La lucha contra la irresponsabilidad de los padres que no reconocen legalmente a sus hijos o los abandonan económica y afectivamente, unió a un grupo de mujeres de El Salvador, que reclama que este tema se incluya en la agenda de los grandes problemas del país.
"Tan grave es la paternidad irresponsable como el fenómeno de la delincuencia, la pobreza, la corrupción, la insalubridad o la falta de vivienda y de trabajo", aseguró a IPS Vilma Vásquez, presidenta de la llamada Asociación de Madres Demandantes.
La organización nació hace apenas dos años tras una reunión de siete mujeres que se impusieron la meta de luchar para demandar judicialmente a los padres irresponsables. Actualmente tiene más de 7.000 miembros.
El fenómeno tiene una amplitud sorprendente. Las 48.000 causas abiertas ante la Procuradoría General de la República (PGR) por este motivo son sólo un pálido reflejo de la realidad.
En esta situación de irresponsabilidad se encuentran hombres de todos los sectores sociales, empresarios, profesionales, políticos, empleados públicos, militares y ex combatientes de la pasada guerra civil, entre los que resaltan ex rebeldes.
Las estadísticas indican que casi 70 por ciento de las madres salvadoreñas son solteras.
Aracely López, dirigente de la asociación de demandantes, explicó que las mujeres que denuncian su situación son sólo las que tienen hijos con empleados del Estado o de empresas privadas.
"Las madres campesinas o las mujeres que tuvieron hijos con hombres que pertenecen al sector informal no acuden a demandar a los hombres para que entreguen una cuota alimenticia digna para sus hijos", señaló López.
Agregó que hasta el momento no existe una ley que controle la paternidad irresponsable en el sector rural ni en el informal, que representa 45 por ciento de la población económicamente activa.
El Salvador, con sus 21.000 kilómetros cuadrados, tiene una población de 5,7 millones de habitantes, lo que representa una densidad de población de 262 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más altas en el continente americano.
Las mujeres representan 52 por ciento de la población total.
López explicó además que las cuotas alimenticias en la mayoría de los casos no se corresponden con la realidad de las necesidades bajo el actual costo de la vida.
Gonzalo Panameño, de la PGR, atestigua que casi 60 por ciento de las cuotas alimenticias son de menos de 100 colones mensuales, cuando el cambio es de 8,7 colones por dólar, es decir, son cuotas miserables.
A pesar de ello son muchos los hombres que integran la lista de morosos, cuya publicación sería explosiva, según Panameño, ya que en ella se encuentran hasta generales del ejército y varios diputados de la Asamblea Legislativa.
Para agravar la situación, las mujeres que realizan demandas se enfrentan a graves situaciones de humillación por parte de sus ex maridos.
Cristina Arias, comerciante informal de 33 años, recibía personalmente una cuota de 450 colones mensuales de su ex marido, con el que procreó tres hijos. Sin embargo, para cobrar, era obligada a mantener con él relaciones sexuales.
Marlene Valiente tiene un hijo que no ha sido reconocido por su padre. El menor reclama a su madre el afecto que su progenitor debería brindarle, no sólo la cuota alimenticia, que no paga desde hace tres años.
Aracely López narra que en los altercados que se dan en la PGR entre la demandante y el demandado, frente a un funcionario de la institución, las mujeres resultan lastimadas y humilladas, son objeto de obscenidades y de amenazas.
Debido a ello, la Asociación de Madres Demandantes ha tenido que crear un departamento de atención psicológica tanto para las madres que acuden a la PGR por primera vez como para las asociadas, quienes sufren de constantes depresiones, angustias y stress.
La asociación cree que su lucha, en conjunto con el de otras organizaciones de mujeres, tendrá efecto pero no a corto plazo, ya que en El Salvador el machismo es un fuerte patrón cultural y consideran la paternidad irresponsable como fenómeno derivado de ese meachismo.
Estiman que institucionalmente la PGR debe ser fortalecida para evitar los extravíos de cuotas, moras, pérdidas de expedientes, burocratismos y otro tipo de anormalidades con las que no se hacen efectivos los derechos connstitucionales de mujeres, niños y niñas de El Salvador. (FIN/IPS/jd/jc/pr/96
