Mientras la guerrilla y el gobierno se encuentran reunidos en México para una nueva ronda de negociaciones, en la capital de Guatemala grupos defensores de derechos humanos luchan para impedir una amnistía general que favorecería la impunidad.
El gobierno y la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se encuentran dialogando desde 1991 para poner fin a un conflicto armado interno que lleva más de 35 años.
El tema que están tratando ahora es el "Fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática" para luego pasar a discutir la figura legal que se adoptará para la reinserción de los insurgentes tras la firma de la paz, que se llevará a cabo a fines de este año.
La Alianza contra la Impunidad y las Violaciones a los Derechos Humanos, surgida en junio y que reúne a las más conocidas personalidades guatemaltecas que luchan contra las violaciones a los derechos humanos y la impunidad, declararon este martes su enérgico rechazo a una amnistía general.
Señalaron que los miembros del Ejército y de la insurgencia que cometieron acciones contra la población civil no combatiente y sus organizaciones sociales no pueden gozar de prescripción penal y civil y por lo tanto deben someterse a los tribunales por la comisión de delitos comunes y de lesa humanidad.
La Alianza, en un documento titulado "El reto histórico del Congreso de la República ante el proceso de reinserción", afirma que la figura legal que presentarán está dirigida sólo a quienes hubiesen tenido o tengan participación en las organizaciones de la URNG que no hayan cometido delitos comunes y de lesa humanidad.
"Sostenemos que los miembros del Ejército, de los órganos paramilitares y demás fuerzas de seguridad no son sujetos de reincorporación a la vida social, política y legal del país por pertenecer a instituciones del Estado o actuar con el consentimiento de éste", considera.
Como consecuencia de ello, señala el documento, se hace innecesario definir mecanismos de reinserción en su favor, por lo que la amnistía no debe dejar impunes las acciones que los colocaron al margen de la ley al cometer acciones contra la población civil no combatiente y sus organizaciones sociales.
"De ello dependerá que el fin del proceso de paz se traduzca en un fuerte apoyo al Estado de Derecho y la justicia o si se avala el régimen de impunidad imperante en el país", destaca el documento.
Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, que lleva el nombre de su hermana, una antropóloga que estudiaba la situación de los refugiados y desplazados y fue asesinada en 1990, dijo a IPS que la Alianza persigue "la búsqueda de la aplicación de justicia".
"La realidad que vivimos nos demuestra hasta la saciedad el grado de impunidad con que actúan los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, amparados en la falta de justicia y en decretos que los eximen de responsabilidad", aseguró.
Mack, fundadora de la Alianza, afirmó que el derecho de accionar judicialmente lo tienen las víctimas y "que no debe ser el Estado o las partes involucradas directamente en el conflicto quienes decidan si perdonan o no perdonan". "Ese es nuestro derecho", insistió.
Según datos de organizaciones humanitarias, más de 40.000 personas desaparecieron durante el conflicto armado en Guatemala, el único que persiste en América Central. La guerra cobró la vida de por lo menos 150.000 personas, causó un millón de desplazados internos y 45.000 refugiados que huyeron a México.
Mario Polanco, dirigente de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo, dijo a IPS que comparte totalmente los puntos expuestos por la Alianza contra la Impunidad y que se opone rotundamente a una amnistía general.
Polanco confió que su organización está sumamente preocupada porque hasta el momento no se ha mostrado ninguna intención de comenzar a conformar la Comisión de Esclarecimiento Histórico que investigue a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.
El presidente Alvaro Arzú dijo este miércoles que se están buscando referencias de otros países que hayan vivido una situación similar y cómo lo solucionaron para adecuarlo a Guatemala.
La Alianza contra la Impunidad presentará al Congreso su propuesta final en los primeros días de septiembre tras su examen por un grupo de juristas. Posteriormente planteará una iniciativa dirigida al resarcimiento de las víctimas del conflicto armado.
Tras la firma del acuerdo sobre "fortalecimiento del poder civil y papel del Ejército en una sociedad democrática", la gubernamental Comisión de la Paz y la URNG entrarán a conocer temas sobre reformas constitucionales y la calendarización de la implementación de los acuerdos de paz.
También deberán discutir el cese al fuego y el desarme de la insurgencia, pero los expertos coinciden en señalar que el punto más conflictivo será el de la figura jurídica que permita a los rebeldes incorporarse a la vida pública. (FIN/IPS/cz/dg/ip-hd/96
