La posible interferencia del procurador José Sossa en un proceso penal y nuevas evidencias surgidas contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia enjuiciado por el parlamento, profundizaron la crisis en el sistema judicial de Panamá.
La fiscal primera delegada María Elena Alvarez, tras presentar renuncia al cargo, acusó a Sossa de haberle impedido el arresto de un ex funcionario policial que ocultó pruebas para perjudicar a un panameño acusado de asesinar a un soldado estadounidense en julio de 1992.
Alvarez denunció que logró reunir "suficientes elementos" para detener al ex director de la Policía Técnica Judicial Jaime Abad por haber sustraído pruebas que podrían determinar la inocencia del panameño Pedro González, acusado por el asesinato del soldado Zak Hernández.
Hijo del presidente del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) Gerardo González, Pedro fue acusado junto a otros tres militantes de ese partido de haber disparado contra Hernández cuando éste viajaba en un vehículo militar por una zona suburbana de esta capital.
Según la versión de la fiscal, Sossa le ordenó suspender el arresto porque "podía caer" el caso que planea presentar la procuraduría contra González, o ser interpretado como "una vendetta o persecución" contra Abad.
"Si no se puede aplicar la ley y la constitución no tengo nada que hacer administrando justicia, porque no soy una pieza que se pueda utilizar para cometer abusos del Estado" ni que "se den expedientes con casos de corrupción", afirmó Alvarez al fundamentar su renuncia.
El secretario general de la procuraduría, Sergio Castillo, señaló que Alvarez "mal interpretó" un pedido de Sossa para que indagara previamente a Abad antes de ordenar su arresto.
Castillo precisó que el procurador tiene facultades para conocer los expedientes que tramitan los fiscales y que éstos a su vez están obligados a informarle cuando imparten orden de arresto contra ex funcionarios de la categoría de Abad.
Sin embargo, el abogado penalista José Morrice afirmó que la denuncia de Alvarez "es una demostración de que hay mucha injusticia en el sistema judicial y el Ministerio Público (procuraduria)" y que la crisis provocada por la ex fiscal "debe servir para que haya rectificaciones".
Luego de denunciar que en el Poder Judicial existe "un tráfico de influencias que debe salir a flote", Morrice acotó que "no es posible" que el procurador impida la detención de una persona a quien se le ha comprobado la comisión de un delito penado con tres años de cárcel.
Estos hechos se dan en momentos en que se agrava el caso del magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Manuel Faundes, enjuiciado por el parlamento por actos de corrupción vinculados al tráfico de drogas.
Una radio local divulgó la grabación de una conversación telefónica entre Faundes y el abogado defensor del panameño Héctor Chang, penado con 20 años de cárcel por secuestro y asesinato, en la que el magistrado hace arreglos con el jurista para rebajar la pena a su defendido.
La sala penal de la Corte de Justicia que preside Faundes revisó la semana pasada el expediente de Chang y le redujo la pena de 20 a 12 años.
El magistrado también está acusado de haber solicitado 200.000 dólares al empresario cafetalero Alberto Sitton para dejar libre a un hijo suyo detenido hace dos años por un presunto homicidio.
La lista de cargos contra Faundes incluye haber ejercido presión contra la jueza Nilsa Chung para que pusiera en libertad al narcotraficante colombiano Jairo Builes Molina.
Esta es la segunda ocasión en lo que va del año en que el parlamento condena la conducta de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Una encuesta realizada por la firma internacional Dichter y Neira reveló que 86,3 por ciento de los panameños considera que existe corrupción en el Poder Judicial.
En cuanto a Faundes, 54,8 por ciento de los encuestados se mostraron de acuerdo en que el magistrado sea juzgado por el parlamento. (FIN/IPS/sh/dg/ip/96)
