La agencia del Banco Mundial que promueve la inversión extranjera directa en el mundo en desarrollo registró una cantidad sin precedentes de operaciones, pero no escapa a las críticas de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Según los críticos, la llamada Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) asegura inversiones al costo de la protección de las comunidades en que se ejecutan los proyectos apoyados y se desvía de su misión esencial: la creación de empleo y la promoción del desarrollo social en los países pobres.
La MIGA comunicó "un crecimiento record" de sus contratos de garantía de inversiones en el año fiscal de 1996, finalizado el 30 de junio.
La agencia libró 68 contratos de seguro de inversiones por 862 millones de dólares, la gran mayoría para corporaciones multinacionales, frente a 54 contratos y 672 millones en el año fiscal de 1995, de acuerdo con la información difundida.
Los nuevos contratos aseguran inversiones de compañías privadas en 27 países en desarrollo.
La MIGA fue creada en 1988 para estimular la inversión extranjera directa en los países pobres mediante la protección de esos capitales ante riesgos políticos como la nacionalización, la guerra y la devaluación monetaria. También ayuda a las naciones en desarrollo a crear clima adecuado para las inversiones.
Pero los críticos argumentan que no ofrece protección a las comunidades ante posibles decisiones de los inversionistas desfavorables para el ambiente o socialmente perjudiciales.
Funcionarios de la MIGA rechazaron la observación. Según dijeron, la agencia exige a los inversionistas la garantía de que sus objetivos respetan "los lineamientos del Banco Mundial y de los países receptores en materia ambiental y en cuanto a metas de desarrollo", afirmó la portavoz Shaila Fernandes.
La MIGA no puede evaluar esas condiciones por sí misma y se remite a la evaluación ambiental de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo del Banco Mundial que apoya financieramente a empresas privadas en el mundo en desarrollo.
La realidad de una agencia pequeña y la necesidad de evitar la duplicación de servicios y funciones obligan a la MIGA a solicitar esa evaluación a terceros, indicaron funcionarios de la MIGA.
Pero el asunto inquieta a las ONG, ya que la IFC dispone de sólo siete especialistas en ambiente y de un reducido número de asesores en la materia.
Esos siete especialistas deben analizar anualmente entre 200 y 250 nuevos proyectos de la IFC y la MIGA y supervisar más de 1.000 proyectos en ejecución. El presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, ha reconocido los problemas y busca medios de superarlos.
Las ONG destacaron también que el Banco Mundial ha modificado sus exigencias en materia de ciertos estándares ambientales y sociales, que eran antes vinculantes para los responsables de los proyectos financiados y ahora sólo son "buenas prácticas" recomendadas.
Mientras, las corporaciones transnacionales consideran la MIGA excesivamente "burocrática", como dijo a IPS Michael Power, de la firma de inversiones Barings Asset Management. Pero las ONG creen que el proceso de decisiones de la agencia admite muy poco tiempo para una rigurosa evaluación.
Akira Iida, vicepresidente ejecutivo de la MIGA, afirmó que las inversiones aseguradas por la agencia en el año fiscal de 1996 crearán 7.200 empleos por año en el próximo quinquenio.
Sin embargo, un grupo internacional de ONG observó que las empresas con mejores posibilidades de crear empleo no figuran habitualmente entre los clientes de la MIGA.
"Las firmas locales están excluidas de los contratos de la MIGA", advirtieron en en un informe conjunto el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Declaración de Berna, el Centro para el Derecho Ambiental Internacional, de Washington, y el Equipo Pueblo, de México.
"Las principales fuentes de empleo en los países en desarrollo son las pequeñas y medianas empresas y el sector informal", cuyos ingresos y los salarios que pagan "permanecen en la economía local" en mayor grado que en el caso de las corporaciones extranjeras, agregaron las ONG.
También argumentaron que el Banco Mundial aún no dispone de una política específica para el sector informal y la pequeña empresa, aún cuando el crecimiento de las industrias de mano de obra intensiva es una de sus principales estrategias para reducir la pobreza.
Representantes del Banco rechazaron la crítica. Al respecto, señalaron que hace dos años fue establecido el Grupo de Consulta para Asistir a los Pobres, un fondo multilateral para microempresas.
Las ONG replicaron que la creación del Grupo de Consulta fue un paso positivo, aunque no reemplaza "la estrategia específica" reclamada.
Los topes impuestos a la MIGA se ubican en 50 millones de dólares por proyecto y en 175 millones por país. El Banco Mundial concede con frecuencia garantías de cobertura más allá de esos límites.
La agencia dispone de 100 millones de dólares de capital pagado, pero ha asegurado riesgos por 2.000 millones de dólares y considera solicitudes por 1.500 millones.
Para anfrentar la creciente demanda de sus servicios, la MIGA aumentó su tasa de evaluación de riesgos de 250 a 350 por ciento.
Los expertos creen que la agencia podría incrementar su actividad con la ampliación de su capital y, según trascendió, la administración se propone pedir un mayor aporte a los estados miembros.
El asunto sería planteado en la asamblea ministerial que el Banco Mundial realizará en octubre, aunque la MIGA no confirmó esa información. (FIN/IPS/tra-en/aa/yjc/ff/if dv/96
