El clima electoral de Estados Unidos amenaza la norma constitucional que en 1868 reconoció la ciudadanía a los antiguos esclavos negros. Ese mismo derecho podría ser negado ahora a hijos de inmigrantes ilegales que proceden de América Latina y otras regiones.
La cuarta enmienda, impulsada entonces por el Partido Republicano bajo la influencia del presidente Abraham Lincoln, asesinado apenas tres años antes, podría ser reformada a instancias de los republicanos de este fin de siglo.
La Convención del Partido Republicano se celebrará la semana próxima en San Diego, California, para designar al ex senador Robert Dole, de 73 años, como su candidato a la Presidencia.
El ala conservadora del partido ya logró que se incluyera en la plataforma electoral una propuesta de reforma a la cuarta enmienda, elaborada expresamente para reconocer a los estadounidenses de origen africano iguales derechos que los gozados por la población blanca.
Si tienen éxito en esa iniciativa, la concesión automática de la ciudadanía estadounidense dejará de ser un derecho de todas las personas nacidas dentro del territorio del país.
"Esta triste propuesta significa una involución hacia el día en que ciertas personas ni siquiera eran considerados seres humanos", se lamentó Dan Kesselbrener, encargado del proyecto de inmigración de la Asociación Nacional de Abogados.
El primer párrafo de la enmienda establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a la misma jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el cual residen".
Pero un grupo de trabajo del Congreso liderado por el diputado republicano Elton Gallengly, de California, recomendó el año pasado el reemplazo de esa disposición.
En su lugar, propuso que la ciudadanía solo podrá ser solicitada por personas nacidas en Estados Unidos cuyas madres sean "ciudadanas o residentes permanentes" del país.
La plataforma republicana, que se revelará la semana próxima, coincide con esa recomendación. "Respaldamos una enmienda o legislación constitucional que declare que los niños nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros que no sean residentes permanentes no serán ciudadanos automáticamente", dice.
Gallegly argumentó que la inmigración ilegal cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares al año. "Las madres de dos terceras partes de todos los niños nacidos en el hospital del condado de Los Angeles son inmigrantes ilegales", sostuvo el legislador.
La mayoría de los inmigrantes en California son de origen latinoamericano, especialmente de México, país con el que ese estado tiene una amplia frontera. Según distintas estimaciones, 85 por ciento de la población californiana será negra, hispana o asiática dentro de dos decenios.
La proporción de la población originaria de América Latina respecto del total de la de Estados Unidos prácticamente se duplicó entre 1970 y 1990, y se radicó en particular en Florida, California, Illinois, Nueva York y Texas.
"La garantía de ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes ilegales por derecho de nacimiento y los generosos beneficios que se les confiere tanto a ellos como a sus familias amenazan con llevar a la bancarrota a muchos estados y gobiernos locales", agregó Gallegly.
El diputado republicano argumentó que muchos países, entre ellos Alemania, Australia, Canadá, Francia, Gran Bretaña y Japón, no suministran ciudadanía automática a los niños nacidos en sus territorios de madres que han inmigrado en forma ilegal.
Por su parte, Kesselbrener anotó que la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido defendida explícitamente por la legislación estadounidense. Al aprobar la cuarta enmienda, los constituyentes resolvieron que todos los nacidos en Estados Unidos son ciudadanos, sin importar quiénes son sus padres.
Si se borra de la legislación una definición de ciudadanía que cuenta con 128 años de antigüedad, Estados Unidos retornaría a una era en la que existían dos castas separadas, una a cuyos integrantes se les reconocía plenos derechos como "personas" y el resto de los habitantes, a quienes que no se los atribuían.
Kesselbrenner agregó que, antes de la aprobación de la cuarta enmienda, los negros estaban definidos legalmente por la constitución como apenas tres quintas partes de una persona.
Recién después de la guerra de secesión, librada por los estados del Norte contra los esclavistas del Sur durante la presidencia de Lincoln, el Partido Republicano garantizó a todos los nacidos dentro de Estados Unidos la consideración de ciudadanos y derechos iguales ante la ley.
Cualquier intento de modificar este precedente histórico sería para el Partido Republicano un retroceso que correría en su contra, opinó Kesselbrenner. "Creo que han ido demasiado lejos. Esto demostrará cuán decadente es su posición", afirmó el abogado.
Pero las restricciones a los derechos de los inmigrantes demostraron ser redituables electoralmente en los últimos años.
El ejemplo más destacado fue el amplio respaldo público que recibió en California la Proposición 187 en 1994, que pretendía impedir el acceso a los servicios de educación, salud y asistencia de las familias de los inmigrantes ilegales.
La propuesta fue aprobada por cerca de 60 por ciento del electorado californiano, pero su aplicación fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia, pues los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en territorio de Estados Unidos gozan ante la ley de iguales derechos que el resto de los ciudadanos.
A pesar de esta sentencia, varias restricciones a los beneficios de los inmigrantes y sus familias fueron aprobadas o propuestas en los últimos meses en el Congreso.
El presidente Bill Clinton, que procura la reelección en noviembre, anunció que respaldará una ley que niega a los inmigrantes legales una amplia gama de programas de asistencia.
Al mismo tiempo, el Senado considera un proyecto ya aprobado por la Cámara de Representantes, que convertiría el inglés en el idioma oficial de Estados Unidos, lo cual perjudicaría a las familias de origen latinoamericano y asiático que utilizan los lenguajes de los países de los que proceden.
Pero la revisión de la cuarta enmienda impulsada por Gallegly enfrenta dificultades. El legislador presentó su iniciativa en cinco oportunidades en los últimos dos años, pero no recibió el aval de sus pares.
Cualquier modificación de normas de naturaleza constitucional requiere el voto favorable de dos terceras partes de los integrantes de las dos cámaras del Congreso y la ratificación de, al menos, 38 de los 50 estados que conforman la federación.
Paradójicamente, esta iniciativa fue introducida simultáneamente a otra también referida a la cuarta enmienda.
Los grupos antiabortistas ganaron esta semana una nueva batalla, pues comprometieron a los republicanos en el respaldo a una enmienda constitucional "sobre la vida humana" que incluya la protección de los fetos.
"Respaldaremos una legislación que deje claro que las protecciones establecidas en la cuarta enmienda son aplicables a los niños que aún no nacieron", establece la plataforma del Partido Republicano.
Un eventual gobierno encabezado por Dole podría verse en la incómoda situación de reconocer igualdad de derechos a personas ya nacidas y a fetos, excepto aquéllos cuyos padres sean inmigrantes ilegales o residentes temporarios. (FIN/IPS/tra-en/fah/yjc/ip hd pr/96
