Los siete iraquíes disidentes que secuestraron un vuelo de Sudan Airways hacia Gran Bretaña este martes para luego entregarse a las autoridades enfrentan serias dificultades ante una nueva ley que se propone evitar la llegada de personas que buscan asilo político en el país europeo.
Si los secuestradores hubieran sido iraquíes que huían de la represión en Iraq -y no expertos militares como se supone que son- , y si hubieran llegado de una manera más convencional, se habrían encontrado sin lugar donde dormir e incluso sin dinero para comprar alimentos.
Aunque Gran Bretaña ha sido inusualmente benevolente con los iraquíes que solicitan asilo, muchos refugiados políticos de ese país no tienen vivienda y sufren la pobreza.
Bajo la Ley de Asilo e Inmigración, que entró en vigor a fines de julio con efecto retrospectivo al 5 de enero, el derecho a los beneficios del Estado se retiró a las personas que no solicitan asilo tan pronto como llegan al puerto británico de entrada.
Muchos se preguntan cómo serán clasificados los secuestradores. Según experiencias pasadas, podrían cumplir una sentencia en prisión y continuar viviendo en Gran Bretaña después de ser liberados.
Aunque la ley británica contempla la prisión perpetua como pena por secuestro, las autoridades pueden otorgarles un perdón e incluso permitir que permanezcan en el país, como en el caso de los secuestradores de un avión de Air Tanzania en 1982, liberados tras pasar tres años en la cárcel.
Pero para los iraquíes la situación podría ser mucho más compleja.
Pese a que no habría problemas para probar "un temor bien fundado de persecución en su país original", como requiere la ley, primero deberán superar el llamado cada vez más estridente a la deportación proveniente de filas del gobernante Partido Conservador.
"Si se corre la voz de que la forma más rápida para el asilo es tres años en la cárcel y después estás afuera, y en el país que querías, el resultado sería totalmente desastroso para la política hacia los solicitantes de asilo", dijo David Howell, presidente del Comité de Asuntos Externos del parlamento británico.
El ex ministro del Interior, Peter Lloyd, añadió que "la ley debe seguir su curso, sin importar la solidaridad que sintamos por las personas que quieren estar tan lejos de Iraq como sea posible".
Un elemento a favor de los iraquíes son los antecedentes de Gran Bretaña para tratar con las solicitudes de asilo de iraquíes.
Entre 1.295 personas reconocidas como genuinos refugiados en 1995, el mayor grupo, de 570 personas, o 45 por ciento del total, llegó desde Iraq.
En ese año, el número de solicitudes de la ex Yugoslavia alcanzó 285, 165 fueron de ciudadanos de Irán, 50 de Turquía, 50 de otros países de Medio Oriente, y 175 del resto del mundo.
Casi todas las aplicaciones de Iraq fueron aceptadas. Desde 1992, el índice de rechazo para los iraquíes ha sido bajo, de entre cinco y seis por ciento, comparado con 95 por ciento del resto del mundo.
Pero para quienes lo lograron, la vida ha resultado ser muy difícil, y muchos viven en refugios construidos por ellos mismos con materiales de desecho y se alimentan de sopas servidas por grupos de caridad.
Trabajadores humanitarios que se dedican a los refugiados sostienen que la nueva legislación ha vuelto mucho más difícil buscar asilo en Gran Bretaña, no sólo para lograr el estatuto de "genuino solicitante de asilo", sino también para vivir en el país mientras se considera su solicitud.
"Incluso personas que han sido torturadas terminan viviendo en las calles", dijo Halley Cohen, vocero de la Fundación Médica para la Atención de Víctimas de Tortura. (FIN/IPS/tra-en/dds/fn/lp/ip/96
