La presentación en conferencia de prensa clandestina con medios nacionales e internacionales del nuevo Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) añadió un factor de inquietud en el cuadro político mexicano.
La reunión, cuyos resultados se conocieron en la noche de este jueves, se realizó el miércoles en algún lugar de la Sierra Madre Oriental, que cruza el noreste del país desde la frontera con Estados Unidos hasta la costa del Golfo de México, en el norte del estado de Veracruz.
Participaron delegados de 14 grupos guerrilleros clandestinos que llaman a derrocar a las autoridades y formar un nuevo gobierno provisorio, con base en 45 reivindicaciones sociales, combinando todas las formas de acción, tanto armadas como civiles.
La declaración fundacional señala que el brazo armado del nuevo partido será el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que hizo su aparición en el sureño estado de Guerrero el 28 de junio mediante una proclama leída en el aniversario de una masacre campesina.
El documento expresa que el PDPR mantendrá la clandestinidad y no participará en procesos electorales porque, dijeron los líderes, el gobierno actual no dejará el poder de manera voluntaria.
Presidieron la conferencia de prensa cinco miembros uniformados de verde olivo, con capuchas de tela café que sólo permitían ver sus ojos, quienes se identificaron como integrantes del alto mando político-militar, bajo la dirección del "comandante José Arturo".
Revelaron que el EPR se conformó el 1 de mayo de 1994 y, dos años después, "como resultado de la unidad revolucionaria", el 18 de mayo pasado, se formó "una sola estructura político- militar" a la que llamaron Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR).
Según el nuevo grupo, la reciente reforma electoral aprobada por los partidos parlamentarios busca que el gobierno continúe controlando los procesos de consulta a la ciudadanía para legitimar su política antipopular.
La proclama sostiene que México "se caracteriza por la inexistencia del estado de derecho, el establecimiento de un gobierno policiaco-militar y el incremento de la represión y la militarización".
Pide además a las autoridades que se apeguen a los convenios de Ginebra en lo que se refiere al trato de la población civil y los prisioneros de guerra.
Durante la reunión de prensa hubo 40 personas uniformadas, encapuchadas y con armas de alto poder, rodeadas por una treintena de pobladores civiles con el rostro cubierto con pañuelos rojos.
Desde el surgimiento del EPR el gobierno, que admite la existencia de condiciones sociales injustas y plantea superarlas por medios pacíficos e institucionales, quitó importancia al nuevo brote y le atribuyó nexos con organizaciones criminales.
Este viernes Felipe Calderón, presidente del Partido Acción Nacional (PAN, de derecha), expresó "preocupación" por el nuevo fenómeno guerrillero y dijo que significa el resurgimiento de experiencias similares ocurridas en los años 70.
El titular del PAN, principal partido de oposición, sostuvo que los nuevos grupos rebeldes armados utilizan a sectores sociales castigados por la crisis económica para organizarlos en torno a sus fines subversivos.
"Ante las nuevas condiciones del país han retomado las armas y han abandonado la lucha ideológica", expresó Calderón. "México se enfrenta a un problema nuevo y peligroso", añadió
El Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) reafirmó su línea legalista y parlamentaria y reiteró su llamado a modificar la política económica oficial, a la que culpa de la existencia de condiciones sociales y políticas "explosivas".
A su vez el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que irrumpió en la escena política el primer día de 1994 y mantiene desde el 12 de enero de ese año un proceso de negociaciones de paz con el gobierno, se deslindó del EPR sin condenarlo.
Simultáneamente con el conocimiento de la fundación del nuevo partido guerrillero afloraron diferencias en la mesa de diálogo entre el gobierno y el EZLN, que desarrollan conversaciones en el sureño estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.
Los problemas se agudizaron al rechazar el grupo rebelde un documento gubernamental sobre democracia y justicia que forma parte de la agenda de negociaciones.
El EZLN destacó que hay 147 puntos planteados oportunamente sobre los que ese texto no se pronuncia, entre ellos algunos de importancia.
Citó al respecto los relativos al derecho de revocación de los mandatos a representantes populares, el registro obligatorio de los sindicatos, la renegociación de la deuda externa, la prohibición a los partidos de usar los colores de la bandera nacional y la disminución de las facultades presidenciales.
La ronda de conversaciones prosiguió este viernes en busca de limar asperezas y alcanzar consensos que permitan continuar con las negociaciones.
El EZLN afirmó que la propuesta gubernamental "de ninguna manera puede ser la base para alcanzar acuerdos porque no responde a las demandas populares de una reforma profunda a las estructuras del poder político y al marco jurídico en que se sustenta". (FIN/IPS/emv/dg/ip/96
