Argentina pagará una indemnización a una víctima de abusos durante la dictadura militar (1976-1983), pues el juicio que el gobierno de ese país le había iniciado en una corte de Estados Unidos se volvió en su contra.
El acuerdo al que llegaron el día 4 el gobierno de Carlos Menem y el empresario José Siderman en una corte federal de Los Angeles sienta un importante precedente, pues implica que las víctimas de violación de derechos humanos podrán ser vindicados si sus propios países los querellan en Estados Unidos.
La demanda por fraude iniciada por la dictadura argentina contra Siderman, quien había sido arrestado ilegalmente y torturado en un cuartel policial durante la "guerra sucia" contra supuestos subversivos, concluyó con el pago de una indemnización de seis millones de dólares al empresario.
La querella presentada por el gobierno de Argentina supuso que ese país renunciaba a la inmunidad de que goza en los tribunales de Estados Unidos, lo cual permitió a Siderman enjuiciar, a su vez, a quienes ordenaron o permitieron su detención ilegal y su tortura.
Esta fue la primera vez que, en Estados Unidos, un gobierno extranjero es acusado con éxito por delitos relacionados con los derechos humanos cometidos en su propio territorio.
"Rompimos lo que era una barrera impenetrable: la inmunidad de los gobiernos extranjeros por cuestiones de soberanía", dijo Paul Hoffman, uno de los cuatro abogados de la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) que defendió a Siderman.
Antes, las víctimas de abusos fuera de Estados Unidos podían querellar únicamente a individuos, y no a gobiernos, de acuerdo con una ley de 1789 denominada de Reclamos por Torturas en el Extranjero.
Esta norma fue aplicada con éxito en los últimos años contra importantes autoridades militares de Guatemala, Indonesia, Ruanda y Haití, si bien los condenados evitaron luego de las sentencias en su contra viajar a Estados Unidos para omitir el pago de las indemnizaciones fijadas.
Las víctimas preferirían demandar a los gobiernos y no a los individuos que perpetraron los abusos, pero hasta el caso de Siderman solo podían hacerlo si el delito había sido cometido en territorio de Estados Unidos.
En ese sentido, el episodio más destacado de aplicación de la ley fue la exitosa querella contra Chile iniciada por la familia de Orlando Letelier, canciller del depuesto gobierno de Salvador Allende, asesinado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet que pusieron una bomba en su automóvil en 1976.
Los jueces estadounidenses dictaminaron que los autores del crimen actuaban bajo órdenes del gobierno de Pinochet, lo cual permitió a los familiares de Letelier la gestión de una indemnización.
En el caso de Siderman, una corte federal de apelaciones estableció que, cuando demandó al empresario a través del sistema judicial de Estados Unidos, el régimen militar de Argentina provocó el levantamiento de su inmunidad que, por razón de soberanía, corresponde al gobierno de un país.
Siderman, un empresario retirado de 85 años que huyó de Argentina tras una semana de detención y torturas en 1976, recibió unos seis millones de dólares del gobierno de Menem.
Esa cantidad es apenas una fracción de la fortuna que la dictadura confiscó a su familia después de su escape a Estados Unidos. Hoffman dijo a IPS que "Siderman y toda su familia están muy contentos por el acuerdo".
"Ellos creen sinceramente que se hizo justicia, aunque no existe dinero que pueda reemplazar lo que perdieron", agregó Hoffman.
Siderman poseía una empresa de bienes raíces y un imperio de construcción con un capital de más de 25 millones de dólares. En 1974, la guerrilla izquierdista de Argentina lo secuestró y lo liberó luego tras el cobro de un rescate.
Los soldados lo secuestraron en su apartamento en San Miguel de Tucumán en marzo de 1976. Durante una semana entera fue torturado por orden del general Antonio Domingo Bussi, entonces interventor de Tucumán, hoy gobernador democráticamente electo de esa provincia septentrional argentina.
El empresario fue quemado con cigarrillos, sometido a choques eléctricos y golpeado. Como resultado, le rompieron tres costillas y le reventaron un testículo.
Siderman cree que los militares apuntaron contra él por su condición de judío. La dictadura argentina se caracterizó por su antisemitismo, e incluso utilizó símbolos nazis en sus cárceles y centros de tortura.
Las víctimas que sobrevivieron a la "guerra sucia" afirman que los detenidos judíos eran tratados con mayor brutalidad que quienes no lo eran.
Tras su liberación, los soldados advirtieron a Siderman que correría riesgo de morir asesinado si no abandonaba Argentina. El empresario se radicó en Los Angeles, California, donde su hija estudiaba entonces.
Días después, el régimen militar lo acusó de fraude y libró una orden internacional de captura. Al mismo tiempo, un juez dispuso en Argentina la quiebra de sus empresas.
De vacaciones en Italia en 1981, Siderman fue detenido a causa de la orden de captura y permaneció nueve meses preso y siete en arresto domiciliario. Una corte italiana rechazó entonces el pedido de extradición de Buenos Aires.
Mientras tanto, el régimen militar, que estaba a punto de caer, querelló por fraude al empresario en una corte federal de Estados Unidos, por lo cual Siderman inició su propia demanda.
"Argentina cometió el error garrafal de iniciar juicio contra Siderman en Estados Unidos", dijo Juan Méndez, consejero general de la no gubernamental Human Rights Watch, él mismo víctima de torturas durante la dictadura militar en el país sudamericano.
Al acudir a las cortes estadounidenses para acusar a Siderman, el régimen efectivamente "suspendió" su inmunidad y permitió que el empresario, a su vez, los acusase, según el fallo de un juzgado de apelaciones de 1992.
"El gobierno de Argentina no pudo invocar la inmunidad por soberanía pues había acudido a las cortes para acusar y acosar a Siderman", dijo Jenny Green, abogada del Centro por los Derechos Constitucionales, con sede en Nueva York.
Luego, el gobierno de Menem "hizo todo lo que estuvo a su alcance para trabar el caso y evitar ir a juicio", dijo Hoffman, quien recordó que no fue hasta el 31 de agosto, apenas dos días antes de la fecha fijada para la audiencia, que Argentina envió a representantes para negociar un acuerdo.
Méndez se manifestó satisfecho por el acuerdo alcanzado, pero destacó que resulta paradójico que un gobierno democráticamente electo deba pagar por actos de un régimen militar. (FIN/IPS/tra- en/jl/yjc/mj/ip hd/96
