El fin de los programas de ayuda social en Estados Unidos, además de ser cruel, tendrá altísmos costos, advierten defensores del sistema federal de bienestar que el presidente Bill Clinton prometió recortar.
Los demócratas que respaldan a Clinton y los republicanos que controlan ambas cámaras del Congreso sostienen que el sistema de bienestar social desperdicia dinero, y llegaron a un acuerdo para recortar unos 55.000 millones de dólares en programas federales.
La semana pasada Clinton prometió firmar un proyecto que pone fin a la Ayuda a Familias con Niños Dependientes (AFDC), un derecho de las familias pobres a dinero federal iniciado hace 61 años y piedra fundamental del "New Deal" del presidente Franklin Roosevelt.
Bajo el nuevo sistema aprobado por el Congreso, los 50 estados podrán diseñar sus propios programas de seguridad social y exigir que los beneficiarios trabajen tras dos años de recibir beneficios, y eliminarán a la mayoría de las personas de las listas después de cinco años, poniendo fin al bienestar social como "forma de vida", según dijo Clinton.
?Pero logrará la nueva política ahorrar dinero? El economista Glenn Loury, ex integrante del conservador Instituto Americano de Empresas, sostiene que no, y Estados Unidos sufrirá el "síndrome del samaritano", cuando grupos con financiación privada gasten más para aumentar las obras de caridad.
"Nos costará aún más", advirtió Philip Coltoff, director ejecutivo de la Sociedad de Ayuda a la Infancia, y añadió que "este país no está listo para permitir que los niños estén hambrientos".
La ironía, indicó Coltoff, es que la AFDC y otros programas de bienestar representaban menos de dos por ciento del presupuesto federal. "Los ahorros probablemente son menores que el costo de un submarino nuclear, o un transportador de aviones", señaló.
Otros expertos advierten sobre otro factor que podría elevar los costos, la amenaza de la explosión social.
"La medida alimentará los niveles de descontento", en especial entre grupos negros y latinos, quienes conforman una pluralidad sustancial de beneficiarios de la seguridad social, alegó el profesor ron Walters, de la Universidad de Harvard. Estos grupos han sido acusados por los políticos de todos los fracasos del sistema de bienestar.
El peor escenario, según Walters, serían distrubios como los ocurridos en 1992 en Los Angeles y otras ciudades, tras la absolución de cuatro policías blancos que habían golpeado a una persona.
Pero aún evitando esta posibilidad, señalan los expertos, la naturaleza de los cortes podría provocar un aumento del crimen y otros desajustes sociales.
Alrededor de 10 por ciento de las familias estadounidenses perderán ingresos como resultado de los recortes, destacó Deborah Weinstein, directora de la división de ingresos del Fondo de Defensa de la Infancia, ya que nadie ha aclarado cómo se sustituirán esos fondos.
El ex gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, sostiene que poner fin a los programas de ayuda social sin capacitación laboral para reemplazarlos causará "más de las consecuencias de la pobreza extrema", entre ellas un aumento de la gente sin hogar, la delincuencia y la violencia doméstica.
Algunos activistas que han intentado en vano urgir a Clinton a que vete el proyecto de seguridad social hacen predicciones más alarmantes.
"?Qué harán las madres que no puedan encontrar trabajo? ?Queremos que desesperadas se vuelquen al tráfico de drogas, la prostitución y otras formas de actividad criminal? ?Son estos los 'valores familiares' de Washington?", preguntó Hugh Price, presidente de la Liga Urbana Nacional.
Clinton, no obstante, cree que el proyecto de bienestar social ofrece fuertes incentivos para que los beneficiarios trabajen más, en relación a dos versiones anteriores que vetó.
La semana pasada Clinton explicó que el "nuevo proyecto es fuerte en el trabajo", y señaló que prevé 4.000 millones de dólares más para atención infantil a niños preescolares, de modo que las madres puedan pasar de la ayuda social al trabajo.
Pero Coltoff alegó que los fondos para atención infantil sólo cubrirán 25 por ciento de las necesidades, y aseguró que el proyecto "no tiene en cuenta la construcción de nuevos centros" para ese fin, aunque la demanda aumentará si casi 13 millones de personas que ahora viven de la seguridad social enfrentan la opción de trabajar o perder los beneficios. (FIN/IPS/fah/yjc/lp/ip/96
