MEXICO: Gobierno ataca con despidos la corrupción de la policía

El gobierno de México destituyó a 737 funcionarios de diverso rango de la Policía Judicial Federal, con el propósito de superar el descrédito de las fuerzas de orden público.

La decisión, anunciada el viernes y que se suma a purgas anteriores, afectó a un quinto de los efectivos de la policía judicial, convertida en sinónimo de corrupción.

Las autoridades despidieron a 22 de los 33 subdelegados en jurisdicciones estaduales y 150 agentes antidrogas, además de numerosos comandantes y subcomandantes.

Así mismo, el procurador Antonio Lozano puso en marcha una Fiscalía Especializada para la investigación de delitos cometidos por funcionarios policiales.

La Policía Judicial Federal es el brazo armado de la Procuraduría General de la República, ministerio de justicia de México.

Lozano prometió que en los casos que lo ameriten, los despedidos serán sometidos a juicio. Agregó que, en 21 meses de gestión, ya separó de la policía judicial a 1.250 jefes y agentes.

El analista José Gutiérrez Vivó, de Radio Red, advirtió que los policías destituídos podrían pasarse al bando del hampa.

Grupos vecinales de la capital y comunidades del interior de México se organizaron en los últimos meses para hacer justicia por su mano, y han dado muerte a varios delincuentes.

Según estadísticas oficiales, 218.000 actos delictivos se produjeron en 1995 en ciudad de México, cantidad que representa un aumento de un tercio respecto de 1994.

Mientras, entidades empresarias señalaron que el problema es mucho mayor de lo que reflejan las cifras registradas, ya que más de la mitad de los hechos no se denuncian.

El crecimiento de la violencia coincide con la peor crisis económica de la segunda mitad del siglo en México. La devaluación del peso en diciembre de 1994 provocó una caída de siete por ciento del producto interno bruto, de 30 por ciento de la capacidad adquisitiva de la población y de 50 por ciento del consumo.

La purga policial sucede en 10 días al fallo de un juez que liberó a Othón Cortés, acusado de participar en el asesinato del candidato presidencial oficialista Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994.

Si bien la justicia condenó a Mario Aburto, autor confeso del primer disparo sobre Colosio, los investigadores no logran desentrañar la conspiración supuestamente organizada para asesinar al candidato oficialista y su fracaso diluye la confianza pública en materia de seguridad.

Aunque las autoridades admiten la tesis de la conspiración, no han identificado a los responsables ni probado su hipótesis ante la justicia.

La Secretaría de Gobernación (ministerio del Interior) informó el viernes que la cantidad de asaltos en la red de carreteras federales aumentó 40 por ciento este año respecto del anterior, pese a medidas de seguridad más estrictas.

Cada mes son asaltados 199 vehículos, entre camiones de carga, autobuses de pasajeros y automóviles particulares, con una alta incidencia en los accesos al Distrito Federal, según el informe.

Por su parte, la firma japonesa Sanyo expresó su temor en que policías judiciales estuvieran involucrados en el secuestro de su directivo Mamoru Konno, ocurrido hace siete días en la ciudad de Tijuana, junto a la frontera con Estados Unidos.

Investigadores japoneses llegados especialmente a México solicitaron a las autoridades policiales locales que se mantengan al margen del caso para salvaguadar la vida del empresario.

Directivos de Sanyo y familiares de Konno, de 56 años de edad, buscan contacto con los secuestradores para pagar los dos millones de dólares exigidos como rescate.

Mientras, la violencia y las transgresiones originadas en la agudización de los problemas sociales continúan en aumento, de acuerdo con daros oficiales.

En la capital se registran ya siete ocupaciones diarias de predios e inmuebles por personas sin vivienda, lo que representa un incremento de 14 por ciento respecto de 1995.

La construcción de viviendas se estancó en México a partir del estallido de la crisis, y la caída del poder adquisitivo de la población impide la venta o el alquiler de numerosos apartamento en el área metropolitana de la capital. (FIN/IPS/emv/ff/ip/96

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