Los trabajadores rurales malasios y de otros países de la región, que inundan las emergentes ciudades de Malasia en busca de trabajo, deben enfrentar la dificultad casi insuperable de encontrar una vivienda accesible.
Los críticos de la situación culpan al gobierno y el sector privado por el problema de la vivienda, afirmando que al mismo tiempo que se elogia la mano de obra barata, no se hace nada para proporcionar alojamientos adecuados a los medios con que cuentan unos trabajadores que así contribuyen al crecimiento económico.
Las casas de "bajo costo" en Malasia, al precio de 10.000 dólares, están fuera del alcance de los trabajadores industriales e incluso de la clase media baja, ya que los funcionarios civiles jóvenes sólo ganan en promedio de 300 a 400 dólares por mes.
En las zonas urbanas, el alquiler de una vivienda de más de un ambiente equivale a 140 dólares por mes, mientras que un simple cuarto requiere pagar 120 dólares.
El salario promedio de los obreros industriales es de 180 dólares, aunque las horas extraordinarias pueden permitirles cobrar unos 80 dólares más.
En consecuencia, están aumentando en toda la península los asentamientos de moradores por la fuerza. Otros grupos se apiñan en grupos de 20 o 30 personas en casas de dos pisos.
Cientos de miles de indonesios se cuentan entre los 1,8 millones de trabajadores migrantes de la región que se han introducido en Malasia con la esperanza de compartir la torta económica de este emergente país.
La mano de obra inmigrante en situación legal, proveniente en su mayoría de Indonesia, Bangladesh, Filipinas y Tailandia, es estimada en 900.000 personas, pero los trabajadores ilegales llevan aquella cantidad hasta 1,8 millones de personas.
La mayor parte buscan trabajo en la capital, Kuala Lumpur, pero otros centros urbanos importantes, como la isla de Penang, frente a la costa noroccidental de Malasia peninsular.
Los constructores privados de viviendas se niegan a construir casas de bajo costo por el escaso margen de ganancia que les dejan, en comparación con el dinero que pueden hacer con los pisos para el mercado pudiente y los condominios para la clase media y para los expertos extranjeros.
El gobierno, por su parte, intenta desviar toda crítica señalando que de acuerdo con la ley, por lo menos 30 por ciento del total de las viviendas levantadas por constructores privados deben ser de "bajo costo".
En los últimos meses, las autoridades han estimulado a los promotores privados de viviendas a construir alojamientos más baratos, proporcionándoles terrenos de propiedad estatal a bajo costo. (FIN/IPS/tra-en/ann/cpg/arl/pr/96
