Los contratos a largo plazo que el Estado ecuatoriano mantiene con trasnacionales petroleras que operan en territorio nacional serán revisados, anunció hoy el ministro de Energía Alfredo Adum.
"Buscamos diversificar el mercado y los clientes. Ecuador debe tener 10, 15, 20 compradores de petróleo y no sólo dos o tres grandes grupos, que utilizan distintos nombres para explotar nuestro petróleo", explicó Adum.
Las declaraciones del ministro se produjeron luego que en la tarde de este miércoles la trasnacional Maxus firmó un acuerdo con la estatal Petroecuador, para renegociar su contrato ya vencido con el Estado, tras amenazas no cumplidas de militarizar sus instalaciones y expulsarla del país.
Según el acuerdo, Maxus modificará el contrato de prestación de servicios que mantuvo desde 1991, por uno de participación con el Estado, en un período de 30 días a partir de este viernes.
Adum informó el lunes que las instalaciones de Maxus, que opera en el llamado bloque 16 de la región amazónica, serían militarizadas con el objeto de suspender sus actividades, pues el gobierno consideró inconveniente el contrato con la petrolera.
Sin embargo, las medidas anuciadas fueron interpretadas por diversos analistas locales, como un intento del gobierno para escarmentar a otras trasnacionales que mantienen contratos de similares con el Estado ecuatoriano.
El convenio, exoneraba a Maxus, propiedad de YPF de Argentina desde 1995, de pagar utilidades al Estado si las condiciones de explotación y comercialización le resultaban con saldo negativo, que debería cubrir Ecuador.
Según Adum, el consorcio se aprovechó de esta situación para elevar sus costos administrativos, ya que, a lo largo del tiempo en que operó bajo ese convenio, extrajo 50 millones de barriles de crudo que vendió a 600 millones de dólares, mientras comprobó gastos al Estado por 800 millones.
Otras trasnacionales que operan en Ecuador bajo el régimen de prestación de servicios, como la Elf de francia y la Oryx de Estados Unidos y el consorcio Tripetrol, anunciaron este viernes que revisarán su posición contractual con Ecuador luego de que el gobierno de Abdalá Bucaram anunciara las medidas contra Maxus.
Para algunos especialistas, el contrato de prestación de servicios se firmó por la baja comercialidad del bloque 16. Consideran igualmente que fue un error político haber anunciado medidas drásticas en lugar de seguir el camino de la negociación.
"Las medidas del gobierno y las denuncias de Adum tendrán eco en los inversionistas extranjeros, que pensarán más las cosas antes de venir a Ecuador", dijo Luis Román, ex presidente ejecutivo de Petroecuador.
Ecuador es el tercer país latinoamericano exportador de petróleo, después de México y Venezuela. La mitad de su presupuesto proviene de la actividad hidrocarburífera. (FIN/IPS/mg/dg/if/96
