El gobierno de Colombia afirmó hoy que no negociará su política de erradicación de narcocultivos, en respuesta a una protesta a la que se han sumado en dos semanas unos 20.000 campesinos de regiones productoras de coca.
El gobierno está dispuesto a dialogar con los portavoces de los campesinos sobre "los temas que nos sean dables atender para concertar y buscar soluciones", pero que la erradicación de cultivos ilícitos no es megociable, dijo el ministro del Interior, Horacio Serpa.
El ministro indicó que en la protesta existe "una situación compleja y preocupante", por la posible infiltración de narcotraficantes y guerrilleros en la protesta.
Los campesinos de los departamentos de Guaviare (sudeste) y Putumayo y Caquetá (sudoeste) piden al gobierno el desmonte gradual de los cultivos de coca y amapola, y una política integral para solucionar los problemas que afrontan.
Entre tanto, el fiscal general, Alfonso Valdivieso, reclamó de las autoridades "firmeza para restablecer el orden público" en los departamentos donde se realiza la protesta.
Valdivieso coincidió con Serpa en que tras las protestas campesinas están los "intereses del narcotráfico y la guerrilla que buscan evitar el avance de la destrucción de los cultivos ilícitos", aunque no desconoció que "a los pobladores de esas regiónes los afectan problemas sociales".
Los campesinos han realizado movilizaciones pacíficas pero amenazan con ocupar las instalaciones de la estatal Empresa Colombiana de Petróleos en la localidad de Orito, en Putumayo, si el gobierno no inicia el diálogo pronto.
Asimismo, la localidad de Miraflores, en Guaviare, está paralizada por la protesta.
El presidente del comité de paro en Putumayo, Luis Mosquera, dijo que la situación es complicada pues "el gobierno no ha mostrado una verdadera disposición para dialogar sobre el tema de los cultivos ilícitos", que es la razón por la que se están movilizando.
En Putumayo y Guaviare se cultiva el 90 por ciento de la coca colombiana, que según cifras del gobierno ocupa 40.000 hectáreas y según las comunidades supera las 100.000.
El Plan de Erradicación de Cultivos (Plante), para el que el gobierno ha destinado 300 millones de dólares, busca destruir totalmente las plantaciones de coca, marihuana y amapola en un plazo de dos años.
El Plante ha sido rechazado por las comunidades, pues aunque otorga dinero a los campesinos para que cambien sus cultivos de coca por otros lícitos no soluciona los problemas que los han llevado a esa actividad, como la falta de infraestructura y de canales de comercialización para sus productos. (FIN/IPS/yf/ag/ip/96
