Los brotes de violencia en Costa Rica, en la atlántica provincia de Limón, dejaron un saldo de un muerto y cuatro heridos la noche del martes, cuando se celebraban negociaciones entre el gobierno y un comité de vecinos para poner fin a la huelga iniciada el lunes.
Saqueos al comercio con pérdidas de unos 300.000 dólares, enfrentamientos entre policías y manifestantes con resultado de varios heridos de bala y decenas de personas afectadas por gases lacrimógenos es el saldo hasta ahora de las dos primeras noches transcurridas durante la huelga.
El presidente José María Figueres hizo este martes un llamado a mantener la calma y pidió al comité Limón en Lucha, que dirige el movimiento en la provincia, desautorizar los hechos de violencia para evitar nuevos brotes.
Aunque así lo hicieron, los enfrentamientos se sucedieron en la noche del mismo martes y en la madrugada de este miércoles.
Danilo Powell, presidente del comité, responsabilizó al gobierno por la ola de violencia debido a la lentitud con que reaccionó ante las demandas planteadas hace más de cuatro meses.
A la huelga se fueron sumando los empleados del hospital, que está en capacidad de atender sólo emergencias, y los empleados de los muelles empezaron un movimiento de brazos caídos, que se cumple desde el lunes a intervalos.
Ante el problema de los saqueos, el comercio Limón cerró y sólo abren los restaurantes cuando quiere entrar algún comensal. Se prevé que a partir de este miércoles, y mientras dure el conflicto, los centros comerciales permanecerán cerrados.
Limón en Lucha demanda mejoras en materia de salud, vivienda, educación e infraestructura, y especialmente que se solucione la situación económica de los empleados de los muelles.
Este martes, después de una reunión de 13 horas, las partes no llegaron a un acuerdo, pero el vocero del gobierno, el viceministro de Hacienda, Marvin Taylor, dijo que se habían hecho importantes avances.
El viceministro de Trabajo, Eugenio Solano, afirmó que en la reunión de este este miércoles se empezaría a hablar sobre las tarifas de los muelles, la puesta en marcha de un fondo de reactivación para la provincia y el salario mínimo para los estibadores.
Al estallar la huelga el lunes, la Comisión Costarricense para la Defensa de los Derechos Humanos advirtió sobre la explosiva situación de la provincia, donde el desempleo alcanza a 40 por ciento de la población.
Además, advirtió sobre la fuerte presencia policial en la zona, que es vista por los habitantes como "un ejército blanco extranjero" y amenazante.
Según la Comisión, la policía en la zona está utilizando armas de grueso calibre, por lo cual hay peligro de que en cualquier momento se produzca una tragedia mayor.
Otras versiones aseguran que el peligro es mayor porque hay muchas armas en la región en poder de particulares, debido a la fuerte presencia del narcotráfico. (FIN/IPS/mso/ag/ip/96
