Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), que sembraron el terror en las comunidades indígenas de Guatemala en la década del 80, completarán su desmovilización el 15 de noviembre, pero organizaciones de derechos humanos dudaron del éxito de la medida.
Amílcar Méndez, un conocido activista de derechos humanos y diputado del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala, dijo a IPS que su partido presentó una iniciativa de ley en el Congreso para que primero sea derogado el decreto que en 1986 legalizó a las patrullas.
"Una vez derogado este decreto, entonces sí, sólo quedaría la desmovilización, entrega de armas y una investigación que necesariamente deberá hacerse", dijo Méndez.
La iniciativa de ley contempla que el cronograma, plan de desmovilización y desarme deberá ser entregado a los organismos de verificación y observación antes de su ejecución.
También contempla que aquellos ex patrulleros que voluntariamente proporcionen información sobre violaciones de los derechos humanos en los que hayan participado y contribuyan a su esclarecimiento, podrán beneficiarse con la rebaja de hasta dos terceras partes de la pena.
Méndez aseguró que al anticiparse con la desmovilización, el Ejército pretende evitar que más adelante, cuando se firme la paz, ya no se investigue y los crímenes queden impunes.
El activista humanitario indicó que los responsables de las violaciones de los derechos humanos no son todos los patrulleros, sino sólo los jefes, alrededor del dos por ciento del total de efectivos, que cometieron grandes crímenes obligados en la mayoría de los casos por el Ejército.
La desmovilización de los primeros 800 miembros de las PAC se llevó a cabo el día 9 en Colotonango, departamento de Huehuetenango, 280 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca.
Las primeras PAC fueron creadas en 1981 por el general Benedicto Lucas cuando ocupaba el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Defensa, pero se ampliaron y sus funciones se generalizaron durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt (1982-83), como parte de su estrategia contrainsurgente.
Entre los objetivos que el Ejército perseguía con las PAC estaba la construcción de un muro o trinchera en la primera línea de fuego para proteger a los soldados y oficiales durante los combates contra la guerrilla, así como la realización de actividades policiales y de control de la población.
También cumplían funciones de inteligencia y contrainteligencia en la detección de sospechosos de simpatizar, colaborar o ser miembros de la guerrilla, aseguró Méndez.
Organizaciones de derechos humanos aseguran que existen más de 500.000 patrulleros en Guatemala, sin embargo el subjefe del Departamento de Información y Divulgación del Ejército (DIDE), coronel Edgar Palacios, informó que el total es de 202.000, de los cuales el 99 por ciento es indígena.
El conflicto armado de Guatemala, que comenzó en 1960, tuvo su época más sangrienta entre 1979 y 1983, con un saldo de cientos de miles de víctimas, en su mayoría indígenas.
Las patrullas, que tras su legalización en 1986 se denominaron Comités Voluntarios de Autodefensa Civil, se encuentran en los departamentos donde el conflicto armado tuvo mayor intensidad, como Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Chimaltenango y Sololá, en el oeste, y Alta y Baja Verapaz, en el norte.
El vocero de la institución armada, coronel Otto Noack, consideró que el proceso de desmantelamiento de las PAC es una "muestra real de voluntad del Ejército" de alcanzar la paz en breve plazo.
El militar informó que la desmovilización de las patrullas contempla tres fases: concientización, que inició meses atrás, desarme, que concluirá en noviembre, y por último reincorporación a una sociedad democrática y en paz.
La etapa de desarme será progresiva, de manera que a fines de este año se recojan las últimas armas, que según el Ejército son sólo 15.000.
Gustavo Meoño, director de la Fundación Rigoberta Menchú, dijo a IPS que si bien no todos los paramilitares están armados, de todos modos el número de armas sería mucho mayor que las declaradas por el Ejército.
Ríos Montt, quien ahora es el máximo dirigente del derechista Frente Republicano Guatemalteco, dijo que las PAC "ya cumplieron su papel histórico de derrotar a la guerrilla, por lo que ha llegado la hora de desmovilizarlas".
"La desmilitarización de las patrullas es necesaria y conveniente, siempre y cuando no se tire a la basura un producto que ha sido de 'identidad nacional', y el gobierno debe mantener su organización por medio de cooperativas que busquen el desarrollo integral de sus comunidades", afirmó el ex dictador.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge García Laguardia, también solicitó al Congreso que derogue el decreto por medio del cual se crearon las PAC.
"Creemos que estas patrullas son más dañinas que beneficiosas para el país y, según un estudio que realizamos hace algún tiempo, son una fuerza violatoria de los derechos humanos en las comunidades", expresó.
Sin embargo, el presidente del Congreso, Carlos García Regás, indicó que la derogación del decreto debe llevarse a cabo cuando se firme la paz, lo que se espera ocurra a fines de este año, cuando deberán concluir las negociaciones iniciadas en 1991 entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. (FIN/IPS/cz/ag/ip-hd/96
