CUBA: Piratas aéreos acaparan atención pese a roces diplomáticos

La expulsión de una diplomática estadounidense de Cuba y de un funcionario cubano de Estados Unidos no robaron protagonismo a dos actos de piratería aérea, que acaparan la atención de la prensa oficial del país caribeño.

Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, publicada este martes en el oficialista diario Granma, demandó a Washington la inmediata devolución de las personas involucradas en los secuestros de dos aeronaves cubanas y ni siquiera mencionó el último incidente diplomático.

"Cuba espera que Washington tome todas las medidas necesarias para poner fin a estos actos de terrorismo y devuelva a todos los secuestradores", señaló Granma sin hacer ninguna referencia al caso de los diplomáticos.

Según los compromisos suscritos por ambos países el 2 de mayo de 1995, las autoridades estadounidenses se comprometen a repatriar a cualquier ciudadano cubano que intente emigrar ilegalmente hacia ese país.

Cumplidos de forma rigurosa hasta mediados de este año, los acuerdos comenzaron a tambalearse este verano cuando Estados Unidos dejó pasar los días y no repatrió al autor del secuestro de una aeronave cubana.

A más de un mes de los hechos, el ex teniente cororel José Fernández Pupo permanece en la Base Naval de Guantánamo, enclave militar estadounidense en la región oriental de Cuba.

A él se suman ahora los tres autores de otro acto de piratería aérea reportado el día 16, cuando según la cancillería cubana el piloto Adolfo Pérez Pantoja fue obligado a desviarse de su ruta y dirigirse hacia el estado norteamericano de Florida.

"Cuba exige la devolución de todos estos secuestradores y responsabiliza al gobierno estadounidense por las consecuencias que podría traer, para la seguridad de las personas y el tráfico aéreo y naval en la región", añadió la nota de la cancillería.

Los casos de piratería aérea pendientes de solución se complementan con la noticia de que al menos ocho de un grupo de 27 emigrantes ilegales cubanos que viajaban a bordo de una embarcación fueron aceptados en territorio estadounidense.

Las "excepciones en política migratoria" suman un desacuerdo más en el último conflicto bilateral entre La Habana y Washington que sigue latente aunque su causa inicial parezca lejana.

El derribo de dos avionetas civiles por fuerzas aéreas cubanas el 24 de febrero puso fin a un incipiente proceso de acercamiento entre ambos países y condujo a la firma por el presidente estadounidense Bill Clinton de la ley Helms-Burton, que refuerza el bloqueo a la isla.

La llamada "crisis de las avionetas" provocó un largo proceso de reuniones internacionales que condujeron a una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que finalmente no respondió al pedido estadounidense de aplicar sanciones internacionales contra Cuba.

Medios oficiales cubanos reaccionaron sin demasiado optimismo ante la decisión del Consejo y advirtieron que Estados Unidos buscaría otras formas para condenar a Cuba, como sus supuestas implicaciones en el narcotráfico o violaciones de los derechos humanos.

Un nuevo acontecimiento enrareció las relaciones entre los dos países la pasada semana, cuando el gobierno cubano comunicó a la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana la cancelación de la visa de la diplomática Robin Meyers.

Glyn Davies, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el día 19 que la expulsión del territorio cubano está avalada por "la realización de actividades incompatibles con el status diplomático".

En el momento de la comunicación, Meyers era la funcionaria de la sección político-económica encargada de seguir el tema de los derechos humanos en Cuba.

En un "acto de reciprocidad", el gobierno de Estados Unidos decidió revocar la visa al diplomático cubano José Luis Ponce, acreditado en la Sección de Intereses de La Habana en Washington.

Mientras los medios oficiales cubanos mantienen silencio sobre el incidente diplomático, emisoras de radio que transmiten desde Estados Unidos aseguran que Ponce interpretó la decisión como un mensaje negativo más sobre la posibilidad de un futuro entendimiento entre los dos países. (FIN/IPS/da/ag/ip/96

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