El gobierno argentino, erosionado por la pérdida de popularidad, consiguió hoy recuperar la iniciativa con la sanción en la Cámara de Diputados de un ajuste fiscal, el aval del Banco Mundial a nuevas leyes laborales y el anuncio de una segunda reforma del Estado.
Sin embargo, los analistas políticos dudan de que la recuperación de la iniciativa, que estuvo en los últimos días del lado de la oposición, tenga su correlato en un aumento de la popularidad del gobierno, situada según una encuesta de la empresa Gallup en apenas en 18 por ciento.
"La aprobación de las leyes fiscales hace sentirse más fuerte a (el presidente Carlos) Menem", explicó el analista Atilio Cadorín, del diario La Nación.
Sin embargo, "por el momento es difícil determinar si con ello recupera el consenso social o la popularidad de los buenos tiempos", añadió.
Los principales partidos de oposición, la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario, que hace una semana promovieron, con alta adhesión, un apagón eléctrico fueron derrotados en el Parlamento no sólo por la esperada aprobación de las medidas sino por la imprevista decisión del oficialismo de impedir el debate.
Menem expresó satisfacción con la aprobación legislativa del controvertido paquete de medidas fiscales, que prevé un aumento de hasta 46 por ciento en el impuesto a los combustibles, crea otro sobre los autos a gas oil y aumenta un tercero a las ganancias.
Las medidas apuntan a equilibrar las cuentas fiscales, cuyo déficit llegará a fin de año a 6.000 millones de dólares. Su aprobación permitirá al gobierno cumplir los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional en una carta de intención elevada esta semana.
La media sanción del paquete -aún necesita la aprobación del Senado, aunque se descuenta que la tendrá- se había frustrado hace una semana por falta de quórum y fue conseguida por el bloque en pleno de los legisladores del gobernante Partido Justicialista y grupos derechistas aliados.
La oposición, que esperó para ingresar a la sesión a que el oficialismo reuniera el número suficiente para la aprobación, no pudo participar del debate porque los legisladores de la mayoría cerraron la lista de oradores una vez obtenido el quórum.
El paquete había generado resistencias cuando fue anunciado por el ministro de Economía Roque Fernández hace un mes.
Luego fueron eliminándose capítulos polémicos, como el de aplicar el impuesto al valor agregado a actividades exentas como el transporte público, la educación y la salud privadas, y el conjunto de medidas consiguió el aval de la mayor parte de los legisladores.
Junto con la media sanción del paquete fiscal, que en lugar de los 3.800 millones esperados por Fernández permitirá obtener en un año un ingreso extra de 3.000 millones, el gobierno anunció la segunda reforma del Estado, que busca eliminar 5.500 puestos en la administración pública.
Asimismo, Menem señaló que si el Congreso resiste la aprobación de las leyes que flexibilizan las normas de contratación laboral y suprimen la tradicional indemnización por despido las dictará a través de decretos.
De esa manera, el gobierno estima que creará las condiciones para bajar la tasa de desempleo, actualmente de 17,1 por ciento.
Los sindicalistas de la Confederación General del Trabajo rechazan estas medidas que, a su juicio, precarizarán el empleo existente y no ayudarán a crear nuevas fuentes de trabajo, y ratificaron la realización de una huelga general de 36 horas los días 26 y 27.
En cambio el paquete tuvo un explícito aval del Banco Mundial a través de un informe difundido este miércoles en el que afirma que la desocupación bajaría de 17 a ocho por ciento si se rebajan los costos laborales y se aplica un nuevo régimen indemnizatorio como el que analiza el gobierno de Menem. (FIN/IPS/mv/dg/ip-if/96
