Indígenas de 60 etnias de Colombia abandonaron hoy la sede de la Conferencia Episcopal, que habían ocupado hace 37 días para demandar al gobierno acciones concretas en defensa de sus vidas y derechos sociales.
El retiro se hizo efectivo tras la firma de un acuerdo mediante el cual el gobierno del presidente Ernesto Samper expidió dos decretos para la creación de una Comisión de Derechos Humanos para las comunidades indígenas y una mesa de concertación permanente.
El gobierno se comprometió, además, a realizar estudios de impacto social, cultural y económico antes de conceder licencia a proyectos que vayan a desarrollarse en los territorios indígenas, los que deberán realizarse en forma concertada con las comunidades.
La Comisión de Derechos Humanos estará integrada por los ministros del Interior, Defensa y Justicia, el Consejero presidencial para los Derechos Humanos, el fiscal general, el procurador y el defensor del pueblo.
También participarán en la Comisión los senadores indígenas y delegados de las diferentes organizaciones que los representan.
La Comisión, considerada por el presidente de la Organización Nacional Indígena (ONIC), Abadio Green, como uno de los principales logros de la jornada, tendrá a su cargo el diseño de un programa especial de atención a los indígenas víctimas de la violencia y sus familiares inmediatos.
Durante la ocupación de la sede de la Conferencia Episcopal, la ONIC denunció que desde 1990 hasta ahora han sido asesinados unos 200 indígenas por la violencia de grupos guerrilleros, paramilitares de derecha, narcotraficantes y el Ejército.
Entre las víctimas del resurgimiento de la violencia contra los indígenas, que representan 2,9 del total de la población de Colombia, se cuentan seis líderes de la comunidad Zenú (norte), que fueron asesinados entre mayo y julio pasado por paramilitares que los hostigan para que abandonen sus tierras.
El gobierno se comprometió también a convocar una comisión de seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos, en la que estarían representados la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Conferencia Episcopal.
Los indígenas, a su vez, se comprometieron a abandonar los edificios ocupados y levantar el bloqueo parcial de la Carretera Panamericana, que comunica el sur de Colombia con Ecuador. (FIN/IPS/yf/ag/pr-hd/96