El gobierno de Colombia y los cultivadores de coca del sureño departamento de Putumayo lograron un principio de acuerdo que bajó la presión de la protesta de los campesinos, que hoy cumplió 20 días, pero existen dudas sobre la viabilidad de su cumplimiento.
La propuesta, que comenzará a discutirse este martes en 12 mesas de negociación, parte de la base de que los campesinos aceptarán erradicar voluntariamente los cultivos ilícitos y el gobierno se compromete a ejecutar un plan de desarrollo integral de emergencia.
El acuerdo estaría en un punto medio respecto a la exigencia inicial de los campesinos, que pedían se tratara el tema de los cultivos ilícitos como un problema social, y la posición del gobierno, de que no negociaría su política de erradicación,
Comercio, desarrollo microempresarial e industrial, empleo, electrificación, desarrollo vial, seguridad social, educación y derechos Humanos serían algunos de los puntos del compromiso gubernamental con los campesinos.
Los campesinos, que aún no levantan el paro, cumplirían un programa de destrucción manual voluntario de sus cultivos por el que recibirán un jornal equivalente al que pagan los narcotraficantes por la hoja de coca, con un tiempo de ejecución establecido y mecanismos de seguimiento.
El sociólogo Alfredo Molano considera que el gobierno enfrentará serios inconvenientes de tipo operativo para cumplir estos acuerdos.
El gobierno debe decidir la forma en que se pagarán las cosechas, además de establecer si se contará por matas, quiénes las van a contar y cómo se va a evitar el manejo clientelista de los políticos en estas compras, señaló Molano.
A estos interrogantes se agrega la poca claridad existente en relación con el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Plante), que pese a contar con un presupuesto de 300 millones de dólares sólo ha ejecutado 11 millones.
El Plante, que otorga créditos a los campesinos a cambio de la destrucción de sus cultivos ilegales, ha sido rechazado por los productores porque no soluciona sus problemas estructurales.
Según Molano, la solución efectiva al problema de los cultivos ilícitos exige que a los campesinos se les otorgue tierra, créditos subsidiados, canales para el mercadeo de sus productos y sobre todo se les garantice la paz.
La falta de tierras y la violencia han impulsado a los campesinos a colonizar estos territorios, que ahora son los mayores productores de coca, estimó el sociólogo.
El Centro de Educación y Cultura Popular (Cinep) estima que los cultivos de coca se ubican en Colombia entre 160.000 y 180.000 hectáreas, por lo que este país sudamericano sería no sólo el mayor pprocesador de cocaína sino también el principal productor de su materia prima, superando a Perú y Bolivia.
Tras el acuerdo de Putumayo, el gobierno colombiano, desgastado por la crisis desatada por la denuncia sobre aportes del narcotráfico a la campaña electoral del presidente Ernesto Samper, deberá responer a protestas similares de otros 45.000 campesinos de los departamentos de Guaviare, Caquetá y Meta.
El acuerdo deja fuera, además, al más importante eslabón de la cadena, los narcotraficantes, que los analistas estiman seguirán alentando los cultivos ilícitos en otras regiones del país azotadas por la pobreza.
conciente de la debilidad del gobierno afirmó que "Sería lamentable que no se llegara al cumplimiento de los acuerdos", comentó Luis Mosquera, dirigente de la movilización de Putumayo, porque se verían obligados a repetir sus acciones de protesta.
El Director de la Red de Seguridad Social, Eduardo Díaz, quien tendría a su cargo el manejo del programa, confió en el éxito del acuerdo porque ofrece respuestas sociales, económicas y ambientales a los campesinos, sin que el gobierno renunciara a su política de erradicación de cultivos.
En el acuerdo se establece que "es imperioso erradicar y sustituir total y definitivamente los cultivos ilícitos" y adoptar un plan "para el desarrollo armónico de un Putumayo sin coca, sustentado en una economía solidaria y campesina".
La destrucción de al menos 20.000 hectáreas de cultivos de coca, de las 40.000 que según informes oficiales existen en Colombia, es una de las condiciones que Estados Unidos impuso a Bogotá para la normalización de su cooperación en los programas de la lucha antidrogas. (FIN/IPS/yf/ag/ip/96
