Las estadísticas oficiales reconocen que son 340.000 las familias que demandan una vivienda en la República Checa, un problema que ya existía en 1989 cuando se produjo la "revolución de terciopelo" y concluyó el régimen comunista, pero que subsiste aún en la economía de libre mercado.
Muchas parejas jóvenes deben vivir en casas paternas, aunque reúnan un buen ingreso mensual, debido al alto costo de los alquileres en Praga y a una similar dificultad para acceder a la compra de un apartamento de nueva construcción.
Empeñado en comprimir el gasto público y privatizar la economía, el gobierno democrático abandonó el viejo sistema de las listas de viviendas, que se basaba en atender las diversas situaciones de acuerdo con determinadas prioridades.
De acuerdo con aquel sistema se ofrecían los alojamientos estatales disponibles a los más necesitados y a quienes llevaban más tiempo esperando.
Aquellas listas ya no existen más, lo mismo que los programas de construcción de viviendas por parte del Estado. La solución del problema está en manos del mercado libre. Pero el sector privado jamás podría reunir las inversiones necesarias para construir 40.000 o 50.000 nuevos apartamentos cada año.
Bajo la fuerte demanda, el mercado ha hecho que los precios suban, tanto para el alquiler como para la compra, de forma que las oportunidades sólo están al alcance de quienes ganan por encima del salario medio nacional.
Las compras a plazos son posibles desde abril de 1995, cuando se legalizaron las hipotecas, pero las condiciones son demasiado pesadas para la mayor parte de los compradores.
Con un mínimo de 11.500 dólares de pago inicial, la mayoría de los interesados se quedan fuera. No llegan a 2.500 las personas que han podido acceder a una hipoteca en 16 meses de funcionamiento del sistema.
"Hemos aconsejado al gobierno del primer ministro Vaclav Klaus que termine con este sistema de "tarjetas de admisión", dijo Milan Veverka, presidente de la Asociación Checa de Empresas Constructoras.
"Ello supondría que la gente joven tendría la posibilidad de conseguir de los bancos hasta 90 por ciento del precio de un apartamento".
Todo esto, sin embargo, sólo puede servir al afortunado cuarto de la población (10,3 millones en total) que gana más del salario medio nacional. Para el resto sólo queda el mercado de alquileres o el encogido sector estatal, que es dirigido por administradores municipales, tal vez con la misma rapacidad de un particular.
No se han suprimido solamente los recursos que el gobierno destinaba a la construcción de viviendas estatales, sino también los fondos para reparar o renovar las existentes.
En vista de la libertad de que disponen para vender las 900.000 viviendas estatales que los ayuntamientos tienen en su activo, los concejos municipales están sacando buenas ganancias de la venta de los mejores apartamentos, mientras presionan a los ocupantes para que compren los restantes, si pueden.
Los ocupantes de apartamentos que no se pueden sacar a la venta o cuya reparación es demasiado costosa son dejados en el abandono, dentro de esas viviendas decadentes, o son forzados a mudarse a otras de menor tamaño para que luego el concejo pueda vender las primeras a quien pueda repararlas.
Abundan los casos de ocupantes que son presionados para que compren sus apartamentos, lo cual ha levantado voces que exigen reformas, nuevas inversiones estatales y la creación de una oficina especial para proteger los derechos de esas personas y de los compradores de viviendas.
Una oficina de esa naturaleza, según Frantisek Povolny, asesor en temas de vivienda de la Federación Checa de Sindicatos, sólo podrá ser eficaz si está dotada de facultades legales y recursos financieros.
El experto también advirtió contra la opinión de los partidarios del mercado libre, quienes sostienen que la única manera de aumentar la inversión en vivienda es dejar que los alquileres suban tanto como el mercado lo permita.
"Quienes afirman que la subida de los alquileres resolverá la crisis, no ven la conmoción social que ello producirá. No puede existir un mercado libre mientras siga descendiendo el número de viviendas en oferta", opinó Povolny.
"Son dos las medidas que se deben tomar, simultáneamente, para movilizar el mercado de vivienda", dijo Povolny. "Un apoyo masivo a la construcción de nuevos complejos habitacionales mediante financiación pública, y la liberación de los alquileres y servicios relacionados con la vivienda".
"El desempleo se produce en todo el mundo, en particular en el sector de la construcción en áreas urbanas, debido a la prolongada recesión y la falta de inversión", expresó la Federación Mundial de Sindicatos, sita en Praga, en un informe a la segunda conferencia Hábitat de las Naciones Unidas.
"Los proyectos de construcción de soluciones habitacionales pueden contribuir a la creación de empleo en las áreas urbanas y a la vez atender a una necesidad social, al dar respuesta a la aguda escasez de vivienda", añade el informe presentado a la conferencia, que se realizó este año en Estambul (Turquía). (FIN/IPS/tra-en/mm/rj/arl/dv/96
