Los inversionistas extranjeros mejoran sus expectativas respecto a Venezuela, tras el plan de ajustes emprendido por el gobierno de Rafael Caldera, según una encuesta del privado Consejo de Promoción de Inversiones divulgada hoy.
Pero el éxito del plan depende de que se privaticen industrias de acero, aluminio, electricidad y telefonía, dijeron directivos de 50 empresas encuestados durante un foro hace dos semanas en Caracas, así como de que se controle la inflación y se reforme el Poder Judicial.
Además, los inversionistas mostraron interés prioritario por radicar capitales en el sector primario y desarrollos asociados (petróleo, gas, petroquímica, minería), así como en el mercado de capitales, el sector financiero, las telecomunicaciones y el turismo.
Esos sectores implican inversiones en las llamadas "áreas de campamentos", de menor articulación al resto de la economía que la manufactura, agricultura y agoindustria, por ejemplo, así como de menor incidencia en el empleo y la demanda agregada interna.
Luis Soto, director ejecutivo del Consejo, dijo que a pesar de esa señal de la encuesta también se registran inversiones recientes en agroindustria, comercio, agricultura y cemento.
Mencionó los casos de la cervecera Brahma de Brasil, la cadena de tiendas Cadenalco de Colombia, la firma de alimentos suiza Nestlé, la colombiana Noel, e inversiones en cemento de Lafarge Coppée (Framcia), Cemex (México) y Holderbank (Holanda).
"Ocurre que Venezuela tiene un gran potencial en recursos naturales", dijo al explicar la atracción de inversiones hacia la explotación de esa ventaja, y opinó que "la otra opción sería dejar esos recursos en el subsuelo y que se pierdan inexplotados cuando se desarrollen tecnologías y productos alternos".
Venezuela tiene acumuladas en 15 años inversiones directas por 7.000 millones de dólares (se exceptúa el petróleo), y el Consejo estima que llegarán 3.000 millones más en tres años.
De los encuestados en el foro de julio, 76 por ciento dijo tener expectativas "muy positivas o positivas" respecto del plan de ajustes y reanimación económica, que Caldera lanzó en abril con el nombre de "Agenda Venezuela".
La Agenda contiene 10 objetivos de política económica, sirvió de base para un entendimiento del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se tradujo en el cese de un período de 21 meses de controles sobre la economía.
La aplicación se inició en abril con liberación de precios, del tipo de cambio, de las tasas de interés, alzas en todas las tarifas, devaluación lineal de 70 por ciento, alza de impuestos y quintuplicación de los precios del combustibles.
Seguirá una privatización de activos, desde industrias pesadas con 30 años en manos del Estado hasta bancos que debió intervenir durante la crisis financiera de 1994. Luego, se instrumentarían reformas en la administración pública y en el régimen de indemnizaciones laborales.
El objetivo inmediato es enjugar el déficit fiscal para abatir la inflación, pues la de Venezuela cuadruplia cualquier otra en América Latina: anualizada de 112 por ciento, 70 por ciento en lo que va de 1996 tras índices de 57 en 1995 y de 70 en 1994.
Luego se busca recuperar el crecimiento de la economía no petrolera, recesiva desde hace tres años, con la meta de crecer cuatro por ciento en 1997, según los responsables de la Agenda.
De los inversionistas encuestados, 76 por ciento dijo que la privatización será el mejor indicador para medir el éxito de la Agenda, 64 por ciento requirió "un efectivo control de la inflación" y 56 por ciento consideró necesaria la reforma del sistema judicial.
Según Soto, los inversionistas quieren claridad no sólo en las normas que rigen la actividad económica y comercial, sino en su aplicación, y sobre todo insisten en la celeridad, pues insisten en que la lentitud en los juicios encarece sus costos.
Señaló el ejecutivo que en general los inversionistas consideran que la primera fase de la Agenda -el ajuste estructural, segundo de Venezuela en siete años- marchó en la dirección correcta, y ahora concentran su interés en la segunda fase, de cambios estructurales.
De las iniciativas concretas de la Agenda, la más importante según los encuestados es la apertura petrolera, al progresar el acceso de capitales privados a la producción y manufactura de hidrocarburos, un sector antes monopolio del Estado.
Le siguen en orden de importancia las privatizaciones de los sectores de aluminio, acero, la banca y el sector eléctrico.
En "percepción del clima político", el sistema judicial resultó la principal preocupación, con 2,7 puntos de promedio en una escala de uno a cuatro, seguido de la burocracia/corrupción con 2,6 y la inestabilidad política con 2,5.
En la percepción de la fuerza laboral y una escala de uno a cinco, la productividad del trabajo fue la principal preocupación con 3,6 puntos, las indemnizaciones laborales siguen con 3,3 y el costo (inicial) de la fuerza de trabajo preocupa menos, con 2,1.
Respecto de la calidad de vida en Venezuela, y una escala de uno a cuatro, los inversionistas presentaron como mayor problema el sistema educativo, con 3,1 puntos; el de salud como segundo, con 2,5; la distribución del ingreso como tercero, con 2,3; y la seguridad social como cuarto, con 2,1 puntos. (FIN/IPS/hm/dg/if/96
