Después de reconocer públicamente la existencia de inocentes entre los 4.000 presos acusados de terrorismo, el presidente de Perú, Alberto Fujimori, encuentra dificultades para resolver el problema de modo aceptable para todos los sectores políticos, y para los propios presos.
"Para Fujimori el tema de los presos injustamente acusados de terrorismo es como querer atrapar a un puercoespín, por donde lo agarre se pinchará", comenta el abogado Javier Valle, ex dirigente del opositor partido Aprista.
Destaca Valle que la cuestión de los inocentes en prisión tiene aristas financieras, diplomáticas, políticas, jurídicas, de seguridad y, obviamente, de derechos humanos.
Human Rights/Watch/Americas, organización de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, solicitó al gobierno de ese país que vete en el Fondo Monetario Internacional (FMI) los créditos a Perú hasta que su gobierno modifique la legislación antiterrorista.
En un informe divulgado este martes, el grupo humanitario denunció que uno de cada diez procesados por delitos de terrorismo en Perú es probablemente inocente, denunció la actuación de los "jueces sin rostro" que se encargan de los juicios por terrorismo, y exigió la revisión de las condenas.
La cuestión de los excesos militares y policiales en el curso de la guerra contrainsurgente, la legislación extraordinaria anti terrorista y la existencia de presos injustamente acusados de subversión, fueron mencionados varias veces en mayo último, cuando Fujimori visitó Estados Unidos en busca de inversiones.
Se ignora si el tema fue tocado en su encuentro con Bill Clinton, pero poco después, el 28 de julio, Fujimori prometió nombrar una comisión presidida por una personalidad independiente, para evaluar la situación de los mil presos que se declaran inocentes, para indultarlos según su dictamen.
La organización guerrillera Sendero Luminoso, que desató en la década pasada en este país una sangrienta guerra civil, comenzó a ecplisarse en 1992 tras la captura de su líder histórico, Abimael Guzmán, y el desmantelamiento paulatino de la mayor parte de sus estructuras organizativas.
Sin embargo, a pesar de un llamado a suspender la lucha armada lanzado desde la cárcel por Guzmán, un grupo de senderistas continúa desarrollando acciones militares, que se han incrementado en las últimas semanas.
Ernesto de la Jara, director del Instituto de Defensa Legal (ILD), señala que, según las indagaciones efectuadas por dicha organización no gubernamental, entre 700 y mil presos acusados de terrorismo son inocentes.
Una comisión reconocida por el gobierno, en la que intervino el ILD y otras ONG, proporciona otra cifra en su informe "Los inocentes tienen nombre", editado en mayo pasado, en el que figuran los nombres e historias de 300 presos injustamente condenados por terrorismo.
"No será fácil determinar quiénes no son culpables, porque quienes se declaran inocentes fueron señalados como cómplices por otros inculpados que reconocieron su culpabilidad", señala por su parte Martha Chávez, ex presidenta del Congreso y ahora integrante de la Comisión de Justicia.
Añade la parlamentaria oficialista que "los senderistas llaman Regla de Oro a no reconocer nunca su culpabilidad, y que hasta uno de sus jefes, Osman Morote, se declaró inocente en 1991, al mismo tiempo que amenazaba a sus jueces con someterlos a tribunales populares cuando triunfe la revolución".
Pero el indulto propuesto por Fujimori no es aceptado por todos los sectores políticos, y un número no determinado de los presuntos beneficiados rehúsan ser indultados y piden que se les declare inocentes, "porque el indulto es un perdón y sólo se puede perdonar a los culpables".
Fujimori replica que no puede ofrecer más que el indulto, "pues la declaración de inocencia o culpabilidad corresponde a los jueces, y la autonomía del Poder judicial debe ser respetada".
Tampoco parecen estar conformes con el indulto los mandos de las fuerzas armadas, según se desprende de las declaraciones del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, general Guido Guevara, quien afirma que entre los 1.229 sentenciados por tribunales castrenses no hay ningún inocente.
Los otros 2.800 presos por el presunto delito de terorismo fueron juzgados por tribunales civiles ordinarios.
La mayoría de los acusados de terrorismo fueron juzgados por los llamados "jueces sin rostro", que actúan enmascarados para evitar represalias de las organizaciones insurgentes.
El procedimiento de encubrir la identidad de los jueces es señalado por las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de los derechos humanos como el principal vicio que adultera las posibilidades de una defensa debida.
En consecuencia, además de batallar por la libertad de los injustamente acusados de terroristas, las ONG nacionales y extranjeras demandan una reforma de los procedimientos judiciales especiales creados por la legislación contrainsurgente.
Jorge Santistevan, Defensor del Pueblo, entidad jurídica creada recientemente para actuar contra los abusos de las autoridades, anunció este martes que propondrá modificaciones al sistema de jueces sin rostro, pero anticipó que las reformas serán cautelosas "porque el tema es delicado".
"Hay que tener cuidado al liberar a los inocentes presos, pues pueden filtrarse gatos por liebres, en momentos en que el terrorismo parece querer rebrotar", expresa por su parte el parlamentario oficialista Daniel Espichan, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
"La guerra se ha ganado y la pacificación es un hecho, pero el terrorismo no ha sido totalmente eliminado", añadió Espichan, quien antes de ser parlamentario fue Procurador de la República para casos de terrorismo.
"Creo que la solución aceptable es el indulto ofrecido por Fujimori, pues la revisión en tribunales de cada uno de los casos propuestos por la Comisión demandaría meses, sino años, y lo más urgente es restituir la libertad a los injustamente encarcelados", considera el opositor penalista Valle.
El ILD efectuó una encuesta entre las mujeres condenadas por el delito de terrorismo, y los resultados concuerdan con la apreciación de Valle.
Antonia Alfaro, condenada a cadena perpetua dice: "nosotras sabemos que somos inocentes, pero también queremos estar al lado de nuestros hijos. Al final de cuentas, es igual si me declaran inocente o me indultan porque ya estoy fichada…Quiero salir".
"Yo estoy presa porque acusaron a mi esposo, pero yo soy inocente. Qusiera salir con revisión porque no he hecho nada, pero aceptaría el indulto", dice Marcelina Fernández, condenada a 30 años.
"Quiero conversar con mi esposo, a ver qué dice, si piensa que no voy a tener algún problema después por aceptar el indulto, porque es como reconocerse culpable. No quiero que digan después que yo pedí perdón", expresa por su parte Miriam Galvez, sentenciada a 20 años de prision. (FIN/IPS/al/jc/hd/96
