Una de cada 10 personas condenadas en Perú bajo la legislación antiterrorista es probablemente inocente, advirtió hoy la organización Human Rights Watch/Americas, de Estados Unidos.
El "arbitrario encarcelamiento" de civiles inocentes se ha convertido en "la más apremiante violación de derechos humanos" en Perú, afirmó el grupo humanitario, en un informe titulado "Presunción de culpabilidad".
La organización exigió la designación de jueces independientes para revisar unas 5.000 sentencias de cárcel dictadas por los tribunales especiales "sin rostro" por delitos de traición a la patria y terrorismo.
El salto al primer plano en materia de violación de derechos humanos de los casos de prisión indebida significa "de algún modo" un dato "positivo", pues sigue a la disminución en los últimos tres años de la cantidad de asesinatos y secuestros perpetrados por las fuerzas de seguridad peruanas, agregó.
Human Rights Watch/Americas atribuyó los progresos logrados a la presión internacional, y puntualizó que "el homicidio arbitrario a cargo de las autoridades ha sido reemplazado por la arbitraria privación de la libertad" a numerosas personas.
También acusó a la policía peruana de practicar "regularmente" la tortura en los interrogatorios. La tortura está facilitada por el prolongado periodo de detención de sospechosos que admite la legislación antiterrorista, se observó en el informe.
El documento otorga especial atención a los tribunales "sin rostro" que el presidente Alberto Fujimori promovió para procesos por terrorismo después de disolver el parlamento y poner el Poder Judicial bajo control del Ejecutivo, dos medidas tomadas en 1992.
Los jueces sin rostro "niegan sistemáticamente a los acusados derechos procesales básicos", aseguró Human Rights Watch.
Así mismo, la definición de terrorismo utilizada por los tribunales peruanos es "vaga", la policía cuenta con poderes "excesivos" para actuar en esos casos, la participación de abogados defensores está restringida, y la experiencia de muchos jueces sin rostro en la evaluación de la prueba en causas criminales es insuficiente, según la organización.
"Estamos profundamente preocupados ante la persistencia de los tribunales antiterroristas en Perú", declaró Colletta Youngers, que investigó la situación peruana para The Washington Office on Latin America (WOLA), otro grupo humanitario.
Esos tribunales "continúan en funciones, violando garantías procesales básicas, pese a que el gobierno se comprometió reiteradamente" a devolver a la justicia penal ordinaria las causas por terrorismo.
Human Rights Watch acometió también contra el grupo insurgente peruano Sendero Luminoso, al que responsabilizó de 222 asesinatos políticos en 1995, una cantidad muy superior a la adjudicada al ejército y la policía.
Sendero Luminoso, al que se cree debilitado por la captura en 1992 de su líder histórico, Abimael Guzmán, y de numerosos dirigentes, lanzó dos golpes la semana última contra las fuerzas de seguridad.
Los insurgentes atacaron con bombas una dependencia de la policía encargada de la protección del Congreso y la residencia del jefe militar de la región amazónica del alto Huallaga. También asesinaron a Epifanio Santamaría Rodríguez, un destacado dirigente comunitario.
Frente a esa serie de atentados, el gobierno considera la prolongación del estado de emergencia en Lima y varias provincias, de acuerdo con la información difundida.
Anne Manuel, directora asociada de Human Rights Watch/Americas, indicó que la súbita reanudación de la actividad insurgente "demuestra que 'el puño de hierro' que Fujimori maneja contra Sendero Luminoso no sólo vulnera derechos humanos, sino que no es efectivo a largo plazo".
"La sistemática violación del debido proceso por los tribunales 'sin rostro', el recurso a la tortura y otras violaciones de derechos humanos, alimentan el descontento que mantiene vivos a los movimientos guerrilleros", afirmó Manuel.
Human Rights Watch/Americas calcula que podrían ser inocentes más de 10 por ciento de las personas condenadas a prisión por delitos de terrorismo. Según Youngers, de WOLA, unos 10.000 sospechosos han desfilado por los tribunales antiterroristas peruanos.
El informe analiza 16 casos en que los tribunales especiales habrían condenado a inocentes, incluso con aplicación de penas a prisión perpetua.
Las condenas fueron dictadas sobre la base de confesiones extraídas mediante tortura o se trató de falsas incriminaciones lanzadas por detenidos a quienes también se había sometido a apremio físico o que buscaban la reducción de su propia sentencia.
Por último, otros condenados "simplemente se hallaban en un lugar equivocado, en mal momento, y no pudieron librarse por sí solos" de sospecha, de acuerdo con el informe.
El Comité Coordinador de Derechos Humanos de Perú otorga asistencia legal a más de 700 reclusos que considera injustamente condenados, observó Youngers.
Incluso Fujimori admitió en mayo que personas inocentes fueron afectadas por la lucha contrainsurgente. Pero esa declaración parece dirigida al exterior, y no fue seguida de medidas de reparación, puntualizó Human Rights Watch/Americas.
En efecto, pese a la promesa del gobierno de devolver los casos de terrorismo a la jurisdicción penal ordinaria, los tribunales "sin rostro" siguen en funciones.
La organización humanitaria advirtió que "la cantidad de inocentes" encarcelados, "que ya es escandalosamente elevada, continuará en aumento, si no se toman medidas de inmediato" para evitarlo. (FIN/IPS/tra-en/jl/yjc/ff/hd/96
