Un político opositor mexicano denunció hoy que existen amenazas contra su vida y acusó al gobierno de su país de perseguirlo con falsas acusaciones de pertenencia al grupo armado rebelde Ejército Popular Revolucionario (EPR).
"Responsabilizo al presidente de México, Ernesto Zedillo, de lo que pueda sucederme cuando regrese este fin de semana a mi tierra", declaró el diputado Ranferi Hernández, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) del estado de Guerrero.
Hernández viajó a Ginebra para participar en las sesiones de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, un órgano de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El legislador afirmó que la policía judicial de Guerrero "torturó a campesinos para que efectuaran declaraciones falsas" que le atribuyen pertenencia al EPR.
El Ejército Popular Revolucionario actúa públicamente en México desde el 28 de junio pasado. Hace dos semanas anunció, en la revista "Proceso", que pretende organizar una fuerza para "liberar a la nación mexicana del Estado opresor".
La última acción armada del EPR se verificó entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves en los estados de Oaxaca y Guerrero.
Los ataques de miembros del EPR contra objetivos gubernamentales causaron 11 muertos y unos 20 heridos.
"El EPR es un movimiento que no conocemos. No sabemos quiénes son", aseveró Hernández, empleado escolar y campesino originario de Ahuacotzingo.
Reconoció que milita en el Frente Amplio por la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), que lucha, afirmó, por acabar con la pobreza y la marginación de los sectores populares.
La persecución del gobierno, sostuvo Hernández, se extiende a decenas de representantes del FAC-MLN que "están sitiados en sus oficinas y en sus domicilios".
"Se trata de una guerra sucia del gobierno contra organizaciones democráticas y legales", denunció.
Los representantes de grupos cívicos mexicanos que viajaron a Ginebra dijeron que el gobierno federal libra una guerra contra "la población organizada" donde imperan "detenciones y allanamientos ilegales, torturas, asesinatos políticos y desapariciones forzadas". (FIN/IPS/pc/dg/ip/96
