El juez español Javier Gómez insistió hoy en su decisión de proseguir la investigación de los crímenes de la "guerra sucia" contra el independentismo vasco, cometidos durante los años de gobierno del socialista Felipe González (1982-96).
Gómez criticó la reciente liberación del general Enrique Rodríguez Galindo, dispuso su vigilancia policial permanente, cuestionó al gobierno y pidió la comparecencia de diputados que conocen algunos documentos secretos que comprometerían a Felipe González.
Desde el Ministerio del Interior se organizaron entre 1983 y 1987, según consta en las actuaciones judiciales, unos 40 atentados que produjeron la muerte de 27 personas, la mayoría de ellas ajenas a cualquier actividad política.
Rodríguez Galindo está procesado por el juez Gómez por el secuestro, tortura y asesinato en 1983 de Miquel Lasa y José María Zabala, dos jóvenes sospechosos de pertenecer a la organización separatista vasca Eta.
Junto al general fueron procesados, y siguen en prisión preventiva incondicional, cuatro ex subordinados suyos en la Guardia Civil, una policía militarizada.
El pasado viernes se produjeron simultáneamente dos hechos que dieron un duro golpe a la instrucción de ese sumario judicial. Por un lado la Audiencia Nacional (órgano judicial del que depende el juez Gómez) ordenó la libertad de Rodríguez Galindo.
Por otro, el Consejo de Ministros, en su última reunión previa a las vacaciones veraniegas, dispuso mantener el secreto de unos documentos reclamados por Gómez y por Baltasar Garzón, otro juez instructor que investiga crímenes de la "guerra sucia".
Tras considerar inadecuada la libertad de Rodríguez Galindo, porque amplía sus posibilidades de destruir pruebas, el magistrado dispuso que la policía lo vigile de forma permanente.
Además, prohibió que el general liberado visite en la cárcel a los demás procesados, para evitar que los presione o coordine la destrucción de pruebas.
El presidente del Parlamento, Federico Trillo, opinó que acceder a la petición del magistrado sobre la comparecencia de los diputados de la Comisión de Secretos Oficiales "no sería lo adecuado".
Además, añadió que si los diputados conocieron documentos secretos del gobierno es al gobierno al que pertenece el secreto, por lo que es previsible que no autorizará la comparecencia de los diputados.
Pero es posible que alguno de ellos decida personalmente aceptar la citación del juez, lo que abriría varias posibilidades, entre ellas el conocimiento oficial de los documentos -ya divulgados en la prensa- que comprometen de manera directa a Felipe González.
En opinión de Gómez, la negativa del gobierno presidido por José María Aznar de retirar el carácter de secreto a dichos documentos permite a los acusados "el apoyo del silencio".
Aznar respondió este miércoles que fue elegido por los españoles para gobernar y que no hará nada que obstaculice la acción de la justicia, pero que su objetivo es estar "concentrado en el futuro", mirar hacia adelante y no hacia el pasado.
El problema consiste en que hay jueces, como Gómez y Garzón, que entienden que la justicia debe investigar todos los delitos que no hayan prescripto. Como el secuestro, tortura y asesinato de Lasa y Zabala. (FIN/IPS/td/jc/hd-ip/96
