Partidos opositores de Kenia consideran la posibilidad de lanzar una campaña de desobediencia civil y un boicot a las elecciones previstas para 1997 ante la reticencia del oficialismo a enmendar la constitución antes de los comicios.
La oposición calibra las distintas opciones que se le presentan para que la gobernante Unión Nacional Africana de Kenia (KANU) acceda a sus reclamos.
"Los keniatas debemos discutir qué hacer si la KANU insiste en mantener la actual constitución sin cambios", dijo Willy Mutunga, copresidente de la Coalición de Ciudadanos para la Reforma Constitucional (CCCC).
Esta organización reúne una amplia gama de grupos que proponen que el presidente de Kenia debe ser elegido por, al menos, 51 por ciento de los votos emitidos y no por una mayoría de cinco de las ocho provincias del país, mecanismo que favorece a la KANU.
Los reformistas también reclaman cambios en la estructura de la comisión electoral y e igualdad para todos los partidos en el acceso a las emisoras de radio y televisión estatales.
Pero la CCCC parece haber perdido toda esperanza de que el oficialismo acceda a discutir las reformas.
"Quedó totalmente claro que la KANU se niega a participar en el debate y también que las próximas elecciones serán defectuosas, sin libertad ni justicia", manifestó Mutunga.
Las iniciativas de reforma constitucional surgieron en junio de 1992, poco antes de las primeras elecciones multipartidarias celebradas en Kenia.
El presidente Daniel Arap Moi prometió a fines de 1995 que abriría el debate sobre las enmiendas, pero el procurador general Amos Wako dijo en junio de este año que el tiempo previo a las elecciones no era suficiente para reformar la constitución.
Wako propuso que un comité de reformas viaje por todo el territorio de Kenia para recoger las iniciativas de la población en materia constitucional con la finalidad de elevar luego esas recomendaciones al parlamento, que tendría la última palabra.
Chris Wambugu, dirigente de la CCCC, opinó que el mecanismo postulado por Wako obedece a la intención de la KANU a "discutir las enmiendas después de que hayan manipulado las elecciones y se hayan perpetuado en el poder".
Moi provocó el mes pasado un recrudecimiento de las críticas de la oposición al declarar que "un 'campo de juegos nivelado' (reglas de juego equilibradas) no puede funcionar en Africa".
"Los partidarios de las reformas cruzan las fronteras partidarias", porque sus propuestas se refieren "a la supervivencia de la nación más que a la marcha de las cuestiones de estado", sostuvo Mutunga.
La CCCC considerará en septiembre medidas de presión dirigidas a obligar a la KANU a acceder a la reforma constitucional.
Pero los principales partidos opositores, el Foro para la Restauración de la Democracia de Kenia (Ford-Kenia) y el Ford- Asili, sufren intensas luchas internas a las que no son ajenas distintas alianzas tribales cruzadas, que se traducen en posturas divergentes en torno a las enmiendas.
Por un lado, los grupos liderados por Raila Odinga, de Ford- Kenia, y Kenneth Matiba, de Ford-Asili, se manifestaron partidarios de un boicot a las elecciones y de una campaña de desobediencia civil si la KANU no accede a los reclamos reformistas.
Pero Kijana Wamalwa, líder de una facción de Ford-Kenia, y Mwai Kibaki, del Partido Democrático (DP), ya se comprometieron a participar en las elecciones del año próximo.
Al mismo tiempo, dirigentes vinculados a la Iglesia católica anunciaron la semana pasada que recomendarán a sus seguidores la abstención en las elecciones si no se concreta una reforma. Y la influencia de la Iglesia católica en Kenia no puede tomarse a la ligera.
De todos modos, en la población de Kenia, aun entre los más informados residentes de Nairobi, la capital, reina la confusión respecto de la reforma. Los "wananchi" (gente común) parece haber quedado fuera del debate.
"Necesitamos más información. Todos hablan de enmendar la constitución, pero ni siquiera conocemos la vigente. Queremos menos represión y más garantías para la actividad de la oposición, pero necesitamos saber de qué se trata todo esto", dijo a IPS un empleado del estado que reclamó anonimato. (FIN/IPS/tra- en/lmw/kb/mj/ip/96
