Los países de América Latina planteaán este viernes críticas a la declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños referidas en especial al establecimiento de leyes penales extraterritoriales que castiguen el abuso cometido contra menores.
Entre las delegaciones oficiales y no gubernamentales de la región que asisten al congreso circulaba este jueves un borrador de documento que contenía algunos puntos de discordia con la declaración final y plan de accion del encuentro, aprobado a tapas cerradas.
Pero la eficacia de la resolución es puesta en duda por representantes de varios países, si bien se la considera un avance político para acabar con el abuso contra niños que, como quedó claro en la reunión, ocurre en todo el mundo y no sólo en las naciones en desarrollo.
La declaración "no tiene ningún valor obligatorio" pero "marca un rumbo", explicó el abogado Juan Marini, integrante de la delegación del gobierno de Argentina.
En ese sentido, sostuvo que organismos del sistema de Naciones Unidas consideran la aprobación de un protocolo facultativo para combatir la venta y tráfico de menores, la pornografía infantil y las redes de proxenetismo que explotan niños.
Se trata de un protocolo de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y, como tal, tendría fuerza de ley en todo el mundo tras su ratificación por parte de los gobiernos, dijo Marini.
Ninguna de las enmiendas presentadas por Argentina, Cuba y Venezuela a la declaración final fueron puestas a consideración de los asistentes por el comité organizador del congreso, que reúne a jerarcas oficiales de Suecia, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y grupos no gubernamentales.
Antes de que la declaración fuera votada, los gobiernos de Colombia y México presentaron reparos al documento, que plantea la posibilidad de que adultos que cometan abusos contra niños y niñas de países en los que practican turismo puedan ser juzgados tanto en el estado de origen como en el de destino.
Mientras Colombia sostuvo que su constitución política no contempla la extradición, lo cual le impedía aceptar el principio de extraterritorialidad, México afirmó que ese punto de la declaración colide con la soberanía de los países.
Cuba planteó en los grupos de trabajo que comenzaron a funcionar este jueves su coincidencia con Colombia y México. Sus representantes dijeron que "la extraterritorialidad serviría contra el abuso de niños, pero también para cualquier cosa en favor de los países más poderosos", según asistentes.
En estas reuniones, a la que los periodistas no tuvieron acceso, Cuba propuso el principio de "doble jurisdiccionalidad" para el procesamiento judicial de adultos que abusan de menores.
De acuerdo con esta posición, el abusador deberá ser juzgado tanto en el país de origen como en el de destino.
Los delegados de Cuba plantearon que la aceptación del principio de extraterritorialidad implica un aval a leyes como la estadounidense Helms-Burton, que establece sanciones a personas o empresas extranjeras que comercien con bienes de la isla caribeña.
"En el caso del abuso de menores, luce noble pero no lo podemos aplicar", dijo un representante de La Habana.
Otros delegados plantearon dificultades prácticas, como la existencia de distintas penas máximas, condiciones carcelarias y tratamientos procesales que deberían armonizarse.
Sin embargo, la declaración y plan de acción del congreso son considerados, en general, un avance político en el combate contra el abuso de menores por parte de adultos.
La explotación sexual comercial "constituye una forma de coercion y violencia contra los niños, que puede implicar trabajo forzoso y formas contemporáneas de esclavitud", establece la declaración.
"La pobreza no puede ser esgrimida como excusa para la explotación sexual comercial de los niños, aunque de hecho contribuya a la generación de un entorno que puede conducir a tal explotación", señala el documento.
Otros factores, agrega, son "las disparidades económicas, las estructuras económicas injustas, la desintegración familiar, la carencia de educación, el creciente consumismo, la migración rural urbana, la discriminación de género, la conducta sexual masculina irresponsable y el tráfico de niños".
Muchos representantes del mundo en desarrollo sostuvieron en conversaciones privadas que, al destacarse entre las causas de la explotación de los niños las relativas a la pobreza, se ponía el énfasis en la víctima y no en el abusador.
"De algún modo se está criminalizando a la violencia", dijo uno de ellos.
El proyecto, que se aprobó tal cual se habia presentado en forma de borrador antes del congreso, fue elaborado por el gobierno de Suecia, Unicef, el Comité Internacional para Acabar con el Turismo Sexual en el Sudeste Asiático (ECPAT) y el Grupo de Org nizaciones No Gubernamentales por los Derechos del Niño.
La iniciativa del congreso fue de ECPAT, que recibió luego el respaldo del gobierno de Suecia y el Unicef.
Participan gobiernos y organizaciones no gubernamentales de más de un centenar de países, agencias de Naciones Unidas y organismos intergubernamentales.
El plan de acción establece el "refuerzo urgente de medidas y estrategias integradas e intersectoriales (…) que puedan establecer programas nacionales de acción e indicadores de progreso para el año 2000".
Además, postula la cooperacion entre todas las agencias y organismos del sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la Policía Internacional (Interpol), la Organización Mundial de Turismo y los gobiernos para acabar con la explotación de niños y niñas.
Por otra parte, se proponen medidas de prevención y protección de los menores, así como la recuperación y la reintegración de los que sufrieron abusos.(FIN/IPS/mj/dg/ip-pr-hd/96
