Los acuerdos sobre migración, único aspecto de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos que permaneció intocable tras la "crisis de las avionetas", caminan sobre una cuerda floja que está a punto de romperse.
El mantenimiento de las normas acordadas para el tratamiento de la emigración ilegal procedente de Cuba, cuestión de interés común para ambos países, está en manos de Washington, pues se ha dilatado la repatriación de una veintena de personas que abandonaron la isla desde fines de julio.
Expertos del Centro de Estudios de Estados Unidos en La Habana estimaron en marzo que solo la posición contraria a la inmigración sostenida por Bill Clinton facilitaba el mantenimiento de los acuerdos con la isla después del incidente del 24 de febrero.
El derribo de dos avionetas civiles estadounidenses por aviones militares cubanos puso fin ese día a un incipiente proceso de distensión entre los dos países y provocó la acelerada aprobación de la ley Helms-Burton, que agravó el bloqueo comercial de Washington sobre La Habana.
Clinton suspendió los vuelos directos a la isla que se realizaban con una frecuencia diaria, dio luz verde a la controvertida legislación y procuró la aprobación de sanciones internacionales, pero mantuvo los acuerdos migratorios.
La Habana, que en otro momento de su historia hubiera acudido a la ruptura de sus compromisos como represalia contra la Helms- Burton, tampoco hizo nada al respecto.
El gesto fue interpretado en medios especializados como una muestra del interés oficial en acabar para siempre con las emigraciones ilegales y riesgosas.
Pero el primer signo contradictorio surgió en julio, cuando la Casa Blanca anunció que Clinton estudiaba la posibilidad de otorgar asilo político al ex teniente coronel José Fernandez Pupo, quien secuestró el 27 de junio una aeronave cubana para emigrar.
Según los acuerdos migratorios firmados el 2 de mayo de 1995, Estados Unidos se comprometió a repatriar a la isla a toda persona que trate de emigrar de forma ilegal hacia el país norteamericano y Cuba acordó no tomar represalias por el intento.
Sin embargo, Fernández Pupo permanece en el enclave militar que mantiene Estados Unidos en Guantánamo, al oriente de Cuba, a la espera de una decisión en torno al asilo, la entrega a tribunales estadounidenses o la repatriación.
Las vacilaciones parecieron justificarse por el hecho de que se trataba de un caso no común de intento de salida ilegal, pues era el primer secuestro de aeronave realizado con ese fin desde mayo de 1994, antes de la "crisis de los balseros" registrada en agosto de ese año.
Ricardo Alarcón, presidente del parlamento de Cuba y representante de La Habana en las negociaciones en materia de migración con Washington, sostuvo que, según los acuerdos, el secuestrador debió ser devuelto a las autoridades del país caribeño.
"Cuba consideraría que Estados Unidos está alentando la emigración ilegal" si Washington no adopta "medidas ejemplarizantes", lo cual iría contra la esencia misma de los acuerdos, dijeron fuentes de la Cancillería de la isla.
La situación se complicó aun más cuando el gobierno de Estados Unidos repatrió el sábado 17 apenas a 16 personas de un grupo de 27 sobrevivientes de una embarcación que naufragó el día 12 cerca de las costas de Florida.
"Se ha notificado, para sorpresa de las autoridades cubanas, que al menos ocho personas de ese grupo han sido admitidas en Estados Unidos y tres han sido remitidas a la base naval de Guantánamo", comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en una nota de prensa.
De acuerdo con esta declaración, Cuba espera la repatriación tanto de las personas que ingresaron al país norteamericano como de las que se encuentran en Guantánamo, enclave militar de Estados Unidos a 971 kilómetros de La Habana.
La Habana reclamó a Washington "mayor seriedad" en el cumplimiento de los acuerdos migratorios, así como la aplicación de enérgicas medidas para poner fin al tráfico ilegal de personas.
Según la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores los 29 cubanos que viajaban a bordo de la embarcación eran trasladadas por dos traficantes de personas residentes en Estados Unidos.
La Cancillería mencionó como fuentes de esa información a medios periodísticos y oficiales del país norteamericano.
Durante el accidente fallecieron una mujer de 47 años y una niña de 16 meses, mientras que los dos traficantes, considerados al principio desaparecidos, se fugaron y dejaron así totalmente indefensos a los emigrantes ilegales, aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Para complicar aun más la situación, sigue sin respuesta la solicitud cubana de repatriación de tres ciudadanos que secuestraron el viernes 15 una avioneta de los servicios turísticos de la isla y la desviaron hacia Estados Unidos.
El hecho confirmó advertencias previas del gobierno de Cuba en cuanto a que cualquier excepción a la hora de aplicar los acuerdos podría servir de un estímulo a la emigración ilegal.
El Ministerio de Relaciones Exteriories del país caribeño declaró que la admisión de emigrantes ilegales cubanos en Estados Unidos es "una flagrante violación de los acuerdos" entre ambas naciones y un estímulo a la emigración ilegal, lo cual no favorece una relación normal entre ambos países.
Mientras espera una respuesta de Washington, el gobierno de Cuba reiteró su voluntad de seguir cumpliendo esos compromisos "estrictamente y con rigor". (FIN/IPS/da/mj/ip pr/96
