El grupo de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional se hará cargo de los gastos de defensa de 21 activistas de Kenia, que se encuentran arrestados y afrontarán desde esta semana un juicio por reunión ilegal y distribución de impresos sediciosos.
El equipo de abogados defensores se dispone a romper las reglas del secreto procesal y difundir detalles del caso, pues entienden que se trata de un juicio político y no de un proceso criminal ordinario.
Los activistas pertenecen al grupo Liberar a los Prisioneros Políticos (RPP), fundado en 1991, un año antes de las primeras elecciones multipartidarias en Kenia. El gobierno les atribuye la intención de incitar a la violencia entre estudiantes universitarios.
El RPP fue un dolor de cabeza para el gobierno de Kenia desde su comienzo. A través de funciones populares de teatro, festivales, seminarios, manifestaciones e informes, el grupo reclamó mejoras en el régimen carcelario y la derogación de leyes que consideran represivas.
Los 21 activistas fueron arrestados durante un festival cultural celebrado a fines de julio para conmemorar el asesinato en circunstancias misteriosas de su secretario general Karimi Nduthu. La primera audiencia está prevista para el jueves 8.
Tres de los arrestados son mujeres, una de las cuales acaba de ser operada quirúrjicamente y requiere atención médica permanente. Otros dos son estudiantes que debieron dar exámenes la semana pasada. El resto son empleados que, como resultado de sus detenciones, podrían perder sus trabajos.
"El RPP se ha convertido en un precedente político peligroso para el régimen de Kenia", dijo Willy Mutunga, copresidente de la Coalición de Ciudadanos para el Cambio Constitucional y él mismo integrante de la organización.
"No existen dudas en cuanto a que las acusaciones fueron fabricadas por lo que el grupo representa. Aun para la Ley de Orden Público, las reuniones culturales están exentas de solicitud de permiso", explicó Erastus Wa Mugo, abogado de la filial keniata de la Comisión Internacional de Juristas.
La jueza Jane Githinji Ondiek negó la fianza a los activistas cuando se formalizó la acusación en la corte de Kibera a fines del mes pasado.
Wa Mugo, quien integra el equipo de defensores de los 21 acussados, afirmó que los documentos calificados de sediciosos eran simplemente carteles que anunciaban el festival cultural y el programa de reuniones del RPP.
"La magistrada negó la fianza porque alegó que si los prisioneros eran liberados podrían cometer 'delitos' como aquéllos por los que se les acusa, aunque el fiscal no presentó pruebas en ese sentido", sostuvo el abogado.
Además, "la ley establece que todos tienen derecho a fianza, si bien el juez debe asegurar la comparecencia de los acusados", agregó Wa Mugo.
"Si las acusaciones no son demostradas en la corte y se les niega el derecho de los reos a declararse inocentes, están siendo castigados. Ellos no pueden preparar el juicio en la carcel, pues sus abogados tienen dificultades para visitarlos. Entonces, se les niega, también, el derecho a un juicio justo", dijo.
La defensa se prepara para un juicio de naturaleza política, pues su pedido de levantamiento de las acusaciones sobre una base legal fracasó.
Grupos legales y de derechos humanos, tanto en Kenia como en el extranjero, han pedido apoyo. Amnistía Internacional ya se comprometió a cubrir los costos de la defensa.
Al mismo tiempo, los abogados romperán deliberadamente las reglas de secreto judicial y difundirán detalles del caso como parte de su estrategia.
"Si lo asumiéramos como un caso criminal ordinario, delinearíamos argumentos legales ordinarios. Pero existen irregularidades, y es claro que la corte no está interesada en argumentos legales. Si la jueza fuera justa, habría liberado a los acusados", explicó Wa Mugo.
El abogado sostuvo que la defensa puso "el debate dentro de los parámetros que el propio estado definió, en un contexto político".
El RPP es conocido porque se hizo cargo de la organización de la huelga de hambre realizada por madres de presos políticos en marzo de 1992, en el parque Uhuru, en Nairobi. Ahora, la campaña que desarrollan procura develar la causa de la muerte de Nduthu.
El RPP sostiene que la policía fracasó en la investigación del caso. Según las autoridades, Nduthu fue asesinado por ladrones.
El informe del RPP plantea dudas sobre la inmediata llegada de la policía a la escena del crimen, antes aun de que los vecinos le avisaran, y el fracaso en la obtención de testigos fidedignos. A cuatro meses del asesinato, no se registraron detenciones.
"El régimen decidió intimidar al RPP, y por eso persigue a sus activistas", dijo Mutunga. (FIN/IPS/tra-en/lmw/pm/mj/ip hd/96
