La posibilidad de enjuiciar al presidente Rafael Caldera provocó el estallido de una polémica en Venezuela, que padece los efectos de una crisis financiera sofocada en 1994 por el gobierno a un costo de 8.000 millones de dólares.
Venezuela es, con Brasil, uno de los dos países de América Latina donde un proceso judicial provocó la caída de un gobernante en el pasado reciente, pues Carlos Andrés Pérez (1989-1993) fue apartado de la presidencia para ser juzgado.
La Contraloría General de la República ya estableció que en el auxilio a uno de los bancos cometieron irregularidades un ex ministro de Caldera y seis funcionarios de entes supervisores del sector financiero, multando a cada uno con 540 dólares.
El ex ministro, Julio Sosa, que fue jefe del gabinete económico, y los demás ex integrantes de la junta que administró la emergencia financiera, apelaron el fallo o consiguieron amparo judicial.
Más aún, el día 13 la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Contraloría suspender la investigación contra directivos y ex directivos del Banco Central, acogiendo la tesis de que el órgano contralor aplicaba leyes con carácter retroactivo.
El contralor, Eduardo Roche, políticamente independiente aunque supuesto simpatizante de la oposición socialcristiana, acató la orden de la Corte, aunque advirtió que "todo ejercicio de un cargo entraña una responsabilidad".
Fuentes de la Contraloría indicaron que las investigaciones no son personalizadas y "no buscamos un camino hacia Miraflores", nombre del palacio presidencial. Pero Roche recordó a periodistas que "incluso el Jefe de Estado debe cumplir las leyes".
Entonces llegó el turno de los políticos, y el partido izquierdista Causa Radical, con la tercera bancada en el parlamento, sostuvo que la junta de emergencia financiera y el presidente son responsables de entregar a la banca 8.000 millones de dólares sin suficientes garantías.
"Al ex presidente Pérez se le enjuició por 250 millones de bolívares (17 millones de dólares de la época), una bagatela si la comparamos con los 1,8 billones (8.000 millones de dólares) que se entregaron en auxilios financieros sin garantías suficientes", dijo José Lira, senador de Causa Radical.
Tres años después de apartado de la presidencia, Pérez fue condenado a dos años y cuatro meses de arresto domiciliario por desvío irregular de fondos entre ministerios a su cargo, en 1989, y saldrá en libertad el 18 de septiembre.
Desde su residencia, en las afueras de Caracas, Pérez dijo que "es imposible que la decisión de otorgar auxilio a la banca durante la crisis del sector en 1994 se tomara sin una directa participación del presidente de la República".
Pérez advirtió que "no ando en busca de desquite" -Caldera, su rival histórico, respaldó públicamente su condena- pues "entiendo la gravedad de anticipar opiniones en torno a un eventual enjuiciamiento del presidente".
Pero además de estar convencido de la responsabilidad del presidente en el manejo de la crisis financiera, Pérez argumentó que durante la misma, desde el sector público "se actuó contra los intereses de la Nación".
"No sólo por la cuantía de los auxilios, sino que cómo se manejó ese dinero. Ha quedado claro que 80 por ciento de los recursos no resolvió el problema de los ahorristas, sino de las empresas relacionadas", de los banqueros, dijo Pérez.
El diputado radical David Paravisini apeló al mismo argumento al reprochar a Caldera que "los banqueros desviaron en sus narices 80 por ciento de los auxilios financieros", durante una visita al contralor para expresarle respaldo.
Francisco Sosa, diputado del partido calderista Convergencia, dijo que "la contraloría se está causa-radicalizando", al criticar al organismo y al partido rival. Pero los dirigentes de las demás fuerzas políticas reaccionaron con cautela y con lenguaje institucionalista.
Mientras, lejana aún la posibilidad de un juicio a Caldera, Jesús Petit, Procurador General -abogado de la República y asesor del gobierno-, quebró lanzas en defensa del gobernante.
"Si por casualidad o alguna maniobra, el presidente Caldera fuese acusado de algo, yo me despojaría de mi condición de procurador para, en función de abogado, defenderlo en cualquier lugar y circunstancia", declaró Petit.
Anadió que "si lo que se pretende es enjuiciar al presidente se hace mal, porque difícilmente este país puede tener un presidente más honesto que Caldera".
Caldera promovió en la Cumbre de América de 1994 en Miami (Estados Unidos) una convención interamericana contra la corrupción, adoptada hace seis meses en Caracas por una conferencia de la Organización de Estados Americanos.
La lucha anticorrupción fue una de las banderas que tremoló Caldera durante su campaña electoral de 1993, junto con el enfrentamiento al Fondo Monetario Internacional, pese a lo cual pactó con el organismo un draconiano plan económico este año.
Uno de los financistas de su campaña, el senador Bernardo Celis (Convergencia), está bajo investigación judicial por presuntas irregularidades en la gestión en 1994 de auxilios financieros para el banco Andino, del que era propietario.
Otro gerente de la campaña de Caldera, su ex ministro de Transporte, Ciro Záa, encara señalamientos de corruptela por su sucesor, el general retirado y ex ministro de Defensa Moisés Orozco, quien libra una cruzada para evitar la descertificación de la aviación venezolana por parte de Estados Unidos. (FIN/IPS/hm/ff/la/ip/96
