Un ataque a bala contra el domicilio del secretario del procurador de México en momento que la policía vive un proceso de purga atizó las sospechas sobre la resistencias que estarían oponiendo sectores de poder, involucrados con delincuentes, a ceder espacios.
Un agresor muerto y un guardia herido fue el saldo del atentado registrado este martes contra la casa de Armando Salinas, "brazo derecho" de Antonio Lozano, procurador que este mes despidió a 17 por ciento de los agentes de la Policía Judicial en una promocionada campaña anticorrupción.
Tras el hecho delictivo, que en ningún momento puso en peligro al secretario del procurador ni a sus familiares, según afirmó el gobierno, un abanico de hipótesis se abrió entre políticos y analistas.
Unos señalaron que trató de un advertencia contra Lozano por enfrentar a los corruptos, mientras otros especularon sobre un intento de intimidación para frenar investigaciones de asesinatos de figuras públicas, en los que estarían involucrados la policía y personajes ubicados en esferas de poder.
Lozano, quien pertenece al opositor Partido Acción Nacional, reconoce que 80 por ciento de la policía mexicana, que desde junio es dirigida por militares según decidió el presidente Ernesto Zedillo para apurar su depuración, está "contaminada" con la delincuencia.
El gobierno, pese a las amenazas y resistencias, continuará en su afán por termiar con la corrupción en la policía, prometió Lozano, a quien el gobernante Partido Revolucionario Institucional pide renunciar por su supuesta ineficiencia en resolver el asesinato del candidato presidencial Luis Colosio, ocurrido en 1994.
Este miércoles la secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo indicó que además de las acciones anticorrupción que lleva a cabo Lozano, el gobierno ordenó una auditoría integral a las diferentes áreas de la Policía Judicial.
La autoridades afirman que los últimos despidos de más de 700 agentes policiales, los segundos masivos que ordena Lozano desde que asumió el cargo hace 20 meses, se realizaron ante evidencias de que muchos elementos tenían vínculos con el narcotráfico.
Entre los cesados, quienes sostienen hubo injusticia en sus despidos y piden una "nueva oportunidad", están los que fueran responsables de importantes operativos antinarcóticos por los que incluso fueron felicitados y hasta condecorados.
Ante la creciente inseguridad y corrupción policial que reina en el país, el presidente Zedillo decidió hace dos meses entregar a militares los principales puestos de seguridad pública. La medida despertó críticas de la oposición advirtiendo que existe peligro de que se imponga un poder contrario al derecho.
El ataque contra la casa del secretario de Lozano se sumó a los disparos que en enero recibió sin consecuencias un automóvil en el que viajaba el procurador. En los dos casos se prometió una investigación a fondo. En ninguno se conocen aún resultados.
"El problema de la policía es complicado, especialmente cuando se trata de relaciones con el narcotráfico. Mucho dinero ha corrido entre los comandantes y demás jefes, así como entre innumerables agentes convertidos en socios de las actividades del tráfico de drogas", señala Pablo Gómez, articulista del diario La Jornada.
Para Juan Guerra, diputado del opositor Partido de la Revolución Democrática, el atentado realizado contra el domicilio del secretario particular de Lozano podría ser parte de una estrategia intimidatoria de narcotraficantes.
Si Lozano "se atrevió a alborotar el panal, ahora debe torear a la abejas", declaró Guerra tras exhortar al procurador a continuar depurando sin temor a la policía.
El ataque de este martes se produjo cuando se espera que Lozano concerte con el gobierno la designación de un nuevo fiscal que investigue el asesinato del candidato presidencial Luis Colosio ocurrido en 1994.
El caso volvió a la palestra los últimos días luego de que un juez absolvió a quien la Procuraduría acusaba de realizar el segundo disparo que mató a Colosio, con lo que la tesis del complot mantenida por las autoridades en sus investigaciones pareció debilitarse.
La procuraduría y la mayoría de politicos de México sostiene, aún sin el respaldo de sentencias y juicios finales, que en la muerte de Colosio hubo un complot en el que podrían estar involucrados autoridades, policias y personajes de la vida pública.
Encuestas difundidas en 1995 indican que más de 60 por ciento de la población opina que "sectores de gobierno" están implicados con el narcotráfico.
En México, que tiene 3.200 kilómetros de frontera con el mercado de consumidores de marihuana y cocaína más grande del mundo, el de Estados Unidos, operan al menos cinco carteles de narcotraficantes que mantienen vínculos con sus similares de Colombia. (FIN/IPS/dc/dg/pr-ip/96)
