El gobierno español rechazó hoy pedidos judiciales de quitar el carácter de secretos a documentos que involucrarían al ex primer ministro Felipe González en la guerra sucia contra el separatismo vasco, en un intento de frenar la investigación y evitar una ruptura con el Partido Socialista.
La decisión, que desestimó las demandas de varios jueces de desclasificar documentos en los que quedarían comprometidos González y varios de sus colaboradores, fue adoptada por el Consejo de Ministros, presidido por José María Aznar.
La llamada guerra sucia se desarrolló entre 1983 y 1987. Durante esos años se cometieron más de 40 atentados, la mayoría en el sur de Francia y algunos en el País Vasco español, con el resultado de 27 muertes.
Esos actos fueron reivindicados por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y, según consta en los sumarios en curso, fueron organizados desde el Ministerio del Interior.
Otro acto que frenará las investigaciones es la decisión adoptada este viernes por la Audiencia Nacional (órgano judicial competente), que dispuso la libertad sin fianza del general Enrique González Galindo, aunque le prohibió salir del país y le ordenó que se presente todas las semanas ante el juzgado.
El general se encuentra procesado como autor por inducción de dos detenciones ilegales, dos torturas y dos asesinatos, perpetrados contra José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, en 1983.
Los dos jóvenes, sospechosos de pertenecer a la organización independentista Eta, fueron detenidos, torturados en una dependencia oficial en la ciudad vasca de San Sebastián, trasladados a Valencia (en el otro extremo de la provincia), muertos a balazos y enterrados en cal viva.
El fiscal del caso, Pedro Rovira, se negó el jueves a cumplir una orden del Fiscal General del Estado para que pidiese la libertad de Galindo, por entender que sería un agravio contra otros procesados por delitos menores y que están en prisión.
Rovira recibió el apoyo de los demás fiscales, pero la Audiencia resolvió la libertad contra su posición.
Al tiempo que la Audiencia ordenaba la libertad de Galindo, en medio de un confuso y discutido procedimiento, el juez instructor, Manuel Gómez de Liaño, dispuso el embargo de bienes, sueldos y pensiones de ese general y otros tres guardias civiles implicados en el caso, para responder a su responsabilidad civil.
Eduardo Serra, ministro de Defensa y persona de confianza del Rey Juan Carlos, invocó la seguridad del Estado para explicar la negativa de quitar la clasificación de secretos a los documentos.
Un portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dijo que las decisiones de la Audiencia y del gobierno se ajustan a derecho y que no desclasificar los documentos secretos es una "medida razonable".
Esa posición dista de ser compartida por otras fuerzas. Iñaki Anasagasti, portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco (PNV, gobernante en el País Vasco y aliado del gobierno de Aznar), calificó la liberación de Galindo de "pésima noticia".
Este hecho, añadió, podría vender la especie de que hay "un terrorismo bueno, el que hacía él (Galindo), frente a un terrorismo malo, el de Eta".
Billy Meyer, portavoz de la coalición Izquierda Unida (IU, tercera fuerza parlamentaria), dijo que se está ante un atentado al estado de derecho. La liberación de Galindo "es escandalosa y nos sitúa ante una justicia que aplica un doble rasero".
El ex presidente vasco Carlos Garaikoetxea, de tendencia nacionalista socialdemócrata, dijo que "algo huele a podrido" al liberar a Galindo, y que la medida se debería a la intención de evitar que hable, para no comprometer "a la cúpula del terrorismo de Estado".
La periodista del diario El Mundo Pilar Urbano, habitualmente bien informada en temas militares, anticipó el jueves que "Galindo venía enviando mensajes, cada vez más acuciantes, de que, o solucionaban su situación carcelaria y la de sus hombres, o él empezaba a hablar".
Urbano se preguntó ese día si una eventual excarcelación de Galindo, no "haría sospechar del laurel, de la corona, y de César".
El conservador diario ABC apuntó editorialmente este viernes que la desclasificación de documentos que afectasen a González supondría declarar la guerra al PSOE, según la opinión de algunos miembros del Ejecutivo.
La liberación de Galindo y la negativa de entregar a la justicia los documentos que podrían comprometer a González, se produjo en el último Consejo de Ministros previo a las vacaciones.
A partir de este viernes el jefe del ejecutivo y sus ministros iniciarán un mes de vacaciones, durante el que sólo funcionarán en la justicia los juzgados de guardia.
Se abre así una pausa en la investigación que frena los procesos criminales en marcha, Galindo podrá estar con su familia y González descansará lejos de la sombra amenazadora de la justicia. (FIN/IPS/td/jc/ip/96
