El diputado colombiano Carlos Alonso Lucio defendió hoy la "legalización controlada" de las drogas como alternativa a la represión, generando polémica en la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).
En los últimos 80 años quedó "comprobado el fracaso" de las políticas represivas, que no impidieron el creciemiento del consumo,el enriquecimiento de los traficantes y el aumento de la violencia y de la corrupción, argumentó el diputado de la Agrupación Independiente Ganas y ex miembro del grupo guerrillro M- 19.
En Estados Unidos el consumo aumentó 166 por ciento de 1992 a 1995, según datos nacionales, dijo el diputado. Los problemas se reducirían con una legalización por la cual el gobierno suministra la droga en pequeña cantidad y a bajos precios, ofreciendo a la vez tratamiento a los adictos.
El negocio dejaría de ser rentable con la disponibilidad de drogas baratas, eliminando el principal motivo de la violencia y la corrupción vinculadas al narcotráfico, añadió Alonso.
El debate provocado por la propuesta hizo a la Comisión del Parlatino aplazar para noviembre, en Buenos Aires, la aprobación de un proyecto de ley marco regional contra el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero, que será propuesta a los países latinoamericanos.
El presidente de la Comisión, el boliviano Guido Camacho Rodrigues, dijo que la propuesta sugiere por ejemplo medidas que lleven las instituciones financieras a comunicar a la policía casos sospechosos de lavado de dinero sucio, como el manejo de sumas elevadas en las cuentas.
En relación a la legalización, no asumió una posición, promoviendo una mayor discusión del tema.
Pero la diputada brasileña Laura Carneiro se opuso a ese cambio radical de orientación, sosteniendo la necesidad de intensificar el combate al narcotráfico y la asistencia a los dependientes de drogas.
El parlamento de Brasil estaá discutiendo, a iniciativa del Ministerio de Justicia, la adopción de una legislación para contener el lavado de dinero.
Una de las ideas es adaptar reglas ya aplicadas en Aruba y Antillas Holandesas, donde es el acusado quien debe probar que sus bienes fueron adquiridos limpiamente para poder recuperarlos.
La legislación usual exige en cambio que sean las autoridades quiens brinden la prueba de prácticas ilícitas para justificar la confiscación de los bienes de un acusado.
El diputado colombiano acusó a Estados Unidos de usar la cuestión de las drogas para presionar a los países productores, sin esforzarse para reducir el consumo interno.
Además ese país es el mayor productor mundial de drogas químicas también dañinas, aunque legales, y sólo se preocupa de la cocaína y no de la marihuana, ampliamente producida en el país, especialmente en California, añadió.
"Hay que invertir más en educación", dijo Alonso señalando que en su país, sólo dos por ciento de los gastos en materia de la lucha contra las drogas se destina a la prevenció y el 98 por ciento restante a la represión. En Estados Unidos la relación es de 14 y 86 respectivamente y en Europa de 50 y 50. (FIN/IPS/mo/dg/ip/96
