Fuentes militares de México revelaron que el ejército federal puso en marcha un plan contrainsurgente ante el nuevo brote guerrillero surgido el 28 de junio en el sureño estado de Guerrero.
Ese día decenas de rebeldes uniformados y armados difundieron la proclama inicial del Ejército Popular Revolucionario (EPR), al irrumpir en un acto donde se conmemoró el primer aniversario de una masacre campesina ocurrida en el paraje de Aguas Blancas.
Las fuentes militares admitieron que hasta este sábado el envío de soldados a la zona rebelde ha propiciado ataques de la guerrilla en vez de intimidarla o aislarla, por lo que se contempla una estrategia basada en retomar contacto con la población.
Dirigentes campesinos y habitantes del área de conflicto, que conforman una base social potencial de la guerrilla, se quejan de la creciente militarización provocada por la respuesta oficial al nuevo brote armado.
El diario La Jornada reveló este sábado que las fuentes militares señalaron como un eje de la acción antisubversiva el empleo de los censos de población para identificar, localizar, aislar y neutralizar a miembros y simpatizantes de la guerrilla.
En cuanto a las comunidades donde se presume influencia del grupo insurgente, las autoridades prevén un intenso programa de labor social, aseguraron las fuentes.
El gobierno reconoció las condiciones de atraso socioeconómico que favorecen la aparición de opciones violentas y dificultan el establecimiento de mecanismos capaces de asegurar alternativas de cambio pacíficas e institucionales.
El miércoles se anunció en un lugar de la Sierra Madre Oriental, que cruza el noreste del país desde Estados Unidos hasta la costa del Golfo de México, al norte del estado de Veracruz, el surgimiento del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR).
Cinco personas uniformadas con el rostro cubierto por pañuelos dijeron a la prensa que 14 grupos guerrilleros se unieron en el EPR, brazo armado del nuevo partido político clandestino, desde el 1 de mayo de 1994.
El nuevo partido, que busca el derrocamiento del gobierno, actuará en la clandestinidad y no desarrollará acciones militares ofensivas mientras no sea atacado por las autoridades, indicaron.
Felipe Calderón, presidente del derechista Partido Acción Nacional (PAN), segunda fuerza política mexicana, expresó su preocupación y dijo que sería "un gravísimo error" del gobierno responder militarmente al nuevo brote guerrillero.
"El gobierno tiene que responder a sus demandas con equilibrio en el desarrollo regional para las zonas necesitadas", afirmó
Según Calderón, con la guerrilla "sólo ganan los proclives al autoritarismo y la vieja guardia del sistema político mexicano, además de los contrabandistas de armas y los narcotraficantes".
Andrés Manuel López Obrador, presidente del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), tercera fuerza del país, se pronunció por que en Guerrero funcione el diálogo, como ha sucedido en el sureño estado Chiapas.
En Chiapas, irrumpió el primer día de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que el 12 de enero del mismo año inició un diálogo de paz con el gobierno.
Este fin de semana, en la localidad chiapaneca de San Andrés, las agudas divergencias sobre el tema de la democracia siguen dilatando la actual ronda de negociaciones.
López Obrador dijo que no comparte la lucha armada, pero advirtió que se negaba a condenar a quienes tomen esa vía.
"Yo no puedo calificar a ese grupo armado, ya que, si bien como partido debemos seguir insistiendo en luchar por la vía pacífica y los cauces legales, para ello se requiere voluntad política del gobierno", afirmó.
"Si en Guerrero y en todo México se sigue envileciendo la vía de los comicios y continúan los fraudes, entonces se dará la razón a quienes sostienen que sólo las cosas pueden cambiar con las armas", advirtió.
El senador Gustavo Carbajal, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder desde 1929, se pronunció a favor de que en Guerrero se instaure una mesa de negociaciones similar a la establecida en Chiapas.
En tanto Marco Antonio Bernal, negociador oficial con el EZLN, opinó que la aparición del PDRP no presiona el diálogo de paz en Chiapas, donde "está firme la salida política".
A fines de junio los zapatistas se deslindaron del EPR sin criticarlo. (FIN/IPS/emv/ag/ip/96
