Las seis organizaciones no gubernamentales (ONG) más activas en defender los derechos humanos en Venezuela se declararon "estupefactas" por la actitud del gobierno de Rafael Caldera ante críticas de Amnistía Internacional (AI).
"Las declaraciones oficiales ratifican lo que denunciamos en la postura gubernamental: falta de responsabilidad, interés y voluntad política para enfrentar el creciente deterioro de los derechos humanos", asentó la eclaración de las ONG.
Calificaron como "lamentable" que oficialmente se considere que la vigilancia internacional en materia de los derechos humanos sea injerencia en asuntos internos, "posición muy similar a la mantenida por las dictaduras que vivieron los pueblos del Cono Sur y América Central".
Dos de las organizaciones firmantes son brazos de la Iglesia Católica: la Vicaría Episcopal de derechos humanos de Caracas y el Secretariado de Religiosos y Religiosas de Venezuela.
Las otras son el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, los Centros Comunitarios de Aprendizaje y el Comité de familiares de víctimas de los sucesos de febrero-marzo de 1989 (el "Caracazo" o estallido social que dejó centenares de muertos).
La polémica entre las ONG y el gobierno de Caldera, un socialcristiano independiente de 80 años, estalló leugo que hace dos semanas visitó Venezuela el secretario general de AI, el senegalés Pierre Sané, con un informe crítico sobre la situación de los derechos humanos en los últimos dos años.
Sané dijo que "las violaciones a los derechos humanos en Venezuela aumentan desde hace dos años", y criticó "la falta de voluntad política" para enfrentar crímenes como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, impunes, y la brecha entre la retórica gubernamental y la realidad".
Caldera rehusó recibir al número uno de AI, quien entregó su informe a la prensa y al ministro de Secretaría, Asdrúbal Aguiar, ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien lo tildó de sesgado.
"El informe desconoce la labor del gobierno por la estabilidad política", luego de un período (1992-1993) de sublevaciones militares y violentas protestas sociales en las calles de las principales ciudades, según Aguiar.
"Cuando se hace una evaluación de derechos humanos, se toma nota no sólo de los hechos puntuales de violación, sino del cuadro político, económico y social", dijo Aguiar, para quien AI "pretende medir con la misma vara la situación de un cantón suizo con una situación excepcional en la frontera".
En segmentos de la frontera colombo-venezolana rige el estado de excepción, bajo autoridades militares encargadas de combatir a irregulares colombianos. Varios jefes castrenses han dicho que defenderán "la soberanía por sobre otras consideraciones".
Por las críticas de AI a la actividad militar en la frontera colombo-venezolana, el jurista Guillermo Andueza, ministro del Interior, dijo que "el informe favorece a Colombia".
El Fiscal General, Iván Badell, quien según la Constitución vela por la observancia de las leyes, esrimó que la crítica de AI a la pasividad de su despacho desconocía su labor y era "injerencia en asuntos internos" de Venezuela.
El canciller Miguel Angel Burelli deploró que ONG humanitarias "defienden por ejemplo los derechos humanos de un delincuente que ha secuestrado esos mismos derechos a todo un barrio".
Las ONG venezolanas confesaron "estupor y sorpresa" por las "coincidentes declaraciones de funcionarios" ante la visita de AI y lamentaron que el gobierno "perciba la protección de los derechos humanos como un objetivo secundario".
"Rechazamos la tergiversación. No constituyen violación de derechos humanos los actos criminales cometidos por particulares (guerrilla o delincuentes) contra funcionarios policiales o militares, u otros particulares", asentó la declaración.
En todos esos casos "estamos ante la presencia de un delito común y no una violación a los derechos humanos", señalaron las ONG. "Reiteramos que el Estado es el único y exclusivo responsable de la plena vigencia de los derechos humanos".
La declaración rechazó "categóricamente" la imputación de que las ONG actúen con motivos políticos. "El movimiento de derechos humanos ha logrado en los últimos 10 años consolidar con claridad sus objetivos, al no inmiscuirse en las actividades proselitistas propias de los partidos". (FIN/IPS/hm/dg/hd-ip/96
