Una semana de gobierno parece haber bastado al nuevo presidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, para borrar la imagen de populismo en la que había basado su campaña electoral, y para propinar a sus conciudadanos sorpresas que ponen a dura prueba su capacidad de asombro.
En materia económica, a la ya anunciada nominación del magnate bananero Alvaro Noboa, le sumó la contratación como asesor del ex ministro de Economía argentino Domingo Cavallo, el más conocido exponente del neoliberalismo en la región, y exitoso impulsor de un modelo que si de algo nada tiene es de populismo.
Otra sorpresa fue la integración del gabinete, formado en su casi totalidad por amigos íntimos y familiares del mandatario.
La tercera novedad de relieve de la primera semana de gobierno fueron una serie de medidas que dan más intervención e influencia en la vida pública a las ya poderosas e influyentes Fuerzas Armadas.
Inicialmente nominó al frente del Ministerio de Gobierno (Interior), a Frank Vargas, un general retirado bien visto por los militares, pero con antecedentes de un intento golpista.
Casi simultáneamente, Bucaram decretó el estado de emergencia, que facultó a las fuerzas armadas a participar en la lucha contra la delincuencia, y militarizó las aduanas, como parte de un paquete de medidas para frenar la evasión fiscal.
"La gente se sorprendió con las primeras acciones emprendidas por Bucaram", dijo a IPS el sicólogo Marcelo Román, periodista y docente de la Universidad Central de Quito. Sin embargo, "la forma polémica de gobernar pronto se ha convertido en una actitud normal", observó.
Después de realizar una campaña "contra las oligarquías y de iniciar su mandato con políticas neoliberales" los ecuatorianos pueden esperar "cualquier cosa de Bucaram, incluso, que busque asesoriamiento económico de Domingo Cavallo", añadió.
Cavallo fue ministro de Carlos Menem y encabezó la batalla contra la hiperinflación argentina por medio de una serie de privatizaciones y recetas neoliberales que le valieron el título de "el mago de las finanzas".
Bucaram inició su gestión el día 10, cuando asumió el mando en una ceremonia que duró más de cuatro horas.
El gabinete, "salvo una o dos excepciones, está integrado por personas pertenecientes a los círculos más próximos al presidente, parientes suyos inclusive" y por políticos "que participaron en su campaña electoral", criticó el jurista Ernesto Albán, catedrático de la universidad Católica de Quito.
La conformación de su equipo y las distintas declaraciones públicas de Bucaram son para Albán una muestra de que "habrá una gestión gubernamental centralizada".
Adolfo Bucaram, hermano menor del primer mandatario, ocupa el Ministerio de Bienestar Social; Pablo Concha, su cuñado, el Ministerio de Finanzas; Alvaro Noboa, amigo íntimo, la Junta Monetaria.
Otros dos amigos, Alfredo Adum y Miguel Salem, fueron puestos al frente del Ministerio de Energía y la secretaría General de la Administración.
La capacidad de algunos de estos hombres "no está en tela de juicio", dijo a IPS Alberto Wray, ex viceministro de Trabajo en el gobierno demócrata popular de Osvaldo Hurtado (1981-1984).
Concha, por ejemplo "fue uno de los pocos que se quedaron en su cargo cuando el vicepresidente Hurtado llegó al poder, tras la muerte de Jaime Roldós (1979-1981)".
"El nepotismo no es una buena señal", independientemente de las virtudes y límites de los parientes, comentó Diego Araújo, subdirector del diario capitalino Hoy.
El control de los actos públicos "se vuelve parcial y sospechoso cuando los funcionarios no son extraños sino parte de la familia de los gobernantes", apuntó.
Para el medio día del día 11, horas más tarde de su asunción como presidente de este país andino, Bucaram ya había decretado estado de emergencia nacional para combatir la delincuencia.
El estado de emergencia faculta la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública, función que hasta ese momento era exclusiva de la policía.
Si bien la necesidad de establecer un nuevo orden público es reconocida por analistas y críticos del nuevo régimen debido al inusitado crecimiento en los índices de delincuencia, los cuestionamientos aluden a la decisión de autorizar a las Fuerzas Armadas a intervenir en asuntos de seguridad ciudadana.
"La respuesta a la delincuencia está primero en un trabajo digno y un hogar sólido", dijo Luis Luna, arzobispo de la sureña ciudad de Cuenca, la tercera urbe más habitada del país después de Guayaquil y Quito.
Para Luna, uno de los más reconocidos activistas por los derechos humanos en el Ecuador, la criminalidad ha aumentado en proporción directa al aumento de la pobreza, "en un país donde más de 45 por ciento de los 11,5 millones de ecuatorianos son pobres".
Más tarde, Bucaram anunció que iniciaría una cruzada contra la evasión tributaria y el contrabando en las aduanas y firmó un decreto para la militarización del sector aduanero, pues consideró que el Estado pierde hasta 350 millones de dólares cada año, debido a su mal manejo.
"Esta medida, a pesar de la indignación que provocó sobre todo en los grupos vinculados con el sector aduanero, tuvo mejor acogida que las anteriores", señaló Román.
La relación de Bucaram con las Fuerzas Armadas se estrechó más cuando designó como ministro de Gobierno a Vargas.
Este oficial "con vastos conocimientos militares y policiales que impondrá la disciplina y firmeza que el país necesita", según el propio presidente.
Vargas protagonió dos frustrados intentos de acceder a la presidencia con la centroizquierda. Pero es más recordado en Ecuador por el intento de golpe de Estado contra el gobierno derechista de León Febres Cordero (1984-1988), actual alcalde de Guayaquil.
Bucaram, desde su campaña, "se ha preocupado por darnos sorpresas espectaculares, pero llega un momento en que la sorpresa se convierte en lo cotidiano", dijo Román, "tal vez sea esta su gran estrategia". (FIN/IPS/mg/jc/ip/96
