Una especie de cortocircuito, atribuido al Estado, hace que Venezuela tenga a mano pero no utilice recursos para enfrentar sus problemas sociales, afirmó el director en Caracas del Banco Mundial, Bruce Carlson.
"De todos los países que utilizan créditos del Banco, el que tiene peores y más pobres resultados en todo el mundo es Venezuela", dijo Carlson en un foro con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dedicadas a la promoción social.
De unos 1.000 millones de dólares en créditos aprobados por el Banco Mundial desde 1989, Venezuela sólo usa 15 por ciento, y cada trimestre regresan a las arcas del instituto decenas de millones de dólares no empleados por Caracas.
Más aún, la deuda externa crece por ese solo concepto, pues el país es gravado con intereses de 0,25 por ciento anual por préstamos no utilizados, y en 1996 deberá pagar 2,12 millones de dólares como "castigo" por no usar el dinero del Banco.
De un programa multimillonario para desarrollo social apenas se ha ejecutado 25 por ciento y el resto de recursos se asignará a otras prioridades establecidas por el gobierno, dijo Carlson.
El plan de transformación del sector agrícola ya perdió 140 millones de dólares por no utilización, y pueden cancelarse 70 millones más, según el funcionario, en tanto de programas de transporte carretero se han dejado de utilizar 150 millones.
Entretanto, la mayoría de los alimentos sube de precio cada mes en Venezuela, el sector ganadero vive en permanente confrontación con la agroindustria y el transporte terrestre de pasajeros ofrece escasas alternativas al aéreo, que ha duplicado sus precios en lo que va de año.
De un programa de mejoramiento de la educación básica apenas se ejecutó 40 por ciento, y se han resentido proyectos dirigidos a fortalecer la institucionalidad del Estado, mejorar barriadas marginales y combatir enfermedades endémicas, aunque este último "está mejor llevado", según Carlson.
Según un estudio del Banco, el sistema educativo venezolano registra "ineficiencia notoria", tras compobar que de cada 100 alumnos que entran a la educación básica apenas 43 la completan, 16 culminan la secundaria y sólo uno llega a la universidad.
Carlson dijo que la capacidad de ejecución de los organismos públicos en Venezuela "es tan pobre que un proyecto típic con un plazo de cinco años puede demorar 25 en este país".
El lapso promedio entre la aprobación de un proyecto en el directorio del Banco Mundial y su firma por las autoridades nacionales es de tres meses, pero en Venezuela es de ocho.
Un severo problema es el de recursos de las contrapartes nacionales, entes públicos que deben aportar generalmente un monto equivalente al liberado por el Banco (cláusula pari passu) y en el caso de Venezuela son objeto de cancelaciones.
Con frecuencia, el gobierno no entrega al organismo público los recursos en efectivo, sino en bonos, y entonces el ente debe esperar a su colocación en el mercado para disponer de fondos.
La lentitud en la aprobación y el retraso en la ejecución son una constante en Venezuela, aunque fueron mayores durante los años de crisis política, 1992-1994, con dos cruentas asonadas, destitución de un presidente y un marco de inestablidad dentro del cual fue elegido el actual mandatario, Rafael Caldera.
Mientras los recursos son prácticamente abandonados, en Venezuela crecen los problemas a los que deberían aplicarse, y que se engloban en estadísticas, de encuestadoras privadas no desmentidas oficialmente, según las cuales 84 por ciento de la población vive en la pobreza.
De ellas, 44 por ciento, 1,9 millones de familias con 9,4 millones de personas, vive en la pobreza crítica, es decir con ingresos insuficientes para comprar la cesta alimentaria básica.
En ese marco, Venezuela suma a sus problemas de alimentación y educación los de salud, con hospitales que cierran sus puertas, en Caracas a veces en cadena, y brotes de endemias incluso erradicadas décadas atrás, como la malaria.
También crece la inseguridad, con 5.000 homicidios anuales en este país de 22 millones de habitantes, y se la atribuye en parte a una administración de justicia ineficiente y a un sistema penitenciario donde se violan todos los derechos humanos.
Ante la pesadez del Estado, el ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, ordenó un inventario de todos los trámites que deben cumplirse para cualquier gestión en Venezuela, y el cual deberá completarse en octubre.
Petkoff dijo que una orden del gobierno central para llevar recursos a una actividad de cualquiera de los 22 estados del país "debe cruzar, porque las contamos, 35 alcabalas burocráticas".
En paralelo, el ministro propuso reducir en medio millón, durante los próximos cinco años, la plantilla de empleados al servicio del Estado, estimada en 1,3 millones de individuos, "lo que es exagerado para un país de las dimensiones" de Venezuela.
Petkoff deploró que los gastos en la burocracia dejan cada vez menos dinero para la inversión, pero, como mostró Carlson, el Estado dispone de otros recursos que desaprovecha constantemente.
El vicepresidente de la conferencia episcopal, el arzobispo Baltazar Porras, dijo que en lo que atañe al sector social en Venezuela "sólo 35 por ciento llega a los destinatarios y 65 por ciento se va en burocracia", segmento éste que debería consumir 15 y como máximo 25 por ciento del gasto.
En opinión del uruguayo Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, "en América Latina no se gasta poco en el sector social, se gasta mal". (FIN/IPS/hm/dg/dv-if/96
