en las tierras ocupadas por el MST.
Pero el funcionario enfrenta una sublevación en su propio órgano. Casi un tercio de sus 107 funcionarios firmaron una carta de renuncia colectiva, en protesta por la destitución de su anterior jefe.
El ministro busca "apagar el incendio con gasolina", acusó el lider de los funcionarios, Joao Teixeira.
Mientras, el Ministerio de Justicia anunció para los próximos días una campaña de desarme del campo, para evitar una confrontación entre hacendados y los sin tierra, ya que el gobierno no tolerará las armas ilegales de la UDR ni del MST.
El presidente de la UDR en Paranapanema, Roosevelt Roque dos Santos, sostuvo que las armas fueron adquiridas legalmente y acusó al gobierno del estado de Sao Paulo de haber provocado los conflictos por adoptar medidas equivocadas.
La situacin de Paranapanema refleja la dramática y contradictoria cuestión de la tierra en Brasil.
Los predios en disputa pertenecen, por fallo judicial de hace casi 40 años, al gobierno del estado, que no logra disponer de ellas, porque hay un proceso legal sobre las indemnizaciones debidas a los hacendados ocupantes.
La reforma agraria cuenta con un respaldo prácticamente unánime en el país. Las fuerzas armadas, que en 1964 dieron un golpe de Estado contra un gobierno que pretendía distribuir tierras, donaron parte de sus tierras para asentamientos de campesinos. La Iglesia Católica asumió la misma postura.
Incluso los hacendados de la UDR ya no cuestionan la reforma agraria públicamente. Sólo exigen indemnizaciones justas por sus propiedades o mejoras que hicieron en tierras públicas.
Roosevelt dos Santos ya reconoció las dificultades de los terratenientes ante la opinión pública.
El gran obstáculo está en la justicia, que permite a los propietarios evitar cualquier expropiación de tierras, y en el parlamento, que bloquea cambios legales que para reducir la gran concentración de la propiedad rural en Brasil, según el experto José Eli da Veiga, de la Universidad de Sao Paulo.
De esa forma, incluso es inalcanzable la meta gubernamental de asentar 280.000 familias en cuatro años, de 1995 a 1998, que es insignificante y no caracteriza una reforma agraria, anadió da Veiga.
El potencial de violencia en Pontal de Paranapanema es mucho menor que el del norte de Brasil, donde ocurrieron dos grandes masacres desde el año pasado, en que la policía fusiló a 27 campesinos sin tierra. (FIN/IPS/mo/ag/ip/96
