La negativa a apoyar la investigación de la "guerra sucia" contra el independentismo vasco puso una mancha indeleble en los primeros cien días de José María Aznar al frente del gobierno de España, que se cumplen hoy.
Una encuesta publicada por el matutino El Mundo mostró que la mayoría de los ciudadanos desaprueba la negativa del gobierno de entregar pruebas a los jueces, que comprometerían al anterior jefe del gobierno, el socialista Felipe González.
La mayoría también opina que existe un pacto entre el Partido Popular (PP, que preside Aznar) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para tapar el caso Gal, como se conoce al juicio por los atentados perpetrados desde el Ministerio del Interior, entre 1983 y 1987, contra los independentistas vascos.
El 2 de agosto, justo al comenzar el gobierno y la mayoría de los españoles las vacaciones veraniegas, el ejecutivo decidió no retirar la clasificación de secretos a unos documentos reclamados por los jueces y que comprometerían a González.
Ese mismo día la Audiencia Nacional (órgano de justicia competente) decidió la libertad sin fianza del general Enrique Rodríguez Galindo, procesado por secuestro, tortura y asesinato de dos presuntos miembros de la organización separatista Eta.
El presidente del moderado Partido Nacionalista Vasco, Xabier Arzalluz, sin obtener respuesta preguntó: "¿Qué sabe Galindo para que su nivel de información sea incompatible con su permanencia en la cárcel?".
El jefe del ejecutivo autónomo vasco, José Antonio Ardanza, quien gobierna una coalición del PNV y el PSOE, anticipó el domingo en El País su opinión.
Para Ardanza, la invocación de la "seguridad del Estado" para justificar las dos medidas criticadas es "una interpretación torticera", o sea manipulada y falsa.
Este lunes se reunió en Vitoria, la capital vasca, la Mesa de Ajuria Enea que agrupa a todos los partidos con representación en el Parlamento vasco, con la excepción de la coalición Herri Batasuna (HB, próxima a Eta).
La mesa analizó los dos asuntos polémicos y tras cuatro horas no logró una posición de consenso.
Los representantes del PNV, Eusko Alkartasuna (EA, nacionalismo socialdemócrata), Unidad Alavesa (centrista) e Izquierda Unida (IU, coalición basada en el Partido Comunista), reclamaron que el gobierno de Madrid reconsidere su posición sobre los papeles secretos.
El Partido Popular y el PSOE se manifestaron en contra de esa reclamación. En consecuencia, la Mesa no se pronunció, ya que para hacerlo es necesaria la unanimidad de sus miembros.
El Ejecutivo presidido por Aznar no recibirá, pues, la demanda de que desclasifique los documentos secretos y los entregue a los jueces que los reclaman.
Pero, no obstante, se ha cumplido el pronóstico realizado el domingo por el dirigente de EA Rafael Larraina: "Lo importante es que los ciudadanos sepan quiénes están en contra de todos los terrorismos y violencias y quiénes sólo están en contra de una violencia (la de Eta)".
En este marco cumple sus primeros cien días de gobierno José María Aznar, de vacaciones en las costas del Mar Mediterráneo. Su gestión económica todavía es difícil de evaluar, así como sus relaciones internacionales, en las que se destacan posiciones dubitativas y contradictorias en torno a Cuba.
La importancia que tiene la posición de Aznar sobre la "guerra sucia" desarrollada durante los primeros años del gobierno socialista, la define en un editorial el director de El Mundo, Pedro Ramírez.
Este periodista se caracterizó por sus críticas al PSOE y su oposición a la investigación de la "guerra sucia" y su apoyo a Aznar, de quien es amigo personal y con quien regularmente practica el "squash", un deporte que gusta a ambos.
"Con su implícita connivencia con la parte más corrupta del sistema, Aznar nos ha arrebatado de un plumazo gran parte de los argumentos a quienes siempre hemos creído en su regeneración (del Estado) desde dentro". (FIN/IPS/td/jc/ip/96
