Autoridades de Venezuela y sus seis socios japoneses en el negocio del aluminio lograron un acuerdo para desbloquear la privatización de esa industria, prevista para el primer trimestre de 1997.
El acuerdo consiste en que los japoneses "disminuyen su derecho de veto" sobre la venta de la principal planta reductora, a cambio de una compensación todavía por pactar, según informó el ministro de Inversiones, Alberto Poletto, responsable del proceso privatizador.
La compensación sería en efectivo y posiblemente entre 50 y 80 millones de dólares, aunque también Venezuela podría asumir la defensa de compromisos de suministro de material, por los futuros dueños, a la industria transformadora japonesa.
El pacto para levantar el veto japonés despeja el camino para organizar la licitación o subasta de la industria venezolana de aluminio, y para la que se inscribieron 13 grandes compañías internacionales.
Venezuela tiene dos plantas reductoras de aluminio primario, que poducen 625.000 toneladas anuales, una procesadora de alúmina, una explotación de bauxita y una fábrica de catalizadores (ánodos de carbón).
El complejo se ubica junto a plantas de acero -que también se privatizarán-, de energía hidroeléctrica y un puerto fluvial en el sudeste, reúne activos valorados en 2.000 millones de dólares y arrastra deudas estimadas en 1.200 millones de dólares.
La mayor planta, Venalum, con capacidad instalada de 430.000 toneladas anuales, tiene como socios con 19 por ciento de acciones a un consorcio de seis compañías japonesas: la líder Showa Denko y Kobe Steel, Mitsubishi Materials, Misubishi Aluminium, Sumitomo Chemical y Marubeni.
La sociedad entre la estatal Corporación Venezolana de Guayana y los japoneses previó el compromiso de Venalum a suministrar a industrias japonesas un volumen de aluminio primario correspondiente con su participación, es decir, unas 70.000 toneladas anuales.
También se previó, al establecerse Venalum hace 20 años, que los japoneses tendrían derecho de veto o de escogencia sobre nuevos socios, si la Corporación de Guayana se desprendiese de sus activos.
Desde 1994, cuando se planteó la privatización del aluminio, el veto japonés emergió como obstáculo, con compomisos que harían de camisa de fuerza sobre los compradores, además ahuyentados por la capacidad japonesa para decidir quién puede comprar.
Las primeras búsquedas de un acuerdo sólo dejaron posiciones endurecidas, y al iniciarse 1996 Venezuela presionó suspendiendo embarques de aluminio hacia Japón. A mediados de año hizo un "gesto de buena voluntad", despachando 14.000 toneladas.
Las negociaciones cobraron urgencia luego que Venezuela decidió vender en bloque todo su complejo industrial de aluminio, obstaculizado por el veto japonés sobre un segmento. Tras un primer diálogo en Tokio, el humo blanco surgió tras discusiones esta semana en Nueva York. (FIN/IPS/hm/ag/if/96
