Venezuela inició una carrera contra reloj, con 4,5 millones de dólares en gastos inmediatos, para mejorar su seguridad aérea y sostener el acceso de sus aerolíneas a Estados Unidos, confirmó hoy el ministro de Transporte, Moisés Orozco.
Una drástica corrección recayó sobre la aerolínea local Zuliana, que cuenta con dos aviones. "Como no cumple con lo exigido, ordené la suspensión de sus vuelos a Estados Unidos", dijo Orozco en conferencia de prensa.
El resto de aerolíneas, dos venezolanas y dos estadounidenses, que afrontaron la semana pasada retenciones de sus aparatos en Miami, Estados Unidos, y en Caracas, retomaron con normalidad el tráfico bilateral, de un millón de pasajeros al año.
La agencia federal de aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) se aprestaba a descertificar a Venezuela desde el 16 de agosto, pero tras una visita de Orozco a Washington el sábado concedió una prórroga de 30 días.
El presidente Rafael Caldera pidió a su par estadounidense Bill Clinton que interviniese en favor de Venezuela, aludiendo a los perjuicios que una descertificación causaría en la economía del país sudamericano, que desde abril entró en una nueva fase de apertura a capitales privados extranjeros.
La descertificación consistía en pasar a Venezuela de la categoría de seguridad aérea número dos, en que estaba desde octubre de 1995 y es de observación, a la número tres, que ya prohibe el acceso a aeropuertos estadounidenses de aviones con bandera del país descertificado.
Durante la prórroga, Venezuela contratará por 1,7 millones de dólares la asesoría de la compañía de seguridad aérea Pneuf Associated, de ex empleados de la FAA, e iniciará la preparación de un cuerpo de inspectores que garantice la seguridad de los aparatos que despeguen hacia Estados Unidos.
Orozco aspira que al final de la prórroga Venezuela, en vez de descertificada, sea devuelta a la categoría uno, de países cuyas aeronaves ingresan sin reparos a Estados Unidos.
Mientras permenece en la categoría dos, las aerolíneas del país bajo observación de la FAA no pueden agregar aviones a los que ya utilizan para ir a Estados Unidos, ni se les concede permiso para explotar nuevos destinos en ese país.
En la región se encuentran en la categoría tres Belice, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, y en la dos Aruba, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Perú, Trinidad-Tobago y Venezuela.
Fuentes de la FAA dijeron al diario estadounidense The Wall Street Journal que en forma paralela al proceso de Venezuela se negocia con responsables de los otros países andinos -Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú- por sus "prácticas laxas de seguridad aérea".
En Venezuela, la carrera de 30 días, que necesita autorización parlamentaria para gastar nuevos recursos, será seguida por una fase de ajustes legales, desde convertir normas internacionales en manuales de operación para aerolíneas hasta la sanción de una nueva ley aeronáutica.
La ley vigente se elaboró hace cuatro décadas y las autoridades estadounidenses resienten que contenga disposiciones como multas de 200 bolívares, más de 60 dólares cuando fue aprobada pero que hoy equivalen a 40 centavos de dólar.
La tercera etapa puede ser la más difícil, pues se trata de reemplazar radares, radioayudas y otros sistemas, e implantar equipos bomberiles eficientes, con erogaciones que según Mario Caires, presidente de la asociación venezolana de pilotos, alcanzan a 200 millones de dólares.
Orozco dijo que propuso en Washington a Federico Peña, secretario estadounidense de Transporte, entablar negociaciones de gobierno a gobierno para adquirir los radares.
"Usaríamos los mismos que la FAA, lo que daría más seguridad a esa agencia, conseguiríamos mejores precios al ahorrarnos pagos a empresas intermediarias y acabaríamos con los intereses personales que, cada vez que hay una licitación, dicen que el proceso está viciado", explicó Orozco.
Desde 1989 Venezuela decidió renovar sus equipos de radares, pero tanto los procesos de compra directa como de licitaciones se han acompañado de denuncias de malos manejos.
Estos abarcaron incluso al ministro Ciro Zaa (1994-1996), predecesor de Orozco y bajo cuya gestión Venezuela fue "bajada" a la categoría dos y recibió varias e incumplidas prórrogas.
Los parlamentarios opositores Arístides Hospedales, socialdemócrata, y Edgar Flórez, socialcristiano, destacaron que desde hace dos años se aprobaron fondos para nuevos equipos de radioayudas y endosaron la aprobación de nuevos recursos a informes sobre el destino del dinero ya otorgado.
La escaramuza áerea entre Estados Unidos y Venezuela, con varios miles de pasajeros afectados la semana pasada, también tiene un trasfondo de competencia comercial entre aerolíneas.
Las compañías venezolanas venden sus boletos a Estados Unidos a precios entre 40 y 70 por ciento más bajos que sus rivales estadounidenses, por sus menores costos asociados a la depreciada moneda local, los cuales subirán por nuevos gastos en seguridad.
Zuliana, por ejemplo, deberá alquilar a razón de 23.000 dólares por vuelo un aparato para satisfacer compromisos con sus pasajeros, y en gastos de seguridad erogará esta semana 800.000 dólares, informó su presidente, Julio Alvarez.
Para adquirir turbinas y asientos con los cuales "recertificar" sus paratos, Zuliana tendrá que erogar 2,8 milones de dólares, que deberá cargar sobre el pasaje.
Avensa-Servivensa tiene nueve de sus 17 aviones sin certificación y Viasa cinco de sus 16 aparatos. Las rivales estadounidenses son United Airlines y American Airlines. (FIN/IPS/hm/ag/if/96
