La explotación científica de las 9.000 plantas superiores conocidas existentes en los bosques tropicales de Panamá podría convertirse en la principal fuente de ingresos para el país, según expertos locales.
De acuerdo con datos oficiales, alrededor de 40 por ciento de la superficie de Panamá (de 75.517 kilómetros cuadrados) está ocupada por bosques tropicales y sabanas que albergan 9.000 de las 250.000 especies de plantas superiores conocidas en el mundo.
El director ejecutivo de la no gubernamental Fundación Natura Rodrigo Tarté indicó que sólo en usos medicinales el potencial de los bosques locales podría representar ingresos por 10.800 millones de dólares.
Otros expertos, como el sociólogo y catedrático universitario Raúl Leis, aducen que el potencial puede ser mayor si el bosque tropical se explota bajo un concepto de "interacción entre el crecimiento económico, la equidad social y un medio ambiente sano".
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelaron recientemente que 25 por ciento de las medicinas despachadas en farmacias de Estados Unidos, el mayor mercado de consumo del mundo, contienen principios activos basados en las plantas.
Tarté dijo que si se investigan las 9.000 plantas superiores conocidas en Panamá se descubrirían 27 nuevos medicamentos, que significarían "para la sociedad en su conjunto unos 400 millones de dólares" cada uno.
El experto se basó en recientes estimaciones científicas según las cuales una prueba química en un millón resulta en el descubrimiento de un nuevo medicamento, y en que a cada especie de planta y sus diferentes órganos se le pueden realizar hasta 3.000 pruebas.
Basándose en ese criterio, subrayó que en los bosques panameños se podrían realizar 27 millones de pruebas, "lo que equivaldría a decir que se tendrían 27 nuevos medicamentos potenciales" que aportar al mercado mundial de fármacos por un valor equivalente a 10.800 millones de dólares.
A juicio de Tarté, ese potencial no es exclusivo de Panamá, ya que en los bosques tropicales del planeta se encuentra 68 por ciento de todas las plantas y animales, así como 70 por ciento de los insectos conocidos.
Sin embargo, advirtió que para conservar esa biodiversidad es necesario establecer un sistema de áreas protegidas y de parques naturales, y buscar la armonia entre los objetivos económicos, sociales y ecológicos para que el desarrollo sea sostenible.
Puso como ejemplo el caso de la proliferación de zonas de exploración y explotación de minerales en Panamá, que en su gran mayoría se encuentran ubicados dentro de los bosques naturales.
Además de los imprescindibles estudios de impacto ambiental que exige el código minero para otorgar una concesión, Tarté recomendó que se incluya "una evaluación económica del recurso (natural) afectado y los posibles daños ocasionados una vez que sea intervenido".
Según el experto, "esto permite hacer una comparación entre el valor del recurso (natural) sin la explotación minera y el valor que tendría luego de su explotación, porque podría ser que el recurso tenga un mayor valor económico sin la mina que con la mina".
Otro aspecto se refiere a la tala indisciminada de bosques con fines comerciales o uso agrícola, que cada año resta más de 90.000 hectáreas a la cubierta boscosa del país.
Leis indicó por su parte que la biodiversidad, asociada a una relación de equilibrio y correspondencia entre todos los elementos de la naturaleza, "es un factor rentable y una inversión válida para un país como Panamá".
"Algunos piensan que este es un concepto vago inventado por los ecologistas con el avieso fin de abortar el crecimiento económico", pero lo planteado por Tarté "puede constituirse en la gran inversión de futuro" para este país, señaló.
Dijo que para ello es necesario un modelo de desarrollo que resuelva el problema del avance de la frontera agrícola hacia los bosques naturales, producto de la pobreza rural y del bajo aporte que ofrece el sector agropecuario a la economía y a la generación de empleos.
De acuerdo con datos oficiales panameños, el sector agropecuario sólo aporta 10 por ciento del producto y apenas genera empleo para un 20 por ciento de la población economicamente activa radicada en las zonas rurales.
"En cambio -subrayó Leis- 46 por ciento de la población del país (de 2,5 millones de habitantes) vive en áreas rurales y concentra los más altos índices de pobreza".
La única forma de revertir ese proceso es con una propuesta integral que incluya la protección de la biodiversidad "y que incorpore participativamente a los pequeños productores, indígenas y campesinos al proceso de desarrollo", destacó. (FIN/IPS/sh/dg/en/96)
