El diputado democristiano chileno Andrés Aylwin anunció hoy que podría apoyar una acusación constitucional contra los jueces que aplicaron la ley de amnistía en el caso del español Carmelo Soria, asesinado por agentes represivos en 1976.
El parlamentario, hermano del ex presidente Patricio Aylwin, desafió así el posible rechazo a la acusación de su partido y se sumaría a la decisión adoptada por unanimidad en la noche del lunes por la comisión política del Partido Socialista (PS).
El PS, miembro de la coalición gobernante al igual que el Partido Demócrata Cristiano (PDC) del presidente Eduardo Frei, estimó que existen antecedentes para un juicio en el Parlamento a tres de los magistrados de la Corte Suprema.
Se trata de los jueces Enrique Zurita, Guillermo Navas y Hernán Alvarez, miembros de la cuarta sala de la Corte Suprema, que el viernes último cerró definitivamente el caso Soria, aplicando la ley de amnistía expedida en abril de 1978 por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Soria, funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas, fue secuestrado el 14 de julio de 1976 por militares al servicio de la más tarde disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que lo torturaron hasta matarlo.
La acusación constitucional se fundamentaría en cargos por "denegación de justicia" y "notable abandono de deberes", ya que los jueces desestimaron la aplicación de convenciones internacionales de protección a funcionarios de Naciones Unidas.
El diputado Aylwin señaló este martes que estudiará el fallo de los magistrados, así como el expediente del proceso, y que de acuerdo a estos elementos determinará si se adhiere a la prevista acusación.
Según las normas legislativas, una acusación constitucional en el Parlamento a ministros de los poderes Judicial o Ejecutivo debe ser auspiciada por un mínimo de 10 de los 120 miembros de la Cámara de Diputados, donde el PS cuenta con 14 representantes.
Si la acusación fuera aprobada en la cámara baja, pasará a consideración del Senado, donde se podría producir la destitución de los jueces, para lo cual se requeriría el respaldo de senadores de la derecha.
El Partido Por la Democracia (PPD), que integra igualmente la coalición gobernante, podría decidir también el apoyo al virtual juicio político a los tres magistrados, según su presidente, el diputado Jorge Schaulsohn.
El gobierno de Frei sostuvo oficialmente el lunes que la acusación sería "una actitud equivocada" y se estima que la directiva del PDC respaldará esa posición, aun cuando Aylwin y otros diputados discrepen.
Las repercusiones del controvertido fallo en el caso Soria llegarían también a la Corte Internacional de La Haya, si es que se establece que la absolución de los militares acusados implicó violar convenciones suscritas en el marco de Naciones Unidas.
Cepal señaló el lunes en una declaración que el estado chileno debe informar del resultado del juicio al secretario general de Naciones Unidas, quien a su vez debe transmitir esa información a los demás estados signatarios de la convención de 1973 sobre Personas Internacionalmente Protegidas.
La agencia regional de Naciones Unidas, con sede en Santiago, expresó su "profunda frustración" por el fallo, pero al mismo tiempo valoró que a través de la investigación judicial se haya establecido la verdad sobre el secuestro y asesinato de Soria.
El secuestro y homicidio fue obra de una brigada de la DINA formada por miembros del Ejército, entre los cuales se encontraban los coroneles Jaime Lepe y Pablo Belmar, aún en servicio activo. (FIN/IPS/ggr/dg/hd-ip/96
