Sobrepoblación, corrupción, tráfico de drogas y continuos motines son algunos de los problemas pendientes en las cárceles de México, donde 45 por ciento de los más de 98.000 presos están sin sentencia y su número aumenta 25,5 por ciento cada año.
Con 438 centros penitenciarios, la mitad de los cuales son vestustos, sin infraestructura y atendidos por personal no capacitado, según reconoció la Secretaría de Gobernación, el sistema carcelario mexicano es una vitrina de la peores injusticias.
Las cárceles "son espacios útiles para mantener el poder político, para mantener una corrupción enorme. Los funcionarios carcelarios deciden en mayor medida la duración de las penas que los mismos jueces", dijo Miguel Sarre, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los crecientes niveles de delincuencia registrados desde el estallido de la crisis económica a fines de 1994, que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo aspira enfrentar con leyes cuestionadas por grupos humanitarios, agravaron aún más los problemas carcelarios y agudizaron sus contradicciones.
Esto lo evidencia que 57 por ciento de los presos no tienen talleres donde invertir su tiempo ni son obligados a trabajar.
El Estado gasta 7,5 dólares diarios en mantener a cada uno de los 700 detenidos en dos cárceles de alta seguridad, mientras en los otros 436 centros el costo es de sólo 2,9 dólares.
Sólo 8.477 de los 30.000 funcionarios que trabajan en las cárceles ha sido capacitado y un psicólogo o pedagogo gana 150 dólares mensuales, cantidad sensiblemente menor a la que el Estado gasta en mantener a un preso en una cárcel de alta seguridad.
La corrupción y la injusticia son fenómenos presentes en el ámbito penitenciario nacional, dijo Luis de la Barreda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
El sistema penitenciario "lo arruina todo, con frecuenciua los internos y sus familias se ven compelidos a pagar por servicios elementales que deberían ser gratuitos, lo que provoca una situación de injusticia lacerante", añadió.
Las mafias, el hacinamiento y las prácticas de autogobierno que reinan en varias cárceles tranformaron a esos lugares en potenciales centros de peligro. Entre marzo de 1994 e igual mes de 1996 se registraron un total de 50 motines en los llamados centros de readaptación social.
Para enfrentar el problema, las autoridades estudian privatizar la operación de algunas cárceles, prometen abrir nuevos, capacitar a funcionarios para que logren oponerse a la corrupción reinante y proponer reformas para agilizar la administración de justicia.
"El sistema penitenciario necesita un cambio estructural. Está en crisis, está en un momento de abandono, de insatisfacción de necesidades. En las condiciones en que está, la sociedad no puede sentirse tranquila, pues genera mayor delincuencia", declaró Sarre.
Alejandro Hernández, miembro del Comité de ex Reos para la Defensa de los Derechos Humanos, señala que "la cárcel es un depósito humano para castigar, un instrumento de explotación. Cualquiera pierde la moral ahí dentro".
Según estudios del Comité, una de cada cinco personas que logra abandonar una cárcel de México regresa acusada de cometer otro delito.
Entre 1994 y 1995 el número de delitos en el país aumentó en 35 por ciento, por lo que el tema se transformó en una de las principales preocupaciones de la población, señalan estudios oficiales.
En marzo el gobierno presentó al Senado una serie de reformas legales para enfrentar a la delincuencia. Su alcance generó múltiples críticas entre políticos, analistas y líderes de organizaciones humanitarias.
El nuevo cuerpo jurídico, aún en estudio, plantea crear jueces "sin rostro", validar declaraciones de testigos anónimos y permitir el espionaje telefónico.
Además, reduce para ciertos casos la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, permite que se negocien disminuciones de penas a cambio de confesiones y se integran cuerpos policiales de élite que tendrán sistemas de inteligencia con rangos de autonomía.
Las propuestas se mueven al filo de lo legal y constitucional, opinó la analista María Teresa Jardí, tras declarar que las "reformas en puerta auguran una época oscura" que, una vez iniciada, no tiene fácil marcha atras.
Para el Comité de ex Reos para la Defensa de los Derechos Humanos, las reformas que alienta el gobierno llenarán las cárceles "con un número mayor de inocentes al que ahora existe". (FIN/IPS/dc/ag/hd/96
