El homicidio del agente judicial que tomó la primera declaración a Mario Aburto, condenado como ejecutor del candidato presidencial oficialista Luis Donaldo Colosio, borró otra huella en un caso cuya irresolución alimenta la desconfianza pública en las autoridades de México.
Aburto fue detenido en el lugar y momento del hecho, al finalizar un mitin de campaña de Colosio, el 23 de marzo de 1994 en la plaza de Lomas Taurinas, un barrio de la ciudad norteña de Tijuana, junto a la frontera con Estados Unidos.
Si bien durante el juicio confesó ser quien disparó sobre la víctima y fue condenado a la pena máxima de 45 años de prisión que prevé la justicia mexicana, luego lo negó y ahora aduce ser inocente y haber sido torturado.
Cinco investigadores encargados del caso no lograron esclarecer la identidad de los autores intelectuales del crimen de Colosio y oscilaron sin pruebas concluyentes entre la teoría del asesino solitario y la ahora prevaleciente de un complot.
Jesús Romero, coordinador del ministerio público federal que tomó la declaración inicial a Aburto, fue ultimado el domingo de 14 balazos al salir al jardín de su domicilio.
El procurador de Justicia Antonio Lozano negó el lunes que el hecho tuviera nexos con el caso Colosio y lo estimó una reacción ante la reciente limpieza de elementos corruptos en la Policía Judicial Federal, que significó el despido de 737 jefes y agentes.
"No hay nada definitivo ni es capítulo cerrado" la investigación sobre el general Domiro García, jefe de la escolta de Colosio de quien las propias autoridades judiciales expresaron sospechas de participación en el complot, añadió.
García, que prestó declaración y sigue libre, integró el Estado Mayor Presidencial, cuerpo de custodia del ex presidente Carlos Salinas (1988-1994), y fue nombrado por el entonces mandatario para dirigir el equipo de seguridad en la campaña de Colosio.
Interrogado en una entrevista televisiva sobre por qué razón no fueron citados a declarar el ex presidente Salinas y su principal colaborador, José Córdoba, el ministro Lozano dijo que no comparte el juicio que ya hizo la sociedad en torno de esos funcionarios.
Respecto a la demanda de que se investigue a los ex fiscales especiales del caso Colosio aseguró que no hay ninguna sospecha de que hayan beneficiado a los autores del complot, aunque admitió que pudieron haber cometido alguna "omisión".
Afiliado con licencia del derechista Partido Acción Nacional (PAN, principal partido de oposición en el Congreso), Lozano es el único miembro del gabinete que no pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el poder desde su origen en 1929).
Contra lo afirmado por el ministro de justicia y su compañero de militancia, el senador del PAN Ricardo Alfredo Ling ligó el crimen de Romero al caso Colosio al comentar que "el autor intelectual del homicidio sigue actuando impunemente y borrando huellas".
Otro legislador del PAN, el diputado Eduardo Cárdenas, dijo que Lozano "jamás esclarecerá el caso Colosio, porque fue un crimen del sistema y el sistema nunca se echará la soga al cuello".
Sostuvo que poderosos grupos del sistema gobernante -del que el actual presidente Ernesto Zedillo, quien asumió el primer día de diciembre de 1994, no está exento- no dejan actuar a Lozano.
Manuel López Obrador, presidente del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD, segunda oposición en el Congreso), aseguró que su organización no participará en el nombramiento de un nuevo fiscal oficial para el caso Colosio.
Tras destituir la semana pasada a Pablo Chapa, el Poder Ejecutivo tuvo la iniciativa de delegar el nombramiento en la legislatura, pero hasta ahora sólo han aceptado participar el PRI y el PAN.
"No nos utilizarán", declaró a la prensa López Obrador, tras reiterar la urgencia de tomar declaración a Salinas y Córdoba.
Este lunes el semanario Proceso publicó una carta enviada por el ex investigador judicial Eduardo Valle, residente en Estados Unidos, donde acusa directamente a Salinas y asegura que los ex fiscales del caso Colosio fueron sus cómplices.
Según Valle en los videos, fotos y grabaciones del asesinato están las pruebas de que "Salinas envió a un Grupo Especial de la Presidencia para planificar el atentado mortal, para capturar a Aburto y para borrar pruebas y eliminar testigos molestos".
A su vez la última edición del periódico quincenal Nuevo Criterio, órgano de la arquidiócesis de México, la mayor jurisdicción católica del mundo, dice que el asesino intelectual de Colosio estuvo en los altos círculos del poder.
El editorial asegura que la prueba consiste en los recursos usados para el crimen pero especialmente su manejo posterior.
Y afirma: "Son muchos los testimonios de la forma violenta y vengativa con que el ex presidente Salinas resolvía sus dificultades con los demás."
"Por otro lado -dice- son muchos los que han sido silenciados con la muerte en torno a éste y otros casos, por lo que es comprensible que algunos testigos se resistan a dar su palabra."
Tras defender la gestión de Lozano, el texto pide "la voluntad política del actual mandatario para no aumentar la lista de temerosos o corresponsables de la injusticia". (FIN/IPS/emv/dg/ip/96
