Los rebeldes de Sudán que residen en esta capital consideran que el embargo aéreo impuesto por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al país africano no es suficientemente duro.
"Sanciones económicas, un embargo comercial y de créditos financieros internacionales para acelerar el retiro del gobierno en Jartum" serían medidas más adecuadas, según Peter Sule, dirigente del Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA), que opera en el sur del país.
"Las sanciones deberían incluir un embargo a la comunicación aérea, terrestre, marítima y por vías fluviales, con el fin de obligar a los fundamentalistas islámicos a respaldar, patrocinar y refugiar a terroristas", declaró Sule a IPS.
El embargo aéreo fue dispuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU para presionar a Jartum a extraditar a Etiopía a tres ciudadanos de Egipto requeridos por intento de asesinato contra su presidente Hosni Mubarak, en junio del año pasado, en Addis Ababa.
Mubarak escapó ileso del ataque, pero varios de sus guardaespaldas murieron cuando los asesinos abrieron fuego de metralla contra la limusina en la que viajaba desde el aeropuerto a la capital de Etiopía, donde concurría a una cumbre de jefes de estado de Africa.
Sudán ha sido reiteradamente acusado de brindar refugio a militantes islámicos de otras naciones. Osama el-Baz, asesor de Mubarak, dijo a la revista semanal 'Rose al-Youssef que allí vivían 15.000 militantes de esa corriente político-religiosa.
El-Baz agregó que las reiteradas dilatorias de Jartum en presentar un plan de acción para el combate contra este fenómeno significa que el deseo de generar problemas en los países vecinos es mayor que su deseo de cooperar.
El hombre fuerte del gobierno de Sudán, Omar Hassan al Bashir, aseguró haber pedido a los militantes fundamentalistas que abandonaran el país inmediatamente.
Pero "los únicos lugares a donde esos mujaidines pueden ir son Afganistán y Chechenia", pues "no serán aceptados en sus países o en el mundo árabe", dijo un periodista egipcio en la capital de Kenia.
La mayoría de los militantes fueron supuestamente entrenados en Afganistán durante la guerra contra el ex presidente Najibullah, respaldado por la antigua Unión Soviética.
Tras la caída de ese gobierno, los mujaidines se dirigieron a Sudán, donde la junta islámica a cargo del poder desde junio de 1989 los recibió con los brazos abiertos.
Mubarak se mostró disgustado y acusó a Sudán de brindar refugio a militantes que pretenden convertir a Egipto en un estado islámico. Entre los grupos supuestamente cobijados por Jartum se cuentan la Jamaa Islamiya, que asumió la responsabilidad el atentado contra el presidente egipcio.
Esta organización se declaró en armas contra el gobierno en El Cairo y sus acciones provocaron 1.029 muertes desde 1992.
Egipto ha sido un aliado tradicional de Sudán desde la independencia en 1956, pero perdió influencia después de que la junta conducida por Al-Bashir se hizo cargo del gobierno.
"Por primera vez, El Cairo se ve incapaz de ejercer influencia sobre un gobierno en Jartum", explicó a IPS Ali Dualleh, un ex diplomático somalí.
El gobierno de Al-Bashir nacionalizó todos los bienes de egipcios en Sudán, incluso la sede de la Universidad de El Cairo en Jartum.
Como modo de presión, Egipto permitió que opere en su territorio la Alianza Democrática Nacional (NDA), una coalición de partidos políticos de oposición de Sudán que tiene la intención de provocar la caída del régimen de Al-Bashir.
El ala militar de la NDA opera desde Eritrea, cuyo gobierno también se ha quejado por el respaldo de Sudán a fundamentalistas islámicos opositores.
La sanción dispuesta por el Consejo de Seguridad supone un paso más allá de la establecida el 10 de mayo, después de que Jartum se rehusó a entregar los sospechosos al gobierno de Etiopía.
En esa ocasión, el Consejo reclamó a todos los países de la ONU que obligaran a Jartum a "reducir significativamente" las delegaciones diplomáticas sudanesas.
Egipto propuso las sanciones más recientes, que entrarán en vigor en noviembre. Entonces, los estados miembros de la ONU negarán a los aviones de la compañía Sudan Airways el derecho de aterrizaje.
Esta empresa conecta la capital con unas 20 ciudades del país y con y opera especialmente en Eritrea, Etiopía, Kenia, Uganda, Egipto, Djibouti y el mundo árabe, así como el resto de Africa, el mundo árabe y, además, Europa.
China y Rusia se abstuvieron de votar y dejaron en evidencia sus diferencias con el resto del Consejo de Seguridad, cuerpo del que ambos países son miembros permanentes con derecho a veto.
El ministro de Relaciones Exteriores de Sudán, Ali Osman Mohamed Taha, criticó en Jartum la decisión del organismo.
"No es lógico que se reclame a Sudán que haga lo que está más allá de sus posibilidades. Sudán hizo todos los esfuerzos posibles para encontrar y arrestar a los sospechosos, y ha cooperado con la ONU en la solución del problema", dijo Mohamed Taha a la estatal Radio Omdurman este lunes.
El funcionario advirtió que Egipto se rehusó a resolver la cuestión en forma bilateral, y pronosticó que las sanciones no solo perjudicarán a Sudán sino a todo Medio Oriente. (FIN/IPS/tra- en/mn/kb/mj/ip/96
