Pobladores de la capital mexicana, organizados para enfrentar la creciente inseguridad pública, amenzan con linchar a rateros, arrancan a policías borrachos de vehículos patrulleros y bloquean calles en demanda de mano dura contra la delincuencia.
Alertado por una ola sin precedentes de hechos delictivos en ciudad de México, surgida en consonancia con la peor recesión económica en 64 años, el presidente Ernesto Zedillo puso en práctica su promesa electoral de atacar los problemas de orden público.
Zedillo designó al general Enrique Salgado como secretario de Seguridad Pública de la capital, y obtuvo la aprobación legislativa de un paquete de medidas contra la delincuencia que modifican cláusulas constitucionales.
Salgado, nombrado el 1 de junio, reemplazó de inmediato los cuadros de mando de la policía de la capital con oficiales del ejército y se comprometió a convertir a ese servicio, notoriamente corrompido e ineficiente, en una disciplinada fuerza de estilo militar.
Se trata del cuarto militar convocado en los últimos 10 años para reformar la policía de ciudad de México que, junto con localidades periféricas, alberga a 20 millones de personas. Los predecesores de Salgado no lograron cambiar las cosas.
Un promedio de 598 delitos por día se registró en ciudad de México en 1995, un año de pleno colapso económico. La cantidad señalada representa un aumento de 35 por ciento respecto de 1994.
En los primeros dos meses de este año, el promedio creció a 671 incidentes por día. Pero los partes oficiales no recogen totalmente la realidad, ya que la generalizada desconfianza en la policía desalienta la denuncia de la mitad de los delitos que se cometen, según cálculos privados.
En efecto, la Cámara de Comercio de la ciudad de México aseguró que sólo son denunciados 47 por ciento del total de robos a los comercios.
Al menos 218.000 hechos delicitivos se registraron en ciudad de México en 1995. En 70 por ciento de los casos se trató de delitos contra la propiedad, y principalmente de robo de automóviles.
El robo de vehículos en la capital aumentó 109 por ciento en 1995 y en promedio, suma 169 por día en los primeros tres meses de este año.
Mientras, el hurto común en las calles, que representó 35 por ciento de los delitos contra la propiedad en 1995, se incrementó 11 por ciento entre enero y marzo de 1996.
También crece la violencia. En el bimestre enero-febrero se perpetraron 212 asesinatos, y todos los días resultan lesionadas más de 52 personas en atracos. Los asaltos a bancos se repiten este año con una frecuencia de uno cada 1,5 días, el doble que en 1995.
La ola delictiva de 1995-1996 no se limita a la capital. Los gobernadores de Sonora, en el norte, y Morelos, junto al distrito federal, propusieron la realización de plebiscitos para decidir la implantación de la pena de muerte en esos dos estados.
Los asaltos en las carreteras aumentaron en enero y febrero de este año 36 por ciento respecto de 1995, hasta un total de 301. En 1995 fueron notificados 32 atracos a autobuses.
Tras afirmar que siete de cada 10 mexicanos consideran la seguridad personal más importante que el impacto de la devastada economía, el secretario del Interior, Emilio Chuayffet, y el procurador general Antonio Lozano impulsaron nuevas medidas para enfrentar la delincuencia.
El gobernante Partido Revolucionario Institucional impuso en abril su mayoría en el Congreso para lograr, pese a la resistencia de la oposición, la aprobación de una serie de proyectos que modifican cuatro artículos constitucionales.
La nueva legislación autoriza la participación de los militares en operaciones de orden público, permite la intervención de líneas telefónicas y crea la figura del juez "sin rostro" para procesos contra el crimen organizado.
También establece un programa de protección de testigos, aumenta la pena máxima a 50 años de prisión, niega la libertad bajo fianza a los reincidentes y rebaja la edad penal a 16 años.
La política de "mano dura" contra el delito adoptada por el gobierno fue calificada de "fascista" por Raúl Carranza y Rivas, director de la Academia de Ciencia Penal de México.
Así mismo, defensores de derechos humanos y de las libertades civiles advirtieron que la legislación aprobada elude las causas reales de la ola delictiva que, a su juicio, radican en el desolador panorama económico.
Diez millones de personas, un tercio de la población económicamente activa, no tienen empleo fijo.
"El desempleo es el principal aliado del delito", opinó Pedro Peñaloza, presidente de la comisión de Seguridad Pública de la Asamblea de Representantes del distrito federal.
"No es casual la gran cantidad de robos que se cometen en los vecindarios más ricos", señaló Teresa Jardi, del área de derechos humanos de la arquidiócesis de ciudad de México.
La mayor cantidad relativa de delitos violentos correspondió en 1995 a la colonia San Angel, un rico enclave en el distrito federal.
"La raíz de esos delitos se halla en el sistema económico, que permite a algunos una gran acumulación de riquezas, mientras otros nada tienen", dijo Jardi.
La escalada criminal está favorecida por la corrupción de la policía. Jardi denunció que, alentados por la política de mano dura resuelta por el gobierno, deshonestos oficiales de policía se consideran en condiciones de violar derechos humanos y perpetrar impunemente delitos.
Agentes ebrios atropellan y balean a ciudadanos o se disparan entre ellos. La policía judicial protege a narcotraficantes y se cree que ha participado en numerosos secuestros en procura de rescate.
Policías en actividad o retirados cometen 70 por de los robos a bancos en ciudad de México, aseguró el diario El Financiero, y tambien fueron responsables de la mitad de los 218.000 delitos registrados el último año en la capital, según el fiscal José Antonio Fernández.
Dos oficiales de policía son acusados en promedio por día de abuso de autoridad y violación de derechos de los ciudadanos, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del distrito federal.
Novecientos de los 3.100 efectivos de la policía judicial de la ciudad de México fueron despedidos en los últimos 18 meses por actividades ilegales. Pero muchos de ellos hallaron empleo en otras dependencias policiales o se unieron a las bandas criminales que antes debían perseguir. – – – – (*) Este material fue producido por Panos Features, de Londres, y es distribuido por IPS para uso de sus suscriptores. (FIN/PANOS/tra-en/jr/dds/ff/ip/96
