El carácter y los métodos de la Inteligencia política en dictadura y democracia emerge hoy como otro de los temas de confrontación en Chile entre la gobernante coalición de centroizquierda y la oposición derechista.
La polémica, que de alguna manera se arrastraba subterráneamente desde el restablecimiento del estado de derecho en marzo de 1990, tuvo un detonante público este lunes gracias a versiones periodísticas.
El derechista semanario Qué Pasa afirmó que el socialista Marcelo Schilling y el democristiano Jorge Burgos, primeros responsables de la Oficina de Seguridad Pública creada bajo el gobierno de Patricio Aylwin (1990-94), enfrentan serios problemas judiciales.
Schilling, según Qué Pasa, puede ser encausado por la jueza Raquel Camposano, quien instruye el proceso por el asesinato del senador derechista Jaime Guzmán, bajo cargos de obstruir la justicia y crear asociaciones ilícitas.
El gobierno del presidente Eduardo Frei y los partidos Demócrata Cristiano (PDC) y Socialista (PS) respaldaron este lunes a Burgos y Schilling, actuales viceministros de Guerra (Ejército) y Desarrollo Social, respectivamente.
Los respaldos incluyeron reconocimientos a la labor cumplida por la Oficina de Seguridad Pública, creada por Aylwin con el encargo de coordinar acciones contra grupos calificados de terroristas.
El viceministro del Interior, Belisario Velasco, y los presidentes del PS, el diputado Camilo Escalona, y del PDC, el ex ministro de Economía Alejandro Foxley, destacaron que la Oficina cumplió su cometido eficazmente y sin violar los derechos humanos.
El encarcelamiento de 80 miembros de grupos armados de extrema izquierda, dijeron, se hizo con apego a la ley, en contraste con las torturas, asesinatos y desapariciones que caracterizaron la represión política bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Escalona sostuvo que tras la versión de Qué Pasa, una revista cercana a la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), están quienes añoran la época en que la Inteligencia política era una función autónoma de las Fuerzas Armadas con toda su carga de atropellos a los derechos humanos.
El senador Hernán Larraín, vicepresidente de la UDI, rechazó los respaldos a Schilling y Burgos, aduciendo que constituirían una "presión indebida" sobre la jueza Camposano, quien a su vez guardó silencio en torno a sus próximos pasos en el caso Guzmán.
Guzmán, fundador y líder de la UDI, fue asesinado en abril de 1991 por un comando de la llamada fracción autónoma del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR-A).
El juez Alfredo Pfeiffer, quien instruyó el caso, procesó a dos insurgentes ya condenados a presidio perpetuo, pero en abril último reabrió el proceso a raíz de revelaciones de Jorge Barraza, un ex subcomisario de la policía civil.
Barraza, quien tuvo a su cargo la investigación del homicidio de Guzmán, afirma que el autor intelectual del crimen, identificado como Juan Gutiérrez Fischman, alias el "Chele", fue favorecido por la Oficina de Seguridad y el alto mando policial.
El ex subcomisario asegura que informó oportunamente sobre las sospechas en torno al "Chele", pero que nunca se dio la orden de aprehenderlo y logró escapar, posiblemente a Cuba, donde estuvo casado con una hija del ministro de Defensa, Rául Castro.
La superioridad de Investigaciones (policía civil) sostuvo que el informe de Barraza fue poco sólido y extemporáneo, en tanto Burgos y Schilling aseguraron que nunca tuvieron conocimiento de la existencia de Gutiérrez Fischman.
Los partidos de la gobernante Concertación por la Democracia acusaron a su vez a la UDI de manipular políticamente a Barraza y fustigaron a Pfeiffer por sus constante reuniones con la directiva de ese partido.
A comienzos de junio, y en medio de las críticas del oficialismo, el juez renunció a seguir con el proceso, lo cual le valió una amonestación pública de la Corte Suprema que traspasó el caso a la magistrada Camposano.
La jueza impuso un manto de absoluta reserva sobre su labor, pero el debate en torno a las actuaciones de la Oficina de Seguridad Pública se reactivó desde fines de julio en las filas del propio oficialismo.
La abogada Pamela Pereira, quien dirige la comisión de derechos humanos del PS, asumió la defensa de Barraza y denunció que la Oficina empleó métodos ilegales como el de ofrecer impunidad a insurgentes a cambio de información y usar testigos encubiertos, además de espionaje electrónico.
El jurista Francisco Cumplido, del PDC, quien fuera ministro de Justicia del gobierno de Aylwin, dijo este lunes que en materia de terrorismo, narcotráfico y seguridad del estado hay normas excepcionales que limitan los derechos humanos.
Cumplido admitió, no obstante, que la delación compensada, introducida en la judicatura chilena mediante una ley en 1991, es un recurso sólo aplicable por los jueces y no por organismos administrativos, como la Oficina de Seguridad Pública. (FIN/IPS/ggr/ag/ip-hd/96
