La petrolera Maxus no podrá sacar desde hoy "ni un sólo barril de petróleo" de la Amazonia, pues el nuevo gobierno de Ecuador decidió romper el contrato con esa compañía por considerarlo inconveniente para este país andino.
Por orden del presidente Abdalá Bucaram, las Fuerzas Armadas tomaron en la mañana de este miércoles las instalaciones de la compañía petrolera, ubicadas en el denominado bloque 16 en la región amazónica de Ecuador, 372 kilómetros al sudeste de Quito.
"Por orden del señor presidente de la República y por orden mía, la Maxus no saca un barril de petróleo más del suelo ecuatoriano", afirmó el ministro de Energía, Alfredo Adum.
Maxus, propiedad de YPF de Argentina, el Estado de Taiwán y una empresa estadounidense, opera desde 1986 bajo el sistema de prestación de servicios, la única empresa, de las 14 petroleras en Ecuador que aún mantiene un convenio de esa naturaleza, dijo este martes el ministro.
De acuerdo al contrato vigente hasta este miércoles, las inversiones de la petrolera una vez iniciado el período de explotación serían pagadas por el Estado con petróleo.
"Es decir, de todo lo que se ha llevado la Maxus, el pueblo ecuatoriano no ha visto ni un centavo", arguyó Adum.
En estos 10 años, Maxus ha extraído 50 millones de barriles de petróleo y entregó comprobantes de gastos por 800 millones de dólares, "mientras que sólo ha sacado 600 millones", puntualizó.
El ministro aseguró que Maxus se aprovechó del contrato para sobrevalorar sus equipos, los sueldos de sus directivos y las obras realizadas con el objeto de que el Estado ecuatoriano pague todos sus gastos.
El gobierno ecuatoriano planteó que Maxus firme un nuevo contrato de participación con el Estado "o que simplemente se vaya del país", dijo Adum.
Durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-88), el bloque 16 fue asignado para exploración a la petrolera CONOCO, en la primera licitación pública del Estado ecuatoriano, y en el de Rodrigo Borja (1988-92) el contrato fue cedido a Maxus.
En el gobierno de Borja "Maxus consiguió ventajas que se apartan de lo obtenido por otras compañías", según Alberto Acosta y Raúl Jaramillo, autores del estudio "El fracaso de los contratos de prestación de servicios -El caso Maxus-".
Los expertos indicaron que la petrolera logró que las utilidades mínimas del Estado, que en los otros contratos es de 15 por ciento, se manejen como un porcentaje adicional, lo cual "es un margen de seguridad y no una utilidad asegurada".
En 1992, el gobierno de Borja otorgó a Maxus sin licitación previa la explotación del campo Tavicuno, "al margen de cualquier modalidad contractual prevista en la ley", señalaron Jaramillo y Acosta. (FIN/IPS/mg/ag/if/96
