Los 900.000 trabajadores del Estado de Colombia pagarán con el deterioro de sus salarios parte del costo de la crisis que vive el país.
El gobierno de Ernesto Samper anunció que los sueldos de los empleados públicos serán incrementados sólo 13 por ciento, cuando la inflación esperada para ese año se ubicará entre 17 y 19 por ciento.
Este año se espera que los precios aumenten algo menos de 19,5 por ciento y los ingresos de los estatales lo hagan en 13 por ciento.
En 1995 el sector recibió un reajuste de 15 por ciento para los sueldos más altos y 17 por ciento para los más bajos, cuando el indice de inflación fue de 19,46 por ciento.
Según el ministro de Hacienda José Ocampo, "la evolución de las finanzas públicas es insostenible" y si no se ponen en marcha medidas de ajuste el déficit presupuestal llegaría en 1997 a 5.000 millones de dólares, cerca de seis por ciento del producto interno bruto.
Para enfrentar este déficit el Estado recortará sus gastos de funcionamiento y servicios (incluyendo salarios) en 379 millones de dólares, reducirá en 260 millones sus inversiones, eliminará varias entidades, modificará el sistema de pensiones de sus empleados.
Sin embargo, para Wilson Borja, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, Fenaltrase, (mayoritaria del sector), el deterioro del gasto público se debe a "los desembolsos que el gobierno ha entregado a los políticos que absolvieron al presidente Samper".
Samper fue absuelto en junio de la acusación de haber aceptado dinero del narcotráfico en su campaña electoral de 1994. Según Borja "tiene que pagar ahora ese favor con las inversiones que le señalen los políticos que lo favorecieron".
Un informe de la Veeduría por la Verdad (grupo de organizaciones no gubernamentales que controló el proceso a Samper) el mandatario hizo frente a su investigación en la Cámara de Diputados "repartiendo el presupuesto público mediante el rubro denominado sistema de cofinanciación".
Las partidas asignadas por postulación de congresistas llegaron, según el informe, a 1,3 millones de dólares, 20 por ciento de ese rubro.
Entre las obras que se aprobaron destaca un acueducto en la localidad rural de Chimá, de donde es originario el diputado Heyne Mogollón, conductor de la comisión que absolvió a Samper.
En opinión de Borja, durante los dos años de gobierno de Samper el salario real de los trabajadores estatales se redujo más de lo que históricamente había ocurrido.
Javier Valencia, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Públicos, también criticó el anuncio gubernamental por considerar que "pauperizará aún más la situación de los trabajadores colombianos".
Los estatales ganan en promedio 1,8 salarios mínimos (140 dólares), en tanto que la canasta básica mensual de una familia obrera requiere de por lo menos dos salarios mínimos.
Incluso el ministro de Trabajo Orlando Obregón se opone a la reducción del déficit a costa de la caída del ingreso de los empleados públicos.
Uno de los objetivos del pacto social suscrito entre trabajadores, empresarios y gobierno para frenar la inflación fue "recuperar el ingreso de los trabajadores", recordó Obregón, ex presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.
En opinión de los sindicalistas, el aumento salarial debe ser estudiado por la Comisión Permanente de Concertación, integrada por representantes del gobierno, los empresarios y los trabajadores.
El malestar laboral se expresó este martes en una movilización convocada por las tres centrales obreras, en la que participó Fenaltrase, en rechazo a la política económica "neoliberal" del Ejecutivo, las privatizaciones y "la injerencia del gobierno estadounidense en los asuntos internos del país". (FIN/IPS/yf/dg/ip-if-lb/96
